Julio Boltvinik
Lucha contra los pobres

El gobierno federal ha venido preparando el terreno para la mayor ofensiva fiscal contra la población en general y, en particular, contra los pobres. En septiembre dio el primer paso aumentando por tercera vez en el año el precio de la tortilla. La intención, expresada abiertamente en estos días por las autoridades hacendarias, es la eliminación definitiva del subsidio generalizado a la tortilla (SGT), la desaparición de la Conasupo y la eliminación de otros subsidios como la tasa cero del IVA en alimentos y medicamentos. Con la eliminación del SGT y la imposición a de 15 por ciento de IVA a este producto, su precio podría llegar a $5.20 (alrededor de $4.50, según estima Maseca, sería el precio de libre mercado de la tortilla, más $0.70 de IVA). Con ello se lograría la meta gubernamental de dejar de subsidiarle las tortillas a Slim. En 1996, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 81.5 por ciento del consumo de tortillas del país se realizaba en hogares pobres (que constituyen 78 por ciento de la población, según lo mostré en este mismo espacio los días 13 y 16 de octubre).

El error que tanto preocupa a las autoridades, que consiste en que un subsidio llegue a quien no lo necesita, es de 18.5 por ciento. Lamentablemente, el otro error, el más grave, que consiste en no apoyar a los que sí lo necesitan, parece no preocuparle al grupo en el poder. La pauperización adicional que causarán el IVA a los alimentos y medicinas y la eliminación del SGT piensan compensarla con la ampliación del Progresa y quizás con el mantenimiento de algunos otros programas alimentarios focalizados como Liconsa (leche subsidiada) y Fidelist (tortilla gratuita). Esto convierte a estos programas en compensadores parciales del nuevo daño (en el mejor de los casos) y, por tanto, cancela su propósito original de reducir la pobreza.

Miremos el impacto del IVA en los alimentos. Estos representan 35.8 por ciento del gasto de todos los hogares, mientras que los medicamentos representan sólo uno por ciento. La imposición de 15 por ciento de IVA a todos los alimentos significaría una disminución generalizada del poder adquisitivo de los hogares de 5.4 por ciento (0.15 por 0.385). Quienes serían más golpeados, otra vez, serían los pobres, más mientras más pobres sean. El decil I (el 10 por ciento más pobre) dedica 56.8 por ciento de su gasto a alimentos, mientras que el decil X destina sólo 22.6 por ciento. Por tanto, los hogares del decil I verían disminuido su poder adquisitivo en 8.5 por ciento, contra sólo 3.4 por ciento en el decil X. Los programas como Progresa, Liconsa y Fidelist atienden a los tres primeros deciles. Los efectos positivos de la atención que proporcionan quedarán cancelados en buena medida por el IVA de los alimentos y la eliminación del subsidio generalizado a la tortilla. Lo que estos programas hacen con la mano izquierda del gobierno queda borrado con un solo dedo de la mano derecha. El resto de los dedos de ésta se dedican a empobrecer al resto de la población. Queda sin compensación focalizada 50 por ciento de la población total y 62.5 por ciento de los pobres (deciles IV al VIII). Su poder adquisitivo, sólo por el IVA a los alimentos, se reduciría entre 7.1 por ciento (decil IV) y 5.6 por ciento (decil VIII). El segundo error, los que necesitan el apoyo y no lo recibirán, es de 50 por ciento de la población. Si a la pérdida por el IVA a los alimentos añadimos la que representa la eliminación del SGT (que podemos situar en $2.50 por kilogramo, desde $2.00 hasta $4.50, es decir, un encarecimiento del 125 por ciento), podemos calcular que la pérdida de poder adquisitivo en el decil IV será de 11.4 por ciento (4.3 por ciento por la eliminación del SGT y 7.1 por ciento por el IVA). Más grave resulta la pérdida si calculamos el efecto no sólo del gasto en tortillas, sino en todos los productos del maíz. En el decil I, cuyo gasto monetario en productos de maíz representa 7.2 por ciento de su gasto total, el impacto de la eliminación del SGT es de nueve por ciento, que, sumado al impacto del IVA, arroja un deterioro de 17.5 por ciento. La fobia a los subsidios generales es parte de la ideología neoliberal que quedó plasmada en términos de política en el Consenso de Washington (CW). Sin embargo, en los debates recientes sobre las ventajas y desventajas de los programas focalizados en relación a los universales empiezan a quedar claras dos cosas: 1) que los programas focalizados tienen mucho más sentido en los países con bajas proporciones de pobres, mientras que los universalistas son más eficientes en países con muy altas proporciones de pobres, y 2) que el error de subsidiar a quien no lo necesita puede fácilmente compensarse con otros impuestos a los grupos de altos ingresos. Piense el lector que Slim paga, en sus numerosos automóviles, por impuestos a la gasolina, ISAN, tenencia e IVA, muchísimas veces más que el miserable subsidio que recibe en las tortillas que consume. El gobierno declara luchar contra la pobreza, pero en realidad lucha contra los pobres.

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