La ciudad, construida colectivamente por el trabajo de todos los ciudadanos o con sus contribuciones fiscales al Estado a lo largo de cientos de años, es por esencia un espacio público. Pero las acciones del Estado neoliberal y los capitales monopólicos, las nuevas formas de urbanismo ``modernizador'' y la reacción de los habitantes ante los efectos antisociales del neoliberalismo, la están privatizando rápidamente, negando el libre tránsito (consagrado constitucionalmente) y apropiación por sus actores. Los agentes privados, sobre todo los grandes empresarios, se apropian de los beneficios creados públicamente, pero transfieren sus costos generales a los ciudadanos a través de las cargas fiscales. Así ocurre en la capital y las grandes ciudades mexicanas o latinoamericanas.

La entrega de infraestructura, espacios y servicios públicos preexistentes o la concesión de su producción futura al capital privado, para una mercantilización selectiva que impide su goce a quienes no tienen recursos para pagar los costos y beneficios empresariales, lleva a su exclusión del patrimonio colectivo. Autopistas urbanas e interurbanas, parques y zoológicos, playas, museos y sitios patrimoniales pasan del posible disfrute de todos al exclusivo de unos cuantos. El creciente predominio del automóvil privado como factor decisorio en el diseño de la vialidad, con subordinación u olvido del transporte público y el uso peatonal, fragmenta la ciudad, aísla sus partes y excluye a los no usuarios del auto privado, haciendo más dura su vida cotidiana al elevar su costo, el tiempo de transporte y el desgaste físico.

Grandes áreas urbanas, otrora propiedad pública, dotadas colectivamente de infraestructura y servicios, se desincorporan y venden en el mercado a promotores inmobiliarios para su beneficio privado, en aras de una modernidad que destruye la trama histórica y privatiza su uso.

Los megaproyectos inmobiliarios ``autosuficientes'', horizontales o verticales, exclusivos para sus propietarios y usuarios, están sometidos a riguroso control por policías privadas. Los centros comerciales se construyen sobre calles interiores cerradas y se aíslan del exterior mediante playas de estacionamiento para sus usuarios, propietarios de auto privado; se niega la calle comercial como espacio público privilegiado. Proliferan los fraccionamientos o clubes privados de lujo (hípicos, de golf, náuticos, etcétera), totalmente cerrados a la vida urbana colectiva y al disfrute y tránsito públicos, vigilados por guardias armados y circuitos de audio y video.

La violencia urbana generalizada, alimentada por el desempleo creciente y el empobrecimiento de las mayorías (los peores costos sociales del neoliberalismo), es un factor de privatización de la ciudad. Se bardan o enrejan calles, se construyen casetas de vigilancia, se forman policías privadas, se establecen credenciales de acceso, se impide la libre circulación y se alargan los desplazamientos de los ciudadanos en fraccionamientos viejos o nuevos de capas medias o altas.

En el otro extremo de la sociedad, bandas armadas de adolescentes o adultos impiden el acceso del resto de los ciudadanos a ``sus'' territorios, convertidos en ``violentos'' o ``impenetrables'' por el imaginario colectivo. Esta posmodernidad urbana tiene aspectos de retorno a la fragmentación medieval, a la feudalización del territorio.

Ante su propia crisis, los neoliberales endurecen sus políticas y agreden más violentamente a la sociedad: reducen el gasto público urbano y transfieren a los ciudadanos el costo de su ineficiencia y corrupción (Fobaproa, rescate carretero), con un impacto liquidador sobre la política social para la ciudad. Por todo ello, es urgente una reflexión colectiva profunda sobre las alternativas futuras para la ciudad, destruida o deformada por la modernización salvaje y el neoliberalismo; es fundamental debatir cómo revertir la privatización del espacio público, cómo preservar la ciudad construida colectivamente a lo largo de la historia, cómo lograr una reestructuración que no destruya a la ciudad y los ciudadanos. En síntesis, cómo construir una ciudad pública, habitable, equitativa, justa, democrática, sustentable e incluyente; una ciudad realmente para todos.