El debate cada vez más intenso sobre el Fobaproa, así como la demanda para un juicio político de los titulares de los organismos hacendarios y financieros del gobierno, se fincan en un problema que aún no tiene resolución. Se trata de saber si el gobierno está dispuesto a proporcionar información transparente sobre la deuda pública, sea interna, externa o flotante, como la de Fobaproa. Hasta ahora no existen cuentas claras sobre los montos y las condiciones legales en que se han pactado esos compromisos que tienen que pagar los contribuyentes. Y en una democracia parlamentaria es inaceptable.

Durante decenios, la falta de información sobre la deuda externa dio pie a múltiples abusos en México, de manera que el gobierno y las empresas paraestatales tomaron préstamo tras préstamo sin que se aclarara cuál era el verdadero destino de los miles de millones de dólares que contrataron, en particular, las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo. El problema de fondo era que al estar controlado por un solo partido, el Congreso autorizaba la contratación de estas deudas sin pedir a cambio una rendición de cuentas adecuada. Por ello nunca se publicaron los contratos de la mayoría de las deudas contratadas entre empresas paraestatales y la banca internacional, la mayoría gestionadas desde 1976 por el actual secretario de Hacienda, Angel Gurría, cuando comenzaba su carrera financiera.

Posteriormente, en el decenio de 1980, se renegoció el conjunto de las deudas externas, pero en muy raras ocasiones se hicieron públicos los contratos legales de esas operaciones. La razón es simple: eran suficientemente lesivas las condiciones impuestas sobre el gobierno por la banca internacional --incluyendo hipotecas de ramos fiscales-- como para prever que resultarían una bomba política. Todavía hoy, si se publicaran dichos contratos --a reserva y cuidado de la Secretaría de Hacienda--, seguramente causarían escándalo.

Luego, en 1993 y 1994 Hacienda, entonces encabezada por Pedro Aspe, llevó a cabo una nueva operación de emisión de deuda --los nefastos Tesobonos-- por valor de 30 mil millones de dólares, cuyos contratos y características no se hicieron públicos. Por ello todavía hoy no se sabe quiénes fueron los beneficiados por estas operaciones; recuérdese al respecto que el país tuvo que realizar un enorme sacrificio después de la devaluación para pagar estos títulos de deuda interna indizados al dólar. De nuevo se trataba de deudas oscuras, cuya trayectoria --al nivel de operaciones y condiciones legales-- nunca se ha aclarado ante el Congreso.

Por último, hoy en día el gobierno intenta evitar que se discuta a fondo la legalidad de las operaciones de Fobaproa, una deuda interna de emergencia emitida para salvar a los bancos. Más allá de la solución concreta que alcance el nivel de la restructuración de este colosal paquete de deudas, queda pendiente el problema de fondo: la transparencia de la información sobre montos y condiciones legales. Sin datos precisos y veraces no puede funcionar un mercado libre ni tampoco un sistema político que se dice democrático.