El banquero prófugo compró en un millón de dólares el puesto de tesorero

David Aponte y Juan Manuel Venegas Ť Bajo la fachada del empresario próspero, dueño del grupo financiero Cremi-Unión, Carlos Cabal Peniche hizo gala de su influencia en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari: infiltró al medio diplomático mexicano y con una aportación de más de un millón de dólares compró el puesto de tesorero en una fundación orientada a fortalecer las relaciones económicas, culturales y educativas entre México y Estados Unidos, según documentos que obran en la averiguación previa 4068/DO/97, radicada en la Procuraduría General de la República (PGR), integrada a raíz de la denuncia que presentó Humberto Hernández Haddad, ex cónsul de México en San Antonio.

El banquero, hoy prófugo de la justicia mexicana por presunto lavado de dinero y violaciones a la Ley Federal de Instituciones de Crédito, creó un fideicomiso con donativos superiores a un millón 60 mil dólares para la creación de la Fundación Solidaridad Mexicano-Americana, en el mes de marzo de 1994, cuando el titular de la cancillería era el embajador Manuel Tello Macías.

Los movimientos financieros de Cabal Peniche y sus donativos al programa de la fundación, apoyado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tuvieron lugar cuando las autoridades de Estados Unidos realizaban una investigación al banquero mexicano, denominada Operación Cobra, bajo sospechas de que había una conexión entre el grupo financiero Cremi-Unión con narcotraficantes colombianos.

De acuerdo con los documentos que forman parte de la averiguación previa, de los cuales La Jornada tiene copia, Cabal Peniche estableció un fideicomiso y tramitó cuentas de cheques en Unión y en el Nations Bank de Washington a favor de la fundación, que presidía en ese momento Raúl Yzaguirre, líder de la organización chicana National Council of La Raza.

Con sus aportaciones, el empresario yucateco se hizo nombrar tesorero de la fundación. El resto del organigrama lo conformaban especialistas de la relación México-Estados Unidos.

En el comité técnico del fideicomiso abierto por Cabal aparecen los nombres de Roger Díaz de Cossío, ex asesor de la cancillería; José Angel Pescador Osuna, actual cónsul de México en Los Angeles; Graciela Orozco Moreno, académica, y el doctor Jorge Bustamente, ex director de El Colegio de la Frontera Norte, entre otros.

La documentación que da cuenta de la infiltración de Cabal en la oficina encargada de la política exterior del país forma parte de la denuncia que el ex cónsul de México en San Antonio, Humberto Hernández Haddad, presentó ante el Ministerio Público Federal el 30 de diciembre de 1996 por supuestas ``conductas delictivas'' de funcionarios de la cancillería y la PGR en el manejo del caso Muñoz Rocha.

Carlos Cabal Peniche, el ``empresario modelo'', calificado así por Carlos Salinas de Gortari, realizó todos los movimientos financieros para la constitución del fideicomiso y de los fondos que en principio manejó la fundación, constituida el 25 de marzo de 1994.

Incluso, hizo todas las recomendaciones relativas a las inversiones, entre ellas ``la conveniencia de mantener el patrimonio'' de la naciente organización mexicano-americana en dólares, ``para evitar pérdidas en el cambio de moneda''.

La denuncia presentada ante la PGR incluye documentación de todos los movimientos financieros realizados por Cabal Peniche en Banco Unión a favor del nuevo organismo.

El organismo, con oficinas en las ciudades de México y Washington, tiene como objetivos ``dar permanencia y reforzar el acercamiento entre México y las comunidades de origen mexicano en Estados Unidos; fortalecer las relaciones educativo-culturales y económicas entre México y las comunidades de origen mexicano, y elevar la imagen de la cultura mexicana, y fomentar el respeto a las diferencias culturales para favorecer una mejor y mayor comunicación con otros grupos hispanos y el rostro de la sociedad estadunidense''.

Durante enero de 1995, el entonces cónsul Hernández Haddad reportó a la cancillería que en varias ciudades de Estados Unidos circulaba papelería oficial de la fundación, ``en cuya mesa directiva aparece como tesorero Carlos Cabal Peniche'', quien desde septiembre de 1994 ya era buscado por la policía mexicana y la Interpol, acusado de fraude bancario.

Hernández Haddad dijo a La Jornada que la sociedad debe ``exigir al ex presidente Carlos Salinas de Gortari una minuciosa explicación de sus pretensiones al auspiciar estas infiltraciones financieras (de Cabal Peniche) que dañan al PRI, a la política exterior de México y que revelan una intención desintegradora del sistema político del país''.

Desde 1996, la PGR investiga los fondos que permitieron la creación del fideicomiso PRI F 2939-1. Sin embargo, de los donativos de Cabal Peniche a la fundación mexicano-americana no ha mencionado una sola palabra.

Rechaza el ex cónsul Hernández Haddad versiones sobre su relevo

Humberto Hernández Haddad, ex cónsul de México en San Antonio, que pidió investigar la presencia y presunta protección que se le brindó al ex diputado del PRI, Manuel Muñoz Rocha, rechazó las ``versiones periodísticas'' que, citando fuentes de la cancillería, indican que fue separado de su cargo por haber realizado ``negocios particulares'' en esa ciudad texana, ``paralelos'' a su puesto consular.

``Cedo al funcionario o al medio de comunicación que así lo compruebe cualquier negocio o empresa que haya yo tenido, antes, durante o después de mi actuación consular en San Antonio o en cualquier otra parte de Estados Unidos o de México, hasta el día de hoy'', dijo Hernández Haddad.

Durante los últimos meses de su gestión en el consulado mexicano de San Antonio, Hernández Haddad buscó por todos los medios que el ex procurador Antonio Lozano y el ex secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, hicieran caso de la información de que disponían las autoridades estadunidenses respecto de la posible presencia de Muñoz Rocha -señalado como coautor intelectual del homicidio contra José Francisco Ruiz Massieu- en San Antonio, además de los supuestos vínculos que el ex diputado del PRI mantenía con el abogado Enrique Fuentes León, identificado por la DEA como defensor de narcotraficantes, según las comunicaciones consulares enviadas a la cancillería.

Por lo visto -comentó el ex cónsul- ``ahora me pretenden acusar de negociante y de deshonestidad. ¡Bueno, qué puedo esperar! En marzo de 1997, el entonces canciller Gurría emitió un comunicado diciendo que mi remoción se debió a mi inestabilidad personal, cuando yo sólo comuniqué lo que se supo en Estados Unidos de Muñoz Rocha y Fuentes León... si yo hubiera actuado mal, ¿por qué entonces la propia Secretaría de Relaciones Exteriores insistía en enviarme al consulado de San Diego o Nueva Orleans? A alguien que no se merece esa distinción diplomática, pues no se le insiste en enviarlo a otro consulado.

``Pretenden calumniarme y desacreditar mi actuación en San Antonio, pero insisto, si yo hubiera actuado mal o de mala fe, me separan y punto, no me hubieran ofrecido la posibilidad de otro consulado'', puntualizó Hernández Haddad.