Santiago llama a ``consultas'' a su embajador en Madrid
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 6 de noviembre Ť El gobierno chileno se declaró hoy ``profundamente molesto'' y llamó a ``consulta urgente'' a su embajador en Madrid, luego de que el gobierno español decidió dar trámite a una solicitud judicial de extradición de Augusto Pinochet ante el gobierno inglés.
Los comandantes del ejército sostuvieron una reunión urgente para analizar la situación y pidieron al presidente Eduardo Frei que convoque al Consejo de Seguridad Nacional para fijar una estrategia en torno al caso, pero desmintieron rumores de acuartelamiento y dijeron que algunos movimientos de tropas eran ``normales''.
El canciller José Miguel Insulza se encargó de dar a conocer el gran malestar en el gobierno de Chile ante la decisión del gabinete español de aprobar la solicitud del juez Baltasar Garzón para extraditar al ex dictador, al insistir en que deben respetarse su inmunidad y el principio de no extraterritorialidad de los tribunales.
Sin embargo, el ministro descartó que el llamado del embajador Sergio Pizarro pueda llevar a un rompimiento de las relaciones con España, como lo pidieron los partidos políticos de derecha, e indicó que es para que explique lo ocurrido en el Consejo de Ministros del país europeo.
Dijo que los ministros se abstuvieron de asumir responsabilidades políticas y que los países iberoamericanos rechazaron la aplicación de la extraterritorialidad de las leyes nacionales en la reciente cumbre de Oporto, Portugal, y se preguntó si valía más la firma del rey y el gobierno español o las peticiones del juez Garzón.
Tras señalar que se confirmaron las peores expectativas de que el Consejo de Ministros era sólo un buzón de las peticiones del juez, añadió que por ahora no hará viajes a Europa, que se protege a los españoles en Chile y que evidentemente la decisión española afecta las relaciones con su gobierno.
Mientras, se informó que los comandantes de la guarnición de Santiago, la más importante del país, a convocatoria del comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, sostuvieron una reunión de una hora y media para analizar el giro del caso Pinochet; luego Izurieta se reunió con sus colegas de la armada y la fuerza aérea.
El coronel Alfredo Ewing, de comunicaciones del ejército, expresó que hay preocupación en las fuerzas armadas y que se analizaron los escenarios que el ejército vi- sualiza en relación a Pinochet y cómo se puede volver al estado de normalidad; además, se analizó la petición oficial de que Pinochet debe retirarse de la política y propuestas de que los militares deberían pedir perdón y que les han causado molestia.
En tanto que el gobierno también negaba que hubiera acuartelamiento de las fuerzas armadas, el ex presidente Patricio Aylwin calificó como agravio al país el pedido de extradición español en torno a Pinochet.
En el mismo tenor, la derecha pidió romper relaciones con España y dijo que el agravio era también para el presidente Frei.
Pero frente a la derecha, que también advirtió que la extradición traerá consecuencias nefastas por tratarse de ``un acto de hostilidad, de imperialismo intolerable y agre- sión a la soberanía'', los partidos de la Concertación Democrática siguieron preparando una manifestación para el domingo, y sólo se desligó el Demócrata Cristiano.
El líder socialista Ricardo Lagos dijo que la extradición de Pinochet es un juicio sobre lo hecho y omitido en Chile en materia de justicia, mientras que el jurista chileno Roberto Garretón denunció a conocidos políticos de la actual derecha como cómplices de las violaciones de los derechos humanos.
Por su parte, Human Rights Watch denunció que a ocho años del fin de la dictadura Chile continúa bajo graves restricciones legales a la libertad de expresión e información, pues se mantienen las leyes autoritarias de la época del pinochetismo.