¿Un congreso extraordinario? ¿Un referéndum indicativo? ¿Una dirección colegiada? ¿Una asamblea electiva? ¿Un ``acuerdo político''?

Nadie atina a señalar la salida que la directiva del PRD encontrará al escollo legal que imposibilita a una tercera parte de sus cuadros destacados a buscar la presidencia del partido.

Colocados en primera fila, pero inelegibles, Amalia García, Laura Itzel Castillo y Héctor Sánchez han confesado -en corto- que si se aplica el estatuto del partido, no podrán competir en la elección interna.

Sólo Jesús Ortega ha expresado su determinación de ir hasta las últimas consecuencias, ahora más engallado ante lo que considera un ``ataque frontal''.

El panorama cambió en apenas dos semanas. Y mientras llega el Consejo Nacional que determinará si el estatuto se aplica a pie juntillas dentro del PRD se conforman dos bloques:

Uno, el de Ortega, basado en la estructura metapartidista que el secretario general ha venido gestando desde hace casi 18 meses.

El otro, en ciernes, es una confluencia de fuerzas de los precandidatos inelegibles. Convergencia democrática presentaría una planilla en oposición al número dos de Monterrey 50 y que sólo estaría por resolver quién la encabeza.

De un lado, ``la izquierda inteligente''. En oposición, las fuerzas de ``la izquierda social''.

Poco a poco se extinguen las voces que proponían una planilla ``de unidad'' para salvar al PRD de la tormenta.

Al mismo tiempo, aparece el fantasma de una renuncia anticipada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia nacionalÉ medida que serviría para destrabar el conflicto, pero que causaría daños difíciles de reparar.

Las pequeñas miserias

La broma recorre los pasillos de Monterrey 50. ``Vamos a instituir la entrega anual de la medalla al mérito «Eleocadio Rebollar« a quienes se distingan por sus servicios al partido''.

Rebollar abandonó el anonimato y brincó al cuadro de honor perredista, luego de promover la consulta que obligó a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV) a emitir la ``opinión'' que consideró ``inelegibles'' a Ortega, García y Castillo.

Su acción, califican miembros del primer equipo de Ortega Martínez, obedeció a una ``maniobra mezquina''. Dicen que el mexiquense acudió al órgano jurisdiccional ``por mandato''.

Ortega Martínez dijo que detrás de Eleocadio hay ``pequeñas miserias'' que obraron para inducir una interpretación equivocada del estatuto.

Elementos habría para sospechar: en el domicilio que acreditó para recibir notificaciones -el hotel Milán, de la colonia Roma- fue imposible localizarlo. Hacía también un par de años que en el departamento de Valle de Aragón -dirección que consta en su credencial del partido- ni se había parado.

Luego de una afanosa investigación de cinco días, la infantería ``chuchista'' descubrió que Eleocadio es un ``gestor'' que trabaja para el diputado guerrerense Martín Mora (del que sería primo) y que el anterior huésped de la habitación del hotel fue Ernesto Prieto, actual secretario de Coordinación Legislativa del CEN perredista y miembro de la primera línea ``hebertista''.

Por aclarar están otras dudas que enturbiaron la claridad de la ``opinión'' de la CNVG. ¿Por qué firmaron el oficio sólo dos de los siete miembros de ese órgano (a pesar de que, por estatutos, están obligados a hacerlo todos)? ¿Por qué actuó con tanta celeridad, si en otros casos -como el de la expulsión de la asambleísta Raquel Sevilla- se han tardado hasta un año? ¿Hubieron ``presiones'' sobre los miembros de la Comisión?

``(La opinión de la CNGV) está orientada en mi contra, pero no me voy a hacer la víctima. Si en algún momento me veo afectado en mis derechos, voy a recurrir a las instancias conducentes'', dijo toda la semana Jesús Ortega, tanto a periodistas como a sus colaboradores cercanos.

Estos últimos añaden:

Para promover esta temprana impugnación los enemigos de Jesús ``han cometido una serie de torpezas'' y operaron con la intención de ``ganar en la mesa'' la dirección del partido.

``Sabían de nuestro acto del 21 -día que empieza la precampaña de Ortega- y quisieron desinflarlo. Por eso alimentaron una controversia ficticia, boicoteadora de las actuales tareas del partido''.

Los ataques -anuncian- recibirán una ``respuesta contundente'' de Jesús, después de las elecciones de este domingo y antes del Consejo Nacional.

Sectas amueganadas

Jesús Ortega dijo a los reporteros el martes 3 que la opinión de la CNGV ``no tiene efectos vinculatorios ni consecuencias jurídicas'', por eso, su propósito de competir no puede ser menoscabado.

``La alternativa es aplicar el estatuto correctamente. Aplicándolo correctamente no se van a afectar los derechos de nadie``, consideró.

Carlos Navarrete, secretario de Planeación del CEN perredista y coordinador de la precampaña de Ortega, vio detrás de estas tempranas impugnaciones a ``sectarismos amueganados'' que buscan ganar en la mesa lo que no podrían obtener en las urnas.

Cuando a Ortega se le pidió precisar quiénes están detrás de las ``maniobras'' que buscan minar su fuerza, aseguró : ``Voy a ser presidente de este partido. Soy el primero que debe mantener la institucionalidad''.

Pero esa institucionalidad -a juicio de otros integrantes del CEN perredista- es la que ha faltado.

Miroslava García, secretaria de Asuntos Juveniles:

``En la resolución de la controversia es capital respetar la legalidad. Se pueden buscar acuerdos políticos, pero siempre respetando el marco legal''.

Laura Itzel Castillo, secretaria de Comunicación:

``No podemos ser incongruentes. Se supone que somos un partido que lucha por que la legalidad tenga vigencia. Debemos entender que la democracia empieza por la propia casa y que nadie puede torcer el estatuto. Y debemos tener mucho cuidado para no llevar al partido a la confrontación''. Camilo Valenzuela, secretario de Asuntos Laborales:

``Se hace más indispensable que nunca que impere la legalidad, más allá de intereses individuales o de grupo. La CNGV ya emitió su opinión y ha cerrado cualquier posible ambigüedad. No aceptarlo así es equivocado e inconveniente para el partido''.

Armando Quintero, presidente del PRD capitalino:

``Todos tienen derecho a participar... dentro del marco que establece el estatuto... Una aplicación torcida del estatuto sí puede llevar al partido a una crisis''.

El fastidio

La ilegalidad. Cómo incomoda el término dentro del PRD.

Le molesta a Andrés Manuel López Obrador, partidario de un solución que no se desapegue del marco estatutario.

Le pesa a Jesús Ortega Martínez, pero sigue bordeándola con sus amenazas de ir al registro.

La van a combatir los adversarios de Ortega, y amagan con usarla como bandera si el secretario general se afana en sus empeños.

Además de fastidio, la polémica suscitada por la ``opinión'' de la CNGV sobre la inegibilidad de los actuales integrantes del CEN provocó que las corrientes perredistas rehicieran sus estrategias y que emergieran nuevos aspirantes a la presidencia nacional.

Amalia García cumplió lo que dijo a sus cercanos y presentó su renuncia al cargo de secretaria de Relaciones Políticas y Alianzas del CEN perredista. Casi al mismo tiempo Jesús Ortega puso en prenda su palabra para respaldar su decisión de abandonar la secretaría general.

La senadora expresó a colaboradores cercanos su molestia por el resolutivo de la CNGV. Les manifestó que esperaría la resolución final del Consejo y que si no le fuera favorable, se disciplinaría.

Laura Itzel Castillo y Héctor Sánchez se asumieron como ``víctimas del 19''. Ya abandonaron sus aspiraciones.

En la Cámara de Diputados empezaron a sonar los nombres de Pablo Gómez y Alfonso Ramírez Cuéllar. En corto, el ex dirigente comunista ha expresado que no le interesa ir a la contienda interna y ya trascendió que su apoyo es para el líder barzonista (Ramírez Cuéllar se autodestapó la semana pasada).

Todos, junto con Armando Quintero y René Bejarano, participan en la construcción de una ``convergencia democrática'' que presentaría una planilla conjunta, en previsión de que a Ortega se le permitiera participar.

Uno de los promotores de esta Alianza, define:

``Estamos quienes provenimos de la izquierda «comprometida«. Vamos por la defensa del proyecto político del PRD, olvidándonos de dónde venimos''.

Este pacto -que involucraría a hebertistas, cívicos, barzonistas y coceístas- se empezó a cocinarÉ también en el seno de la Cámara de Diputados.

Un grupo de legisladores perredistas (un tercio exacto de la fracción parlamentaria) que se ubican en la ``izquierda social'' han enfilado sus últimas reuniones a elaborar una planilla que unifique a sus corrientes.

¿La intención? Evitar que la ``izquierda inteligente'' -como se autodefinen los provenientes de experiencias partidistas- llegue a la dirigencia del partido.

La precandidatura de Ramírez Cuéllar dio cuenta de dos cosas: que la senadora Rosalbina Garavito se mantendrá en su postura de no competir y que entre los ``cívicos'' ha ocurrido una ruptura que afectaría a Mario Saucedo y a Camilo Valenzuela.

Precisamente, del senador jalisciense es de quien menos se ha sabido en los últimos días, pese a que sus operadores siguen muy activos con la coordinación del guerrerense Humberto Zazueta. Empero, cada vez se le dificulta más obtener apoyos.

``Es muy cojonudo, pero carece de inteligencia política'', dicen.

Han surgido versiones de una alianza, aún en ciernes, que vincularía a Mario Saucedo con Amalia García. Y se ha confirmado el rompimiento de Jesús Ortega con Quintero.

Este último tuvo que dar marcha atrás a la decisión de arrancar su precampaña el 15 de noviembre en Querétaro.

Los doce apóstoles

Jesús, Amalia, Laura Itzel, Mario, Monreal, Ramón (Sosamontes), Rosario, Ramírez Cuéllar, Quintero, Pablo...

Todos ellos forman parte de lo que el diputado Porfirio Muñoz Ledo define como los doce apóstoles del perredismo nacional, que están detrás de las figuras de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y la suya propia.

A uno de los apóstoles -según Muñoz Ledo- ya le toca dirigir al partido.

Para diferenciarse de los viejos liderazgos -ha sostenido el precandidato presidencial-, ellos deben abstenerse de llegar a un ``acuerdo cupular'' o una ``candidatura de unidad''.

Si la hubiera, el esquema intentaría repetirse en la selección del candidato del PRD a la presidencia de la República.

Por eso, se ha declarado partidario de que todos los interesados participen en el proceso interno, aun cuando el Estatuto excluya a dos de los que tienen más posibilidades.

Los que saben

A la distancia, Miroslava García, presidenta de la mesa que aprobó el artículo 19 en Oaxtepec, recuerda: ``El Congreso supo lo que votó. El espíritu del Congreso sí se manifestó en el estatuto. Es real que los dirigentes medios quieren una renovación. Estoy convencida que esta situación se concretó en artículos como el 19''.

Dentro de la amplia lista de argumentos que se oyen dentro del PRD en favor o en contra de cómo se legisló en el Congreso, hay uno que llama la atención.

Explican los que saben:

Además de los candados impuestos en el 19, hay otros impedimentos o requisitos para quienes aspiren a dirigir el partido.

Uno de ellos está contenido en el artículo 36, cuyo último párrafo establece como condición un mínimo de tres años de antigüedad en el partido para ser elegible en una interna.

En el último capitulado, el de los transitorios, el inciso cuarto que establece que todos los afiliados al partido tendrán cubierto ese requisito a la expedición del estatuto.

Es el caso de un candado y de la norma de contingencia determinadas por el Congreso.

``Si se hubiera querido que el 19 no fuera retroactivo o que no se aplicara en esta elección, ¿no habrían puesto un transitorio, como le hicieron con el 36?'' Eso dicen los que saben.

Las salidas visibles

¿Cómo librarán el escollo los dirigentes perredistas?

Muchas hipótesis se han aventurado. Tantas, que es necesario enlistarlas:

-Una ``consulta externa'' al IFE, a fin de que ése órgano aclare si la aplicación del estatuto es retroactiva o no. Esa ruta -explican abogados del partido- se antoja imposible, pues quien la intentara se expondría a la condena dentro del PRD.

-Una consulta a las bases - vía referéndum-, que sea indicativa de lo que quieren. La escasez de recursos, los problemas de logística y la falta de tiempo se oponen a esta salida. Si llegara a hacerse, tampoco tendría ``efectos vinculatorios''.

- Que el Consejo Nacional convocara a un congreso extraordinario, que tendría como único punto en la agenda la ratificación o la abrogación del artículo 19. El estatuto señala que para un evento de esa naturaleza tendrían que celebrarse congresos estatales para elegir a los delegados asistentes, y que debería realizarse tres meses después de que el Consejo Nacional lo convocara.

-Para salvar este último obstáculo -proponen algunos- el Congreso Nacional podría convertirse en congreso electivo de la nueva directiva. Pero el estatuto señala que las elección del presidente del partido debe ser ``mediante votación universal, secreta y directa de los miembros del partido'', conforme lo establece el artículo 19.

- Que las corrientes en pugna logren un Acuerdo Político y presenten una ``planilla de unidad''. En ese caso, no habría elecciones.

-Que ninguna de estas hipótesis se cumpliera y que la convocatoria a la elección del nuevo CEN apareciera sin desapegarse al estatuto vigente.

Una agenda apretada

Antes de que ocurra cualquiera de estas posibilidades, el PRD debe cumplir con una apretada agenda, la cual incluye:

-El Consejo Nacional de los próximos 14 y 15 de noviembre, que tiene dentro de su orden del día la aprobación del nuevo Reglamento General de Elecciones -aplicable por primera vez en la elección del nuevo CEN- y la renovación de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.

-La expedición de la convocatoria, prevista para la siguiente sesión del Consejo, a realizarse a mediados de diciembre.

-El nombramiento de los nuevos integrantes del CEN perredista que ocuparán las vacantes de Jesús Ortega y Amalia García, y del nuevo presidente del Consejo Nacional, si es que Mario Saucedo también se separara de su cargo.

La solución extrema -coinciden todos- es que Andrés Manuel decidiera renunciar a su cargo. En ese caso, vendría la designación de un presidente interino y se abriría el camino para realizar el Congreso Extraordinario, modificar el Estatuto y abrir la elección a todos los aspirantes.

Aun antes de modificar el artículo 19, ese Congreso tendría que abrogar el sexto artículo transitorio que -en los términos vigentes- obliga a realizar la elección del presidente nacional y del secretario general en marzo

de 1999.

A lo largo de esta década, sólo con ligeras modificaciones, el PRD mantuvo vigentes los estatutos que elaboró su Asamblea Nacional Consultiva en mayo de 1989.

Uno de los motivos del cuarto Congreso Nacional, celebrado en marzo pasado, fue la adecuación de los documentos básicos del PRD (estatuto, declaración de principios y programa de acción), con el axioma de que el partido debía obedecer a las necesidades de ``los nuevos tiempos y los nuevos militantes''.

Desde el año pasado, el Consejo Nacional instaló una Comisión Redactora de un nuevo estatuto. La integraron: Assa Cristina Laurell, Raquel Sosa, Eduardo Espinosa, Rafael Hernández y Eloí Vázquez, todos ellos consejeros nacionales y miembros del CEN.

Primero en diciembre de 1997 y luego en febrero de este año la Comisión distribuyó entre los consejeros nacionales un anteproyecto para su discusión.

Para reformar la fracción III del artículo 23 se propuso:

``...(que) los integrantes de los comités ejecutivos del Partido, en todos los casos, no podrán reelegirse hasta en 60%. En ningún caso, un integrante podrá ocupar un cargo por más de dos periodos consecutivos...``

En Oaxtepec, la reforma al estatuto se discutió en la mesa uno. Esta fue presidida por Miroslava García, secretaria de Asuntos Juveniles. Con ella estuvieron Rosa Márquez Cabrera y Gilberto Ensástiga.

Los encargados de presentar la nueva propuesta fueron Rafael Hernández, secretario de Asuntos Electorales, y Eduardo Espinosa, de Asuntos Municipales.

La discusión del artículo 19 entró a discusión a las 20:00 horas del 20 de marzo. Según consta en la transcripción de la sesión, ninguno de los 650 delegados inscritos en esa mesa se opuso a que se agregara ``en ningún caso...''.

Otros puntos de ese articulado -la no reelección de ningún presidente de Comité Ejecutivo, la repetición de sólo 30% de los integrantes del CEN y que los directivos no ocuparan al mismo tiempo cargos de elección popular ni fueran funcionarios públicos- fueron enmendados, con 207 votos a favor por 145 en contra.

La plenaria del Congreso -21 de marzo- fue conducida por Pablo Gómez. En votación económica se ratificó la decisión de la mesa uno.

Como en el Congreso quedó pendiente el capitulado final del estatuto, la plenaria acordó celebrar una Conferencia Nacional -con carácter de ``resolutiva''- que se efectuó en la ciudad de México el 19 y 20 de junio, y en la que intervinieron los consejeros nacionales.

Previamente, una comisión dictaminadora presentó un ``cuadro comparativo'' en el que detallaba los artículos aprobados en el Congreso, las propuestas formuladas por los delegados para ``los artículos pendientes de discusión'' y el dictamen sobre los mismos.

En ese documento, con la leyenda ``aprobado por el Congreso Nacional'', aparecen los cambios en el artículo 19.

Al final, el estatuto fue aprobado por los asistentes a la conferencia.

Paradójicamente, el CEN comisionó a Jesús Ortega para que dará una última revisión al documento antes de registrarlo en el IFE. No le hizo ningún cambio.

El 12 de agosto el PRD solicitó formalmente que los nuevos estatutos fueran registrados y aceptados dentro de los documentos básicos que le dan carácter de partido nacional.

Ese día apareció la Gaceta del Consejo Nacional del PRD. Y entró en vigor la máxima norma del partido.