España tramitará mañana ante GB la solicitud de extradición del ex dictador
Reuters, Dpa, Afp y Ap, Londres, 4 de noviembre Ť La parte acusadora pidió hoy a la Cámara de los Lores que retire la inmunidad concedida al ex dictador chileno Augusto Pinochet, y subrayó que la gravedad de sus crímenes pesan más que cualquier protección legal que pudiera otorgársele.
Pinochet cometió ``crímenes brutales y bárbaros'' durante el régimen militar que encabezó entre 1973 y 1990, por lo que resulta ``repugnante'' e insostenible desde el punto de vista del derecho internacional dejar impunes sus delitos contra la humanidad, aseveró el abogado Alun Jones, quien representa a la fiscalía británica y al juez español Baltasar Garzón.
``Invitamos a sus señorías, los lores, a que rechacen la repugnante noción de que una persona tiene inmunidad frente a unos crímenes porque fueron cometidos durante su función de jefe de Estado'', apuntó. Y preguntó si acaso entre las funciones de un gobernante figuran la tortura, el secuestro, el asesinato y otros crímenes.
En la primera ronda de la audiencia abierta por la Cámara de los Lores --máximo tribunal de Gran Bretaña integrado por cinco magistrados-- para escuchar la apelación de la parte acusadora, también intervino la defensa del octogenario militar chileno; las sesiones continuarán este jueves, y quizá el lunes.
Tras subrayar que la inmunidad se limita a los actos realizados necesariamente dentro de las funciones legales de un jefe de Estado, y no abarca aquéllos que exceden sus funciones, como los crímenes, puso en duda la legitimidad de la figura de jefe de Estado en este caso, y sostuvo que dicho rango sólo se le otorgó formalmente ocho años después del golpe, en 1981.
Jones intentó demostrar que Pinochet no gozaba de inmunidad diplomática, y señaló que desde el 11 de septiembre de 1973, y hasta junio de 1974, cuando se autodesignó jefe de Estado, bajo su mando se cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad, que sumarían unos 4 mil cuando se alejó del gobierno, en 1990.
Es decir, añadió Jones, cometió los crímenes cuando aún no era jefe de Estado, y bajo la ley chilena carecía de poderes para actuar como lo hizo, asunto en torno al cual los magistrados le hicieron preguntas, al igual que a los defensores, quienes abogaron por discutir los ``actos oficiales'' ocurridos.
El fiscal británico pidió a los lores examinar la petición formal de extradición del juez Garzón y les entregó copias del documento, cursado la víspera al gobierno español para su trámite, ante lo cual la defensa protestó; los magistrados dijeron que al menos estudiarían la solicitud.
AI abogará por las víctimas
La sesiones comenzaron a las 10 de la mañana y concluyeron a las 16 horas, y se decidió continuar este jueves con la participación de Amnistía Internacional (AI), hecho sin precedentes en que los jueces accedieron a escuchar su testimonio en representación de las víctimas, pues éstas no fueron autorizadas a hacerlo.
Ian Brownlie, de AI, intentará convencer a los lores de que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por Pinochet son crímenes contra la humanidad, y por lo tanto pueden ser juzgados por cualquier país, partiendo de la base de la jurisdicción universal y las leyes internacionales desde los procesos de Nuremberg.
Entre los familiares de las víctimas estuvo en tribuna la diputada socialista Isabel Allende, hija del extinto presidente Salvador Allende, quien expresó su esperanza de que se haga justicia no como venganza, sino por razón ética, y expresó su convicción de que la impunidad de Pinochet no puede ser el precio de la democracia.
Mientras se prepara el gobierno español para tramitar el viernes la solicitud de extradición a Gran Bretaña formulada por el juez Garzón, el diario ABC comentó que España está sentando un precedente jurídico internacional. A su vez, sectores políticos y sociales instaron al gobierno a concluir el trámite para hacer justicia.
Por otra parte, la ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigou, dijo que Pinochet no debe quedar sin castigo y que tramitará la extradición en cuanto reciba la solicitud del juez del caso. En términos similares se expresó el primer ministro francés Lionel Jospin, al señalar que el ex dictador debe responder por los actos perpetrados a partir de 1973.
Al tiempo que en Grenoble manifestantes exigían juzgar a Pinochet y actuar contra la impunidad en Chile y en Argentina, abogados franceses barajaban la eventualidad de que la Interpol estuviera dispuesta a intervenir para detener a Pinochet --en caso de que fuera liberado-- en una forzada escala técnica de su avión, de escaso alcance de vuelo.