Elaboran diputados de PRI, PAN y PRD propuesta alterna

Ciro Pérez Silva y Mireya Cuéllar Ť Diputados de PAN, PRI, PRD e independientes, que difieren del contenido de las negociaciones de la Mesa de Alto Nivel sobre el Fobaproa, elaboraron una propuesta alterna de solución bajo los principios de no aceptar que los pasivos del fondo se conviertan en deuda pública en ninguna de sus modalidades; sanción a los funcionarios y particulares responsables de actos ilícitos; aumentar el costo para banqueros y deudores más importantes, y reducir el monto del quebranto financiero para los contribuyentes, además de un programa de apoyo a deudores.

Hablar de no convertir los pasivos en deuda pública, pero sí generar costo fiscal como se considera en los eventuales acuerdos de solución en la Mesa de Alto Nivel, tiene una misma consecuencia que se traduce en un costo para el pueblo de México, sin que se perciba una intención clara de evitarlo o minimizarlo, se advierte en el documento.

El capítulo de las sanciones implica hacer explícito el costo de la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para el caso de cada institución de las trece que se colapsaron, y presentar públicamente los pagarés Foba- proa, para precisar quiénes son los acreedores y cuáles son los conceptos de los que se derivan.

Se plantea incrementar el costo a quienes tienen los recursos suficientes para pagarlos, como banqueros y ``deudores importantes'', y reducir el mismo a los contribuyentes, lo que significa revisar la estructura del portafolio de compra de cartera, especialmente de los mil 321 créditos superiores a 20 millones de pesos.

Esto incluye la cartera de los denominados bancos ``muertos o intervenidos'', para asegurar la devolución a los bancos de todas las operaciones ilícitas o de mala fe, así como realizar la cobranza de los créditos versus capacidad real de pago.

Implica también acelerar el proceso de venta y recuperación de activos de aquellos bancos intervenidos a través de un organismo que estará sujeto a vigilancia y supervisión del Congreso, además de vincular la recuperación del valor de las instituciones bancarias en el mercado a la disminución de los costos asociados al rescate, a través de la sustitución de los pagarés Fobaproa por títulos de crédito.

Por cuanto a los bancos ``muertos'', el grupo de legisladores que redactó el documento alterno sostiene que sería ``altamente irresponsable'' hablar de aceptar el quebranto, sin antes realizar un profundo análisis del estado real de la cartera de los bancos, su recuperación, viabilidad y garantías, entre otros.

Determinar qué activos les pertenecen o están en manos del Fobaproa; sus valores y su posibilidad de enajenación; cuáles son los bienes embargados o incautados, entre ellos cuentas bancarias ``congeladas'' de los defraudadores bancarios sujetos a procesos penales y mercantiles.

Conocer las operaciones y el destino de los fondos derivados de venta de carteras, sucursales o instituciones en su totalidad, realizadas con motivo de las intervenciones gerenciales, y el detalle de las operaciones de ``dación en pago'' de deudores de los bancos intervenidos.

Todo ello para saber el costo realizado en esas intervenciones, así como lo que deberá invertirse para obtener la recuperación de todos los bienes mencionados, preservando la planta productiva y sus consecuentes fuentes de trabajo, sin necesidad de un costo fiscal, además del ya incurrido que no puede recuperarse.

El CEN del PAN mantiene su posición

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN mantendrá la posición que ha expresado su presidente, Felipe Calderón Hinojosa, en los últimos días: continuar las negociaciones en torno al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) sin condicionar su participación a la renuncia del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo Fernández.

En la dirigencia panista se ratificó la exigencia de fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en desviaciones o irregularidades en el rescate bancario, pero ``de manera responsable'', es decir, hasta que concluyan las audito-rías y las investigaciones que en el Congreso se llevan a cabo sobre el fondo.