España solicitará de manera oficial a GB extraditar a Augusto Pinochet

Reuters, Dpa, Afp y Ap, Madrid, 6 de noviembre Ť El gobierno de España aprobó hoy la solicitud del juez Baltasar Garzón para pedir la extradición desde Gran Bretaña de Augusto Pinochet, a fin de someterlo a juicio por los delitos de terrorismo de Estado, genocidio y torturas, en una decisión esperada y de mero trámite.

Pero la decisión provocó que Chile llamara a ``consultas'' a su embajador en Madrid en señal de protesta, por lo que el canciller Abel Matutes expresó su esperanza de que el caso Pinochet no conduzca a un deterioro de las relaciones bilaterales, y reafirmó que se trata de una decisión de orden jurídico y no política.

La decisión fue tomada por el Consejo de Ministros que preside el presidente José María Aznar, acorde con la petición cursada desde el martes por el juez Garzón, de la Audiencia Nacional, por lo que ahora el pedido será transmitido con urgencia por el Ministerio de Asuntos Exteriores a Gran Bretaña, donde Pinochet se halla detenido provisionalmente.

El canciller Matutes confirmó haber recibido ya la petición aprobada por el Consejo de Ministros, indicó que su ministerio la comenzó a analizar hoy mismo para su trámite formal y dijo que seguramente el expediente correspondiente será enviado a Londres el próximo martes, ya que el lunes es día festivo en España.

El ministro evitó entrar en especulaciones acerca de si un reconocimiento británico de la inmunidad para Pinochet violaría el Convenio Europeo de Extradiciones, firmado y ratificado por ambas naciones, al señalar que ese documento ``legitima la petición de extradición'' del ex dictador chileno.

Subrayó que el gobierno español entiende que se trata de un tema delicado y que debe ser abordado con prudencia, pero que es sobre todo un asunto jurídico que debe ser resuelto exclusivamente por los jueces.

Por ello, dijo, no había ninguna opinión que pudiera dar, sino reiterar en que se asumían las determinaciones de los tribunales.

Toma nota del malestar chileno

Pese a todo, Matutes insistió en que el gobierno tenía conciencia de que ``evidentemente Chile no piensa igual... pero que comprende que España debe respetar sus leyes'', e incluso el canciller se vio obligado a expedir un comunicado para responder ante el llamado de Chile a su embajador Sergio Pizarro Mackay a ``consultas''.

En ese comunicado, la cancillería española reafirmó que al dar curso a la solicitud judicial de extradición del general chileno se hacía en ``estricto cumplimiento de la ley'', y que esperaba preservar las excelentes relaciones entre ambos países y que se dé un ``pronto retorno a la normalidad''.

En el texto resalta que el Consejo de Ministros está obligado, por el ordenamiento jurídico español, a dar curso a ésta y demás peticiones de extradición emanadas de un órgano jurídico competente.

Por tanto, asevera, la decisión no conlleva un carácter político, sino que está apegada estrictamente al cumplimiento de la ley.

Asienta que el gobierno español ha tenido conocimiento de las declaraciones formuladas por el canciller chileno, José Miguel Insulza, ``en las que anuncia la llamada a consultas de su embajador en Madrid debido al malestar'' chileno por la decisión de España de tramitar la petición de extradición de Pinochet ante Londres.

Abel Matutes fue insistente al anotar que ``tenemos que aplicar las leyes tanto si nos gusta como si no nos gusta'', y reiteró su deseo de preservar los lazos de hermandad con Chile; en términos similares se pronunció el vocero gubernamental, Josep Piqué, quien acotó que ``el gobierno se limita a ser un mero correo de los jueces''.

Garzón, quien se encamina a juzgar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena, en este último caso se basa en los expedientes de más de 50 españoles desaparecidos durante el régimen de facto, además de acusar a Pinochet de la desaparición de un total de más de 3 mil personas y haber creado una organización criminal.

En el auto judicial el juez afirma que Pinochet no puede protegerse ``ni con la interpretación más benévola'' de ninguna ley, al señalar que la Convención Internacional sobre Genocidio obliga al Reino Unido a ``no protegerlo'', y que no tiene derecho a inmunidad alguna por estar acusado de crímenes contra la humanidad.

Mientras, una comisión de brasileños se reunió en Madrid con el juez Garzón para entregarle una lista de cinco ciudadanos de Brasil desaparecidos durante el régimen pinochetista, y otro tanto se proponía hacer la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Bolivia por los compatriotas que corrieron igual suerte en Chile.

La diputada socialista chilena Isabel Allende, hija de Salvador Allende, celebró los esfuerzos de España y otros países por llevar al ex dictador a la justicia, no obstante dijo que ``moralmente'' ya ha sido condenado por la humanidad, pues además es requerido por siete países tras reconocérsele como un ex dictador que cometió las más graves y atroces violaciones.

En Londres, en el Comité Judicial de la Cámara de los Lores se informó que los cinco magistrados que se ocupan del caso Pinochet podrían prolongar las audiencias hasta el próximo miércoles, al demorarse los alegatos de la acusación, y ello podría llevar a que el anuncio del fallo se alargue hasta una o dos semanas.

Aunque inicialmente se consideraba que la máxima instancia judicial británica sólo cumpliría con un mero trámite formal en relación al dictamen del Tribunal Supremo, que declaró ilegal la detención de Pinochet, el asunto parece complicarse ante los abundantes argumentos presentados por la fiscalía en la apelación.

Una fuente de Amnistía Internacional (AI), cuyo organismo participa en los alegatos en favor de las familias de las víctimas, dijo que los lores están ahora muy interesados y estarían considerando a fondo el argumento de la inmunidad, y ante esta situación los abogados de la defensa de Pinochet, que esperaban un resultado rápido y favorable, se hallan sumamente sorprendidos y ya no se sienten tan confiados.

Por lo demás, los lores van a tener en sus manos tanto la petición de extradición de Garzón como el veredicto de la Audiencia Nacional española, y no faltan tampoco expertos legales que comentan que los cinco lores del actual panel presentan un perfil bastante liberal.

En cambio, Nigel Rodley, jurista y ex integrante de AI, estimó que existen diversos obstáculos para despojar de la inmunidad soberana a Pinochet, y que esto demuestra que las actuales leyes británicas deben ser modificadas para garantizar la aplicación de las leyes internacionales sobre crímenes contra la humanidad.