La guerra del Estado mexicano contra los pueblos indígenas en lucha por sus derechos, no sólo adquiere formas de agresión física o ideológica, sino también jurídica. Así, mientras el gobierno se niega a incluir en la Constitución federal el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, en las entidades federativas las impulsa como si una fiebre legislativa animara la competencia por ver quién elabora la peor ley en la materia.

El asunto no presentaría mayor problema si no fuera porque el federalismo mexicano es bastante sui generis, pues la regla para la repartición de competencias se funda en que las facultades se establecen para la federación, y sólo aquéllas que no le están expresamente concedidas pueden ser competencia de los estados que la forman. Ello provoca que cualquier legislación estatal, por muy buena que sea, nunca deje de ser residual.

Más grave aún es que se legisle bajo consigna de la Secretaría de Gobernación, violando la soberanía de los estados, para lo cual ``se ha dado línea'' de otorgar a contenidos y sentidos que los conceptos no tienen. Con este engañoso método, muchas legislaturas estatales no han tenido ningún problema en acatar la orden del centro y legislar en temas como pueblo indígena, libre determinación, autogobierno, territorios, acceso a recursos naturales y medios de comunicación, que a nivel federal se han vuelto tabú y el gobierno federal prefiere olvidar.

El documento en que se fundan las propuestas de reformas en materia indígena de las Constituciones estatales, se elaboró el 18 de agosto de este año en la subsecretaría del gobierno federal y comenzó a circular al día siguiente. Su contenido se agrupa en tres partes. La primera hace referencia al compromiso del Presidente de la República de legislar en materia indígena y a su iniciativa de reforma constitucional que, en su opinión, satisface los Acuerdos de San Andrés. En seguida expresa que en virtud de su relevancia, ``las entidades federativas podrían, en ejercicio de su soberanía, colaborar e impulsar la iniciativa de reforma constitucional mencionada, reformando las constituciones locales, para fortalecer el pacto federal y producir un efecto de apoyo a los derechos y cultura indígenas de la periferia al centro, facilitando así la labor del Congreso de la Unión''. Más claro ni el agua: el gobierno federal busca obtener en las legislaturas estatales, lo que no ha conseguido en los pueblos indígenas.

Por si quedara duda de las intenciones de Gobernación, al final de la primera parte del documento se anota lo siguiente: ``Se invita a los gobernadores de las entidades federativas que consideren necesaria una regulación especial a favor de su población indígena, para que analicen la factibilidad de llevar a cabo una reforma de sus constituciones en fecha inmediata, con miras al próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión''. A renglón seguido también se expresa: para lo anterior, se adjunta una nota explicativa y un modelo indicativo del texto que pudiera tener la reforma de que se trata. Para mayor información se sugiere establecer contacto con el licenciado Emilio Rabasa Gamboa, coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, a los teléfonos: 207 43 20 y 207 55 50.