México ha entrado en una situación que no ha sido descifrada por el poder que sueña en recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados y conservar todo lo demás. La transición mexicana es demasiado incierta como para que el grupo en el poder se convierta en promotor de cambios democráticos. Pero las oposiciones carecen de arreglo político y esta situación le brinda al priísmo una esperanza que no tendría de otra manera.

El que quiera ser oposición, hoy, tiene que remontar la presión del poder: negarse a portarse bien y a asumir todas las reglas impuestas. No es hora de medias tintas, como lo reclaman los portavoces del gobierno, sino de lucha política abierta alrededor de grandes definiciones.

El reto principal es el de destruir el Estado corrupto y plantearse la creación de nuevas instituciones políticas bajo una orientación claramente republicana y democrática. La idea de que manteniendo las viejas estructuras priístas es posible reformar el Estado es un sueño, abrazado fuertemente por el panismo más conservador, pero que no puede ser una pauta opositora.

El hecho de que no haya acuerdo sobre ningún cambio orgánico en la Constitución del país: fiscalización, presupuesto, deuda, referéndum, relaciones laborales, demuestra que el poder carece de impulso de cambio, es decir, de corrección de sí mismo, pero también habla de la incapacidad de las oposiciones para llegar a acuerdos entre ellas. En realidad, en la mayoría de estos temas el PAN se ubica mucho más cerca del PRI que del PRD, aunque tampoco hay todavía coincidencias definitivas entre el panismo y el gobierno.

El inmovilismo político es el campo de la conservación de las estructuras petrificadas pero completamente funcionales al viejo sistema de poder. En este espacio, los viejos grupos priístas y los tecnócratas han logrado organizar una cerrada defensa de sus posiciones.

En tal marco, el asunto del Fobaproa destaca como termómetro de las posiciones de cada bando. El gobierno realizó el rescate bancario sin consultar con ningún partido político. Ahora, lo que propone el poder Ejecutivo no es más que la legalización de todas las operaciones, aunque algunas de ellas sean levemente corregidas. Frente a esta situación, el PAN decide colaborar con el gobierno, mientras el PRD ha negado toda ayuda.

Cualquier decisión sobre el Fobaproa será mala, aún cuando se revirtieran todas las operaciones realizadas por ese fideicomiso del gobierno federal. Asumir la responsabilidad de unas malas decisiones sólo se podría justificar si los cambios políticos y económicos fueran lo suficientemente profundos como para garantizar un cambio general de la situación del país, pero jamás para ayudar a conservar todo lo viejo e injusto de un sistema pernicioso.

La obligación de cualquier partido de oposición sería negar al gobierno la colaboración cuando éste se niega, por su lado, a cambiar, es decir, se mantiene como elemento de contención de los cambios nacionales.

El argumento de que, al margen de intereses partidistas hay que buscar la solución de los problemas del país, es decir, hay que ``salvar a la patria'', no busca otra cosa que esconder aquellos intereses de grupo que se expresan en el Fobaproa y en la corrupción que llegó al sistema bancario privado con una fuerza inusitada.

Cuando, en los años ochenta, en Estados Unidos se produjo un fuerte y costoso quebranto de cajas de ahorro, fueron a la cárcel centenares de funcionarios bancarios; en México, han sido unos cuantos, y los políticos que sirvieron de cómplices o de socios de las operaciones fraudulentas no han sido tocados.

El gobierno se niega a colaborar con la oposición para castigar a los responsables de la quiebra bancaria, por lo que la oposición no tiene por qué colaborar con el gobierno para pasar una costosa factura al pueblo.

Si la oposición colaboracionista llegara al gobierno en el año 2000, tendría que cargar con la responsabilidad completa de lo hecho por su antecesor, con lo cual no tendría más camino que seguir haciendo justamente lo mismo.

En una transición incierta como la mexicana, el mayor reto de la oposición es no dar tregua al viejo régimen que se niega a pactar las condiciones de la transición misma, pues ésta no consiste sólo en mudar de partido gobernante, sino en realizar las reformas democráticas indispensables.