Denuncia quitas ilegales y absorción de créditos sin regulación alguna

Georgina Saldierna Ť Los grupos Lomelí, Mexicano de Desarrollo (GMD, de la familia Ballesteros) y Emyko; las cooperativas Cemento Cruz Azul y la del periódico Excélsior, y las empresas Latinlac, Salinas y Rocha y Calzado Canadá, son algunos de los grandes consorcios beneficiados por las irregularidades cometidas en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), denunció anoche el líder nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, al difundir una nueva relación de beneficiarios de dicha instancia gubernamental.

Entre las anomalías registradas, destacó la autorización de quitas o descuentos a la deuda de las grandes empresas sin sustento técnico y legal, la venta de bienes en poder del fondo presumiblemente a precios por debajo del valor real, la recompra de cartera escogida por los bancos a un costo inferior al adquirido y la autorización de nuevos créditos a empresas quebradas sin los estudios de viabilidad económica, ni las garantías requeridas.

Luego de presentar documentos sobre las irregularidades, consideró que el quebranto financiero del Fobaproa, de alrededor de 600 mil millones de pesos, se produjo no sólo por el agravamiento de la crisis económica a partir de 1995, sino fundamentalmente por la realización de operaciones fraudulentas que se cometieron entre funcionarios, banqueros y hombres de negocios vinculados al poder.

Ante tal situación, calificó como un acto de enorme complicidad que el PAN esté proponiendo crear un instituto que sustituya al Fobaproa sin realizar las investigaciones pertinentes y castigar a los responsables del quebranto. ``El Instituto del Seguro de Depósitos Bancarios que negocian el PAN y el gobierno es una reedición del Fobaproa que pretende volver legal lo ilegal y que, por caminos sinuosos, termina siendo otra afrenta al pueblo de México'', puntualizó.

En conferencia de prensa, destacó que la propuesta del PAN y del gobierno significa desaparecer el Fobaproa I y nace el Fobaproa II, calculado para operar más allá del año 2000. Para evitar el atraco a la nación que implica la aprobación del instituto, López Obrador insistió en crear una comisión de la verdad que, dependiendo del Congreso, se integre con personas honorables que lleven a cabo una investigación a fondo y, apoyándose en auditores independientes, determinen qué operaciones pueden ser autorizadas y en cuáles deben fincarse responsabilidades penales, administrativas y políticas.

El dirigente nacional perredista informó además que su partido presentará denuncias de carácter penal en contra de quienes resulten responsables de las irregularidades observadas en el Fobaproa, luego de anunciar que la próxima semana dará a conocer nuevas listas de empresarios favorecidos por el fondo bancario.

Adelantó además que enviará a los legisladores del PAN y del PRI una carta para hacerles ver las anomalías que se cometieron en el fideicomiso y que voten en conciencia la iniciativa que sobre el tema se presente en el Congreso de la Unión.

Irregularidades en el fondo

Con base en un documento interno del propio Fobaproa, López Obrador destacó que el fideicomiso recibió en acción de pagos para finiquitar adeudos, bienes muebles e inmuebles, presumiblemente sobrevaluados. La mayoría de ellos fueron valuados por los mismos bancos o empresas vinculadas a los interesados. En este caso se encuentra el grupo Salinas y Rocha, que encabezan Jorge Eugenio Ortiz Salinas y Fernando Rocha, entre otros, el cual entregó cuatro plazas comerciales y dos terrenos por un monto total de mil 55 millones de pesos. También se registra la casa editorial Excélsior, la cual entregó una rotativa, bienes muebles e inmuebles y pactó un convenio de publicidad, todo por un total de 117 millones de pesos. De igual manera se encuentra la constructora de camiones Mexicana de Autobuses (MASA), que entregó un inmueble turístico denominado Conchita Puma por un valor de 85 millones; Encajes Mexicanos; Desarrollo de Negocios; el Grupo Inmobiliario G, que entregó el hotel Camino Real Acapulco Diamante a un valor de 122 millones 500 mil pesos, y el empresario Agustín Legorreta, ex accionista de Banamex.

Como parte de las anomalías detectadas, López Obrador destacó que se autorizaron quitas o descuentos a la deuda de grandes empresas y bancos sin sustento técnico y legal. En este caso destaca la reducción que se le hizo a la empresa de Calzado Canadá por 100 millones de dólares. Una de sus principales accionista es Sandra López.

También está de nueva cuenta el periódico Excélsior, al que se le descontaron 40 millones 800 mil pesos y el grupo Mexicano Desarrollo de Negocios, al que se le redujeron 4 millones 906 mil dólares.

López Obrador manifestó que se vendieron bienes en poder del fondo presumible mente por debajo del valor real. Como por ejemplo el edificio ubicado en Paseo de la Reforma 350, con un monto de 164 millones 910 mil pesos, y las obras de arte de Banpaís, Bancen y Banco Unión, así como una pintura de José María Velasco Pueblo de Guelatao 1889 que estaba en poder de la última institución. Teniendo como base el documento ``Reporte del avance en información y sistemas'' que elaboraron técnicos del Fobaproa, agregó que se autorizó la recompra de cartera escogida por los bancos a precios inferiores a los de adquisición. Por ejemplo, Banco Santander Mexicano recompró una deuda de 100 millones de dólares perteneciente a la Cooperativa Cruz Azul, que representó 4 por ciento de pérdida para el fideicomiso y una comisión de la misma proporción para el banco, equivalente a 4 millones 400 mil dólares en un periodo no mayor a un año. En situación similar está el consorcio Multivalores Arrendadora.

En un ``manifiesto a la nación'', dijo que los funcionarios del Fobaproa autorizaron nuevos créditos a empresas quebradas sin los estudios de viabilidad económica, ni las garantías requeridas, y para ello se utilizó de manera ilegal a bancos intervenidos para el otorgamiento de esos dineros. La mayoría de estas operaciones fueron un rotundo fracaso y agravaron el quebranto de las finanzas públicas. Destaca la intervención que se llevó a cabo a las empresas Costamex y Encajes Mexicanos, y a los grupos Gutsa, Lomelí y Latinlac.

Sobre el Grupo Lomelí, dijo que se autorizó primero un adeudo de 459 millones 100 mil dólares, pero dicha cifra se elevó en otros 3.5 millones de dólares mediante nuevos créditos de bancos intervenidos.

Según López Obrador, los funcionarios del Fobaproa actuaron de manera ineficiente, porque era más viable proceder a la liquidación ordenada de la empresa y no intentar administrarla como se hizo.

Respecto del grupo Latinlac, que opera tres plantas lecheras: una en Tizayuca, Hidalgo, otra en Delicias, Chihuahua, y una más en Aguascalientes, destacó que el monto original del quebranto era de mil 586 millones de pesos, pero luego de ser intervenida y registrar una errática y deficiente administración, el adeudo creció en otros 366 millones 100 mil pesos.

Por lo que hace a la familia Ballesteros (propietarios de GMD), destacó que recibieron 2 mil 623 millones 488 mil pesos como préstamos personales -independientemente del rescate al corporativo- y sin presentar garantía alguna. El resto de los créditos que obtuvo -por cerca de 8 mil millones de pesos- fueron garantizados con acciones de las empresas Synkro y Grupo Mexicano de Desarrollo, las cuales estaban colapsadas y sin valor, al tiempo que esas firmas habían sido previamente rescatadas por el fideicomiso.

Los funcionarios del Fobaproa decidieron hacerle una quita de 60 por ciento, lo que representó alrededor de 6 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto anual de Chiapas. En enero del presente año, el gobierno acordó otorgarle al grupo un total de 5 mil 765 millones 160 mil 350 pesos como parte del programa de rescate carretero, todo ello en el marco de una compra especial de cartera que realizó la Secretaría de Hacienda a Banca Serfín.

Originalmente se había decidido que este grupo sólo recibiría 309 millones de dólares de rescate, pero finalmente se le aportaron 723 millones, lo que significa un aumento de 133.9 por ciento con respecto a la primera cifra.

Insistió en que el Fobaproa compró cartera a la banca privada sin contar con los expedientes técnicos fundamentales, y sólo hasta febrero de 1998 realizó una auditoría para verificar la existencia real de la información proporcionada por los bancos. El resultado de la evaluación realizada en Banco de Oriente muestra que la documentación estaba incompleta y que los estados financieros carecían de las firmas de los funcionarios competentes.

De ahí la insistencia del perredista de que los funcionarios del Fobaproa actuaron con absoluta discrecionalidad, cometieron errores, tomaron decisiones y autorizaron operaciones que hicieron más grande el quebranto financiero.