Cerca a Pinochet la fiscalía británica

Reuters, Afp, Dpa y Ap, Londres, 5 de noviembre Ť Si Gran Bretaña concede inmunidad a Augusto Pinochet violaría las leyes internacionales, advirtió hoy la fiscalía británica, al proseguir por segundo día consecutivo los alegatos de apelación contra la libertad provisional otorgada al ex dictador chileno por la Alta Corte.

Al mismo tiempo, el canciller español, Abel Matutes, confirmó que este viernes, tras la reunión regular de gabinete, será transmitida a Inglaterra la petición de extradición cursada por el juez Baltasar Garzón, y estimó que ``no hay riesgo'' alguno de que la democracia chilena se vea perturbada por la decisión española.

``Sería una violación del derecho internacional acordar la inmunidad de una persona a la que se acusa de crímenes contra la humanidad'', aseveró el fiscal Christoph Greenwood, al continuar la presentación de argumentos en la apelación contra un dictamen judicial que la semana pasada declaró ilegal la detención del ex militar chileno.

Asentó que la tortura y otros graves crímenes contra la humanidad han sido prescritos por el derecho internacional en las décadas de 1970, 1980 y aun antes, por ello, dijo, hay jurisdicción internacional en los crímenes contra la humanidad y ``eso significa que cualquier país tiene el derecho de juzgarlos''.

``No tenemos la obligación de juzgarlo aquí, pero sí de extraditarlo'', apuntó Greenwood, al dirigirse a los cinco jueces de la Cámara de los Lores, que deberán tomar la última palabra sobre el caso y quienes decidieron continuar las sesiones el próximo lunes ya que los alegatos de la acusación todavía no terminan.

Autor intelectual de los asesinatos

El abogado Alun Jones, otro de los fiscales en representación de la acusación y el juez Garzón, arguyó que aunque Pinochet tuviera inmunidad, por las torturas y homicidios perpetrados en Chile era legalmente responsable por los asesinatos de opositores en otros países, incluidos España, Italia y Estados Unidos.

Al intervenir por segunda vez tras hacerlo ayer, indicó que Pinochet no puede eludir las acusaciones de muertes masivas, torturas y terrorismo debido a que, tras el golpe de Estado de 1973 contra el presidente chileno Salvador Allende, gobernó durante siete años con la Constitución de 1925, que prohíbe toda violación de los derechos humanos.

Los abogados de la acusación, que incluso han puesto en duda la legitimidad que se atribuyó el ex dictador de jefe de Estado, subrayaron que el concepto de inmunidad de un jefe de Estado ya no es actual y que tal principio, argumentaron, choca con el espíritu de la Convención Internacional contra la Tortura.

Más aún, anotaron, entra en conflicto con el derecho internacional, integrado desde 1988 en el derecho británico.

Greenwood acotó que los crímenes de lesa humanidad, incluidos el secuestro y la tortura, ya estaban tipificados en el derecho internacional mucho antes de que Pinochet llegara al poder mediante el golpe militar.

Los cinco magistrados también escucharon al experto en derecho internacional Ian Brownlie, que habló en nombre de las familias de las víctimas, de Amnistía Internacional y otros organismos humanitarios, quien solicitó a los lores que no obstaculicen el proceso comenzado por la justicia española contra el ex dictador.

Dijo que la gente a quien representaba temía chocar con un muro de impunidad y que ninguna jurisdicción se haga cargo del presente caso contra el ex dictador.

``El pedido de arresto de Pinochet es como una brecha en ese muro, que abre nuevas esperanzas'', apuntó el jurista, quien continuará su alegato el próximo lunes.

Optimismo en la parte acusadora

Al término de la jornada, representantes de las familias de las víctimas se mostraron optimistas.

El abogado chileno Hernán Montealegre calificó de muy importante la sesión de este día desde el punto de vista del derecho internacional, ya que se fundamentó el tema de la inmunidad y en relación a aspectos de la extradición.

En tanto que los representantes del exilio chileno anunciaron una ``gigantesca manifestación'' de repudio contra Pinochet para este sábado en el centro de Londres, la diputada Isabel Allende, hija del fallecido presidente Allende, se mostró optimista luego de que un policía en la entrada de la Cámara de los Lores le dijo, discretamente, ``good luck'' (buena suerte).

En Madrid, el canciller Abel Matutes desestimó que la decisión de su gobierno de tramitar este viernes la extradición de Pinochet pueda afectar a la democracia chilena o sus instituciones, al considerar que se trata de un país maduro.

No obstante, dijo que se actuaba con prudencia por tratarse de un país amigo y con el cual existen estrechos vínculos.

Mientras la Audiencia Nacional hacía público el auto con los fundamentos jurídicos que avalan la decisión de la justicia española de competencia sobre el caso chileno, cinco legisladores argentinos presentarán testimonio este viernes ante esa instancia, en relación con los crímenes de la dictadura militar argentina.

Por su parte, en Alemania seguían presentándose demandas contra Pinochet, y el gobierno de ese país dijo que la detención del ex gobernante militar es una señal para todos los dictadores.

En Francia también se presentaron otras dos demandas, entre ellas una sobre el asesinato del sacerdote francés Andrés Jarlan, acribillado en 1984 en Santiago.

También hubo protestas contra Pinochet en Brasilia, y de Montevideo se enviaron a España expedientes de 10 uruguayos desaparecidos en Chile.

Al mismo tiempo, en Virginia, Estados Unidos, ocho ganadores del Premio Nobel de la Paz sostuvieron una acalorada polémica sobre el caso de Augusto Pinochet, y algunos de ellos pugnaron por justicia y otros por el perdón.