Recuperados por presuntos narcos, 80% de bienes confiscados en BC
Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 3 de noviembre Ť Más de 80 por ciento de las propiedades incautadas a presuntos narcotraficantes en Baja California, en los últimos cinco años, por la Procuraduría General de la República (PGR) en operativos antidrogas, han sido recuperadas por sus propietarios mediante amparos concedidos por los jueces de distrito con sede en la entidad.
Los amparos han sido otorgados porque en muchos casos la autoridad incurrió en violaciones a los procedimientos legales para el aseguramiento de las propiedades.
La propia PGR reconoce que en la mayoría de los casos los amparos interpuestos por abogados de los afectados son resueltos desfavorablemente para las autoridades, porque éstas violan procedimientos jurídicos tan simples como la notificación personal al presunto ofendido sobre el embargo oficial de su propiedad en los términos que marca la ley.
El trámite puede cumplirse incluso mediante una publicación en el diario de mayor circulación en la localidad del embargo.
Entre las propiedades recuperadas por presuntos narcotraficantes destaca el rancho Las Bardas, donde fue descubierto un minizoológico particular, incautado en 1993 a los hermanos Arellano Félix.
Asimismo, la Dirección de Bienes Asegurados de la PGR ha tenido que regresar propiedades a reconocidos miembros del cártel de los Arellano Félix, como fue el caso del domicilio del presunto gatillero Emilio Valdez Mainero, preso en San Diego, California, y sujeto desde hace dos años a un proceso de extradición solicitado por el gobierno mexicano. En este caso la razón fue la incapacidad de las autoridades para demostrar la relación jurídica entre el legítimo propietario ante el Registro Público de la Propiedad --el padre de Valdez Mainero-- y el presunto narcotraficante.
Según la ley, para incautar una propiedad la autoridad debe obtener una orden de cateo de un juez de distrito argumentando el motivo de la solicitud, establecer quién es el propietario legal del inmueble y notificarle personalmente que su propiedad será incautada.