Quienes gobiernan a México han entrado en un período de paranoia galopante al saber que se les está acabando la impunidad de que disfrutaron en las últimas décadas.
1. La lucha contra la impunidad de quienes han delinquido en el ejercicio del poder no será la misma después de 1998 y del encausamiento de la justicia internacional al genocida Augusto Pinochet. La supuesta inmunidad que Washington y otros gobiernos acordaron en su momento a estos individuos carece de sustento tras el debate jurídico actual y los fundamentos legales del histórico auto de más de 300 páginas por el que el Magistrado-juez Baltazar Garzón de la Audiencia Nacional de España solicita la extradición de Pinochet (El País, 4 de noviembre), documento que pone de relieve que ante el marco jurídico internacional no puede haber protección política que valga para los crímenes de Estado (por muy amigos de Washington que sean sus autores).
2. Los gobernantes mexicanos que, prevalidos de la protección que les ha brindado el gobierno estadounidense, han abusado del poder cometiendo todo género de crímenes, están entendiendo ya que no habrá para ellos perdón ni olvido por sus atrocidades como tampoco exoneración anticipada, y eso vale no sólo para el sexenio salinista sino para el actual. El juez Garzón le expresó hace poco a Proceso (núm. 1116) palabras que como lo muestran algunos indicios han generado preocupación entre los gobernantes mexicanos. ``Chiapas -le dijo a Sanjuana Martínez- es el paradigma del genocidio''. ``Es una región pobre, dominada por un conflicto social, que ha determinado que haya una respuesta armada'' (Proceso 1148).
3. El reconocimiento jurídico de que las políticas y acciones del gobierno actual tienen carácter genocida y de que la violencia gubernamental ha antecedido a la resistencia de los pueblos indios son verdades que tienen ya el consenso internacional y que, al ser repe- tidas en el contexto actual, cobran nueva dimensión.
4. El nerviosismo de los gobernantes mexicanos que no saben ya cómo lavarse la sangre de las manos ni ocultar sus cuentas en Suiza o en las Cayman Islands, está sin embargo siendo un nuevo riesgo para el país pues aferrados al poder su reacción es de extrema violencia. El pez por la boca muere y una ``alta fuente oficial mexicana'' que filtró a la prensa la posición del gobierno mexicano, tras simular ``alegría'' por el arresto de Pinochet expresó un sentimiento de disgusto por la ``misión civilizadora'' que según él habrían adoptado España y el Reino Unido y el riesgo de que ésta ``se generalice'' constituyendo según él una ``forma de ingerencia'' (El País, primero de noviembre).
5. Este funcionario no había leído sin duda al juez Garzón que hace poco afirmó que ``el respeto a la soberanía nacional es un pretexto para evitar las investigaciones sobre genocidios'' (Proceso 1116). El propio Garzón al referirse a la matanza de Acteal había descrito en esta entrevista como los pueblos indios estorban a quienes gobiernan y cómo se les está eliminando utilizando bandas paramilitares apoyadas por la policía, en actos premeditados, y urgía a actuar para detener estos crímenes ``contra la humanidad''.
6. Las ``conexiones'' entre el gobierno de Pinochet y los tecnócratas mexicanos son mucho más intensas de lo que muchos suponen, y no se limitan a la identificación ideológica o al encu- brimiento, sino que fases determi- nantes del desmantelamiento del Es- tado Mexicano fueron operadas por los hombres de Pinochet, amigo de Salinas. Muy pocos quieren ahora recordar por ejemplo que Renato Guzmuri (subsecretario de Agricultura durante la dictadura) fue quien realmente diseñó en el sexenio pasado la privatización del campo mexicano y la reforma al artículo 27 constitucional dirigiendo a su pupilo Luis Téllez (Proceso 853).
7. La violencia del Estado obedece hoy a la desesperación del grupo salinista por enquistarse en el poder y la consecuencia es que la impunidad que prevalece en el país lejos de disminuir se está agravando, trastocándose todos los valores de un posible Estado de Derecho.
8. Los crímenes de Estado que permanecen impunes constituyen una larga lista, pero todos obedecen al mismo patrón, y la respuesta oficial ha sido la misma. En Aguas Blancas (Guerrero) donde en 1995 se cometió un crimen de Estado y hubo una simulación de investigación en la que intervino la Suprema Corte, la situación actual refleja la perversión del gobierno mexi- cano: se ha criminalizado y encarcelado a decenas de dirigentes sociales y los autores intelectuales y materiales del crimen están libres.
9. La impunidad de los salinistas es absoluta, y por eso no extraña su tupé ya que se saben los dueños del país. Joseph-Marie Córdoba sigue sorprendiéndonos sin embargo por otro motivo: su cinismo, ya que ha logrado agregar una bajeza más a sus haberes, entendiendo que sigue mandando en México (La Jornada, 5 de noviembre). ¿Cómo es posible que este individuo de abyecta trayectoria, al que se le han probado nexos con el narco y los crímenes políticos, salga ahora de su madriguera para decirle a un diario lo que puede o no informar a los mexicanos, con una prepotencia que evidencia su sicopatología de hacerse el agraviado siendo que es uno de los mayores responsables del desastre nacional?
10. La lucha contra los privilegios y la impunidad de quienes gobiernan apenas empieza, y por eso urge que desde la sociedad se frene la paranoia de los hombres del sistema.