Al adeudo adquirido con Bancomer se suman intereses creados desde 96

José Galán Ť El 4 de diciembre de 1996, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) accedió a un crédito por 76 millones 574 mil 610 dólares con Bancomer, recursos destinados a la adquisición de equipos de cómputo y servicios de la compañía IBM, así como de sistemas y equipo de telecomunicaciones troncalizados, procesamiento de datos y localización geográfica de la firma sueca Ericsson.

En el marco de lo que entonces fue calificado como el programa de modernización tecnológica de la Procuraduría de Justicia, el crédito ampara el pago de equipo de cómputo IBM y de telecomunicaciones Ericsson adquirido primero bajo la titularidad de José Antonio González Fernández y posteriormente de Lorenzo Thomas al frente de la PGJDF.

El documento fue firmado por el entonces regente Oscar Espinosa Villarreal; Javier Beristáin, secretario de Finanzas del Departamento del Distrito Federal, y el subsecretario de Hacienda, José Julián Sidaoui, en representación de Guillermo Ortiz Martínez, titular de esa dependencia.

Mientras Hacienda liquidó ya las adquisiciones que por cerca de 70 millones de dólares contrató con ambas firmas transnacionales, el gobierno de la ciudad de México, bajo la responsabilidad de Cuauhtémoc Cárdenas, heredó la deuda de casi 77 millones de dólares, incluyendo intereses, tres años después de haber sido contraída. Mientras que los equipos de cómputo IBM y de telecomunicaciones Ericsson resultaron inoperantes y prácticamente inservibles. Ahora el gobierno local, vía contribuyentes, enfrenta el pago de la deuda heredada de la anterior administración.

En la declaración preparatoria presentada por escrito a la juez 40 penal del Reclusorio Norte, Sara Patricia Orea Ochoa, el ex subprocurador C de Procedimientos Penales, Humberto Moheno Díez, afirmó lo anterior con el fin de subrayar que este financiamiento fue avalado como deuda pública del gobierno de la ciudad por el gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El argumento del inculpado tiene como objetivo sustentar su demanda de que el juicio en el caso Ericsson sea conocido por la justicia federal, en lugar de los juzgados del fuero común del Distrito Federal, ya que, con base en lo anterior, el proceso penal relacionado con los contratos otorgados a Ericsson para la compraventa de equipo de telecomunicaciones sea ventilado en juzgados de distrito del fuero federal.

El financiamiento fue contraído mediante un contrato de crédito simple con Bancomer el 4 de diciembre de 1996, y fue suscrito por el propio ex subprocurador Humberto Moheno Díez, según su propia declaración escrita, y constituye un dato presentado como elemento de prueba y en un acto de inconformidad para alegar la competencia federal en el caso.

Además del ex subprocurador Moheno Díez, el contrato fue firmado por José Julián Sidaoui, entonces subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Javier Beristáin Iturbe, ex secretario de Finanzas capitalino, y Oscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal.

Según el alegato de Moheno Díez, este crédito fue ingresado en las cuentas de la deuda pública federal, por medio del registro del mismo en la Dirección de Deuda Pública Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.