El martes pasado, Martín Werner, subsecretario de Hacienda, refirió el propósito del gobierno de reducir sustancialmente los subsidios ``indiscriminados'' en el presupuesto federal para 1999. Con este antecedente, cobra significado la declaración atribuida ayer al también subsecretario Santiago Levy en el sentido de que las autoridades planean eliminar el subsidio a la tortilla, producto de consumo básico e indispensable cuyo precio se elevaría a más de tres pesos el kilo.

En un entorno de números fríos y operaciones matemáticas automatizadas y en abstracto, esa posibilidad no significa más que unos miles de millones de pesos de más o de menos en determinados rubros. Cuando se busca cuadrar las finanzas nacionales para que los egresos del erario público coincidan con los ingresos, el mencionado incremento de precio puede parecer un detalle nimio.

Sin embargo, debe considerarse que la tortilla representa, gracias al tradicional subsidio público, una de las poquísimas mercancías -si no es que la única- ante las cuales el salario mantiene su condición de remunerador. En los sectores más depauperados de la población no suele quedar más opción alimenticia que la tortilla.

En condiciones en las que el subsidio a ese producto resulta crucial para la subsistencia de la mayor parte de los habitantes del país, el sentido común indicaría que es más sencillo y eficaz mantener el subsidio indiscriminado que levantar un censo para determinar quiénes pueden pagar el precio real de ese alimento y quiénes no.

Ciertamente, no se trata sólo de un asunto de eficiencia. Permitir una alza desmesurada en el precio de la tortilla como la que implicaría la eliminación del subsidio se traduciría en un golpe demoledor para los bolsillos de la mayor parte de los mexicanos y generaría, inevitablemente, reacciones sociales que acaso no han sido previstas por la burocracia encargada de administrar los recursos públicos.

Ante ese riesgo, los responsables hacendarios tendrían que dejar de analizar al país con criterios meramente gerenciales y contables -como vienen haciéndolo desde hace más de tres lustros- y cobrar conciencia de las consecuencias políticas y sociales de sus medidas. En el caso de referencia, éstas pueden ser devastadoras para la paz social, para la estabilidad política y para la gobernabilidad.