Al caso Pinochet le caen como pintadas las frases al estilo de sic transit gloria mundis o del árbol caído todos hacen leña. La historia, en efecto, parece no tener límites en su ironía y, una vez más, para decirlo con otra frasecita, la realidad supera a la ficción. ¿Quién, en efecto, habría imaginado que Washington se sumaría al coro de los países que quieren juzgar al ex dictador chileno por los crímenes que éste cometió contra sus propios ciudadanos y contra los de muchas otras naciones? Pues así es: para asombro de todos, Estados Unidos le reprocha ahora al general el asesinato de varios ciudadanos estadunidenses e incluso el del canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, y de su secretaria estadunidense, realizado en su territorio.

Lo notable en este tardío deseo de justicia y en este horror por el genocidio, que tan oficial y fervientemente demuestra Washington, es que la asfixia a la economía chilena en tiempos de la Unidad Popular fue organizada por el Departamento de Estado, el golpe de Estado de Pinochet fue financiado y apoyado por la CIA y el Pentágono, además de la ITT, y uno de los grandes expertos en los asesinatos o intentos homicidas cometidos por la dictadura chilena en la Argentina, en Italia o en Estados Unidos era el estadunidense Michael Townley, de la CIA, organización que por cierto no ignoraba las andanzas de su agente.

El National Security Archive acaba de publicar, por otra parte, órdenes del presidente Nixon al jefe de la CIA, de no escatimar gastos para hundir la economía chilena e instrucciones de dicho jefe a su principal subordinado en Santiago de Chile sobre la necesidad de organizar un golpe de Estado contra Allende, así como las felicitaciones, en 1973, por la ``casi perfección'' del golpe de Pinochet (que, como sabemos, llevó a la muerte al presidente electo y de miles de ciudadanos sospechosos de ser izquierdistas).

Si un presidente de Estados Unidos respondió a quienes le criticaban la sangre que manchaba las manos de su aliado Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua por la gracia de Washington, diciendo: Yes, is a son of a bitch, but is our son of a bitch (sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta), ¿estará dando el Departamento de Estado un paso más allá en esta elegante visión de la historia al negar su paternidad en el caso de Pinochet, contando quizá con la esperanza de que los pueblos latinoamericanos, no demasiado desarrollados, tengan entre otros vicios corta memoria? Por supuesto, los crímenes deben pagarse y la justicia de Estados Unidos no debe ni puede ser menos que la de todos los demás países que se disputan el monstruo para castigar en él a todos los genocidas pasados, presentes y por venir, pero ¿no sería quizás más coherente, y además muy fácil, investigar la complicidad de las autoridades estadunidenses de la época en los crímenes del general?