CNDH: ninguna prueba ha dado Albores de que revisará el caso Taniperla
Karina Avilés Ť El cuarto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Adolfo Hernández Figueroa, afirmó que el gobierno de Chiapas no le ha enviado pruebas sobre la revisión del caso de los 16 presos de Taniperla, y reveló que no sólo emitió una recomendación, sino también una réplica ante la negativa del gobernador Roberto Albores Guillén para aceptar su cumplimiento.
Pero las cosas no quedaron ahí. El gobierno de Chiapas, luego de recibir la réplica el 23 de junio, mandó un documento en el que ``no dice si acepta o no la recomendación y deja entrever que lo va a hacer, pero no es definitiva su respuesta'', apuntó Hernández.
``¿Cómo podemos saber si está haciendo algo al respecto? cuando envíe pruebas a la comisión de que el caso ya se revisó, pero no tenemos ninguna prueba'', añadió.
Al preguntársele si la CNDH enviará una segunda réplica, manifestó ``que no podríamos estar gastándonos en tanta correspondencia, las exigencias que se le hacen ahora son en forma directa''. A través de La Jornada ``le pedimos (al gobernador Albores) que atienda el contenido de la recomendación y que se revisen los documentos existentes del caso, además de procurar por todos los medios llegar a una decisión'' con base en la justicia.
Al señalar que no aceptar una recomendación de la CNDH ``no es lo que usualmente se tiene como respuesta'', apuntó que lo que ocurre es que con dicha actitud Albores ``nos está diciendo que quizás crea que no hubo ninguna falla o que si la hay no es tan grave, o que si es tan grave no hay voluntad de corregirla''.
Por ello, la CNDH no aceptó la negativa del gobierno de Chiapas fechada el 9 de junio pasado. En respuesta, emitió una réplica ``en donde se le reitera (al gobernador) los puntos de la recomendación y la postura de la CNDH'', respecto a la necesidad de realizar ``un verdadero examen'' por caso.
En principio, el gobierno de Chiapas contestó a la CNDH que ``no se acepta la recomendación porque es una cuestión que corresponde al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Justicia del Estado determinar quién es delincuente y quién no''; sin embargo, lo que la comisión argumenta ``es que esas facultades deben ejercerse en acatamiento estricto de la ley''.
El pasado 11 y 13 de abril, fueron detenidas 16 personas cuando se instalaba el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, en Ocosingo. ``Los que participaron directamente en lo que se podría denominar el establecimiento'' fueron acusados de seis delitos: despojo, daños, robo con violencia, usurpación de funciones, rebelión y asociación delictuosa, señaló Hernández, pero esos delitos no se han podido comprobar.
Por el despojo, la Procuraduría del estado ``no pudo probar la posesión del inmueble objeto del despojo''; por daños, ``el MP tenía la obligación de dar fe sobre los causados, en qué tiempo se realizó la tala de los árboles que se indica y cuál fue el objeto o medio con el que se efectuaron los daños, pero no hubo esas constancias''.
Sobre el asalto con violencia, ``una persona dice que le robaron cierta cantidad de dinero de su habitación'' y por otra parte, los testigos que presentó el ofendido ``tenían un mismo discurso, lo cual debe ser debidamente valorado''.
En cuanto a la usurpación de funciones, ``el municipio Ricardo Flores Magón jurídicamente, conforme a la ley, no existe, entonces tampoco puede haber alguien que usurpe las funciones de un lugar inexistente''.