Funcionarios de la empresa, de más elevado rango, serían los responsables

José Galán Ť Los dos ejecutivos de la empresa Ericsson involucrados en los contratos irregulares de compra-venta de equipo de telecomunicaciones a la procuraduría capitalina, Alejandro Soto Silva y César Jesús Islas Acosta, presentaron ayer su declaración preparatoria ante la juez 40 penal, Sara Patricia Orea Ochoa, ante quien se declararon inocentes de los cargos que se les imputan.

Acusados de uso indebido de atribuciones y facultades, ambos directivos de Ericsson solicitaron además, por medio de su abogado, Francisco Javier Tiburcio Celorio, el traslado del proceso al fuero federal, aunque reconocieron en su declaración haber suscrito ambos contratos por la venta de equipo de radiocomunicación, procesamiento de datos y localización geográfica por cerca de 30 millones de dólares a nombre de la firma sueca.

Los dos funcionarios de la transnacional se presentaron amparados y sostuvieron ante la juez 40 penal que la suscripción legal de los contratos con la PGJDF en 1995 y 1996 ocurrió con base en las órdenes recibidas por parte de funcionarios de mayor nivel de la empresa, cuyos nombres permanecen bajo reserva.

La declaración de ambos fue integrada a los expedientes que analiza el juzgado, que citó para la primera audiencia de desahogo de pruebas a los 16 ex funcionarios de la PGJDF, a funcionarios actuales de la dependencia y a los dos ejecutivos de Ericsson para el próximo domingo a las 14 horas en la sede del mismo juzgado, donde ocurrirá un careo.

Por otra parte, en el caso de los 16 ex funcionarios gubernamentales --uno de ellos, Arturo Aquino Maza, no fue sujeto a ninguna orden de aprehensión, porque la juez consideró que no había elementos para ello-- se dictará resolución legal el próximo martes 10 de noviembre, al vencer el plazo legal ampliado de 144 horas, mientras que en el caso de los ejecutivos de Ericsson, esto sucederá el miércoles 11 de noviembre.

Por lo pronto, y al igual que los ex funcionarios de la PGJDF, los ejecutivos de la empresa han recurrido al juzgado primero de distrito con sede en el mismo Reclusorio Norte, con el fin de lograr, por parte de la justicia federal, la atracción del proceso penal, bajo el argumento de que ocurrió cuando el gobierno del Distrito Federal respondía ante el gobierno federal. Se espera que en las próximas horas el juzgado primero de distrito resuelva la petición y determine si procede o no la demanda de inhibición del caso al juzgado del fueron común y lograr la atracción hacia el fuero federal.