Arnaldo Córdova
Reforma política integral del DF
En días pasados, mi querido amigo José Agustín Ortiz Pinchetti me envió varios documentos entre los que se encuentra el que recoge las 91 propuestas que la mesa de la reforma política del Distrito Federal elaboró después de seis meses de arduo trabajo. En la mesa fungieron como secretarios técnicos, encargados de organizar los grupos de trabajo, el propio José Agustín, Manuel González Oropeza y Jaime González Graf, todos ellos intelectuales y conocedores del tema de excelente calidad. La mesa fue integrada a convocatoria del gobierno del DF y con la anuencia de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa de la entidad, con sólo miembros sin partido y altamente especializados en la materia.
Los secretarios técnicos entregaron el documento con las 91 propuestas a la mesa central. Debía comenzarse a discutir enseguida. Pero, al mismo tiempo, algunos partidos (PRI y PAN) se retiraron de la discusión y la propuesta quedó en el aire. El pasado 3 de noviembre, los secretarios técnicos publicaron una carta abierta a los dirigentes de todos los partidos políticos en el DF, llamándolos a retomar la negociación y a realizar una consulta ciudadana para conocer el parecer de los capitalinos sobre los méritos de la propuesta (La Jornada, 3/XI/98).
El documento de la mesa de la reforma política del DF consta de sólo 14 cuartillas, con las 91 propuestas expuestas sucinta y claramente y sin entrar en farragosas argumentaciones. De darse a conocer, cualquier ciudadano común y corriente lo podría entender. Con gran rigor técnico, jurídico y político, cada propuesta está basada en los principios fundadores de nuestra Carta Magna y no introduce ningún elemento que pudiera considerarse ajeno o contrario a ella ni mucho menos de mera coyuntura política.
Las primeras seis propuestas están dedicadas a dar los fundamentos constitucionales de la reforma. No se sugiere que el DF se convierta en un estado, sino que, en el espíritu del artículo 43 constitucional, se le trate como lo que es, una ``parte integrante de la Federación'', como una entidad, y que, como tal, se le reconozca su soberanía propia y se le permita tener un gobierno local representativo con idénticas facultades que los demás gobiernos estatales. Congruentemente se propone que el DF cuente con su propia Constitución local, cuya elaboración debería quedar a cargo de la Asamblea Legislativa, mandatada como Constituyente.
Ni siquiera se insinúa que los poderes federales cambien de sede. La entidad puede seguir siendo la capital de la República para todos los efectos. El gobierno local sería para los ciudadanos y no tendría nada en qué competir con el Estado federal. No se dice, pero se sugiere; todo es cuestión de una adecuada precisión de competencias concurrentes en el mismo territorio. En la propuesta 4 se señala que todas las facultades que ahora ejercen los poderes federales respecto del ordenamiento jurídico del DF pasen a sus órganos locales, dejando sólo y como excepción los casos en los que el gobierno federal asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad pública del DF. La propuesta 6 es de verdad interesante. Con la excepción de la revocación del mandato de representantes elegidos por el pueblo, que sólo podría justificarse a la luz del artículo 39 de la Constitución, los derechos que se sugiere sean reconocidos a los ciudadanos del DF pueden quedar todos perfectamente encuadrados en el capítulo de garantías de nuestra Carta Magna. Se parte del reconocimiento de las formas de participación ciudadana directa en las decisiones de poder: plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, audiencia pública, iniciativa popular, colaboración ciudadana y una instancia de quejas y denuncias. Todas ellas representan formas de involucramiento de los ciudadanos en el ejercicio del poder y en la vigilancia de su desempeño.
Para reconocer la pertinencia de estas propuestas creo que bastaría preguntarle a cualquier ciudadano, en las calles de la metrópoli, si le gustaría colaborar con su gobierno, participar en sus decisiones (sobre todo cuando atañen directamente a sus intereses), mantenerse informado sobre esas mismas decisiones, vigilar que se cumplan, aprobar las leyes (en referéndum) o dar su opinión sobre las soluciones que se propongan desde el gobierno a los grandes problemas de la ciudad (por ejemplo en plebiscito) o proponerlas ellos mismos (mediante la iniciativa popular). Pienso que una inmensa mayoría de defeños diría que sí y se congratularía de que se le diera la oportunidad.
Las propuestas restantes son dignas de ser dadas a conocer y de ser comentadas. Con la anuencia del amable lector, volveré sobre ellas.