Huehuetla es cabecera de un pequeño municipio del mismo nombre, mayoritariamente totonaco, enclavado en los vericuetos de la sierra oriental de Puebla. Comunicada por un camino reportado como ``revestido'' según el código de la corrupción gubernamental, es en realidad una intransitable brecha de lajas afiladas y deslaves frecuentes en los 70 kilómetros que separan al poblado del asfalto.

Pese a la incomunicación y la marginación socioeconómica, el desarrollo político de una organización indígena local llevó al municipio de Huehuetla a ser gobernado, ya por nueve años, por una coalición que integran la Organización Independiente Totonaca (OIT) y el Partido de la Revolución Democrática.

También, no obstante los raquíticos presupuestos, los obstáculos políticos y las resistencias de los caciques cafeteros, ganaderos y, paradójicamente, un grupo de maestros bilingües, el gobierno indígena ha podido ejercer una administración honesta que ha llevado luz eléctrica, agua potable y caminos rurales a las comunidades que conforman el municipio. Además, presentó al Congreso de Puebla y fue votado a favor (la hipótesis es que no lo leyeron), un Bando de Policía y Buen Gobierno que introduce los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el actual artículo 4¼ constitucional que, por cierto, la Constitución estatal todavía, a estas alturas, no ha incorporado. Por ello, Huehuetla es un ejemplo a seguir por los pueblos de otros municipios que quieren votar este 8 de noviembre a favor de candidatos que manden obedeciendo.

Pero, paralelamente, Huehuetla ha concitado el odio de los caciques poblanos encabezados por Manuel Bartlett y el deseo de que ``a toda costa'' el PRI se imponga sobre la libre voluntad del electorado, en este proceso electoral de noviembre. En suma: existe una disposición gubernamental en todos los niveles, desde la cabeza del Ejecutivo del estado, para que el PRI ``reconquiste Huehuetla'', disponiendo para ello de los recursos públicos, la compra directa del voto, la amenaza de los grupos de choque de Antorcha Campesina y, obviamente, el fraude electoral que se prepara.

Para empezar, toda la estructura electoral se encuentra intervenida por el PRI, desde la estatal, la municipal y, a través de la misma, este partido tiene control sobre los funcionarios de casilla. Por si fuera poco, el electorado está siendo manipulado y presionado con regalos de láminas, abonos y otros artículos útiles, o a través del Progresa, la Alianza para el Campo, utilizando igualmente los recursos y la infraestructura del Instituto Nacional Indigenista (INI). El INI local ha jugado el papel de adversario político de la OIT y, como aliado del PRI, ha actuado en beneficio de los candidatos de ese partido.

La Agencia del Ministerio Público es el brazo ``legal'' de la represión, en complicidad evidente con el candidato del PRI, quien por cierto no nació en el municipio ni habla el totonaco.

Para desgracia de la causa de los derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido cómplice de la guerra legal desatada contra las pasadas y actuales autoridades democráticas de Huehuetla, ayudando a la fabricación de delitos y la persecución de ex regidores.

Como otra de las agresiones contra las autoridades indígenas legalmente establecidas, opera en Huehuetla desde 1995 un contingente de policía estatal que, más que combatir el delito, está ahí para vigilar a las propias autoridades, a los activistas de la OIT y a las religiosas que cumplen con sus compromisos pastorales.

Para agravar la situación de por sí ya tensa, en días recientes se introdujeron, por la madrugada y con gran sigilo, dos paquetes a la casa de Roberto Serafín García, conocido priísta y miembro del comité estatal, lo que lógicamente ha causado preocupación y desconfianza en el campo indígena.

Ojalá que la sociedad civil y los organismos de observación electoral, así como las estructuras partidistas locales y nacionales de la oposición pudieran hacer valer el respeto al voto libre en Huehuetla y detener lo que pretende ser la revancha de los caciques poblanos.