Frei reitera defensa del principio de no extraterritorialidad de los tribunales

Enrique Gutiérrez Aicardi, corresponsal, y agencias, Santiago, 5 de noviembre Ť En tanto que el presidente Eduardo Frei asumía el compromiso de cerrar las heridas abiertas por las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, los empresariales abogaron en favor de una eventual relección del mandatario chileno.

Pero al tiempo que los partidos de la coalición gobernante anunciaban una manifestación para el domingo para pronunciarse en favor de la extradición de Augusto Pinochet a España, el propio gobierno de Frei dijo que no descartaba solicitar también su extradición a Chile en caso de que el fallo en Londres le sea adverso.

En la reunión anual del presidente con los principales empresarios chilenos, Frei reconoció que la actual crisis que vive esta nación ha demostrado que ``hay visiones extraordinariamente encontradas acerca de nuestra historia'' última, pues ``Chile tiene el alma herida por su pasado reciente''.

Dijo que ciertamente no era fácil reparar el estado de convivencia, pues se debe sortear con serenidad ``un tiempo de incomprensiones y de resurgimiento de viejas querellas'', y por ello, apuntó, todo lo que está ocurriendo no es sano, pero reiteró su llamado a la reconciliación nacional y a deponer la ofensa frente al contrario.

No obstante, insistió en que pese a las profundas diferencias con Pinochet su gobierno lo seguirá defendiendo sobre la base de los principios jurídicos de inmunidad y no extraterritorialidad de los tribunales.

Frei, quien previamente sostuvo una reunión de más de dos horas con el canciller José Miguel Insulza, se abstuvo luego de opinar sobre la propuesta del empresario Felipe Lamarca, ex ministro de Pinochet, de que eventualmente se pueden realizar reformas que permitan relegir al democristiano para ``proyectar Chile al futuro''.

En tanto que medios de prensa daban amplios espacios a tal propuesta y se iniciaba una polémica en los medios políticos, el gobierno descartó un viaje de Insulza a Gran Bretaña, pero sectores de la derecha le pidieron al canciller que viajara a Londres para tratar el caso Pinochet.

Mientras Insulza suspendía una visita oficial a Uruguay, en lo que se interpretó como signo de preocupación del gobierno chileno ante la prolongación del affair, partidarios del pinochetismo mostraron señales de escepticismo ante el próximo dictamen de la Cámara de los Lores británica.

En momentos en que diversos sectores del gobierno pugnan por resolver de una vez el problema de los derechos humanos y aclarar la situación de más de 2 mil víctimas del régimen militar y saber el paradero de otros mil 102 detenidos desaparecidos, la derecha dijo estar en disposición de ayudar, pero rechazó cualquier intento de derogar la ley de amnistía de 1978.

Otro hecho significativo es una denuncia hecha por el diario gubernamental La Nación, al dar a conocer que unos 40 cadáveres de presuntos ejecutados políticos tras el golpe militar fueron llevados a los hornos crematorios del cementerio por decisión de las autoridades castrenses.

El diario, que citó fuentes ``indesmentibles'', dijo que durante los primeros meses del golpe operó un método para eliminar algunos cuerpos de personas asesinadas por impactos de bala, que consistió en el envío de las víctimas directamente al horno crematorio del Cementerio General.

Por lo demás, los dirigentes de los partidos Socialista, por la Democracia y Demócrata Cristiano se reunieron con el ministro del Interior, Raúl Troncoso, para analizar las medidas de seguridad a adoptarse el domingo cuando esas fuerzas efectúen una manifestación para expresar su satisfacción por la detención de Pinochet y en favor de su extradición a España.