Negocia la firma Ericsson acuerdo con la PGJDF para reparar daños
Daniela Pastrana Ť Empresarios de la firma Ericsson se reunieron con autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con la intención de llegar a un acuerdo para resarcir el daño provocado por la venta de equipo de comunicaciones inoperante, tal y como en su momento la dependencia lo hizo con la empresa IBM de México.
Las negociaciones están a cargo de los subprocuradores Jurídico y Procedimientos Penales, Gastón Villegas y Víctor Carrancá, respectivamente, quienes el viernes pasado se reunieron durante aproximadamente una hora con dos representantes de la empresa, cuyos nombres y cargos no se dieron a conocer.
Por lo pronto, trascendió que el careo programado para hoy en el juzgado 40 penal podría suspenderse, en tanto sigan las negociaciones entre los representantes de Ericsson y los funcionarios de la PGJDF.
La intención de estas pláticas, indicaron fuentes de la Procuraduría capitalina, es llegar a un acuerdo como el que se logró con IBM, empresa que también estuvo involucrada en un caso de desfalco en perjuicio de la dependencia, y que en julio de este año aceptó pagar 37 millones 565 mil dólares para resarcir los daños.
Paralelamente, los representantes de Ericsson han buscado un acuerdo similar con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), corporación con la que también suscribió contratos para la venta de equipo de comunicación, por un monto cercano a los 30 millones de dólares.
Versiones de la dependencia señalan que la SSP ya aceptó negociar la reparación del daño; sin embargo, aún no hay anuncio oficial al respecto.
En la PGJDF ya había presentado ante las autoridades correspondientes una demanda penal contra Ericsson por el incumplimiento en los términos de los contratos de venta de equipo de comunicaciones, que resultó inoperante, y cuyo valor también está estimado en cerca de 30 millones de dólares.
Esta denuncia derivó en la orden de aprehensión girada por la juez 40 penal, Sara Patricia Orea Ochoa, en contra de 17 ex funcionarios de la Procuraduría --entre ellos el ex oficial mayor, Humberto Moheno Díez-- y tres ejecutivo de Ericsson que habrían participado en las operaciones de compra-venta realizadas entre 1995 y 1996. No obstante, los inculpados se encuentran amparados contra la decisión judicial y en sus declaraciones ante la juez argumentaron que el caso corresponde a la Procuraduría General de la República, pues cuando se contrató el servicio, el DF dependía del gobierno federal.
En este contexto, la reunión del viernes pasado, que se llevó a cabo en la sede de la Procuraduría de Justicia capitalina, abre por primera vez, desde que se conoció el fraude en septiembre pasado, una posibilidad de arreglo con la dependencia.
El caso de IBM
El 22 de julio la Procuraduría de Justicia capitalina logró un acuerdo con la compañía IBM de México, que aceptó pagar 37 millones 565 mil dólares para resarcir el daño causado a la dependencia con el sistema de Averiguaciones Previas y Control de Procesos (APCOP), adquirido durante la gestión de José Antonio González Fernández a un costo de más de 27 millones de dólares, el cual resultó inoperante.
La empresa aceptó cubrir todo lo demandado por la Procuraduría de Justicia del DF, luego de varios meses de enfrentamiento legal que le llevaron a la pérdida de por lo menos dos importantes contratos. Incluso, la Policía Judicial llevó a cabo un cateo en las oficinas de IBM.
A cambio, la Procuraduría no se reservó derecho alguno frente a la empresa y sus representantes, lo cual significó el perdón legal para los tres ejecutivos de IBM y los 19 ex funcionarios involucrados en el proceso de compra-venta.