Apremia Garzón pedir a GB extraditar a Pinochet

Dpa, Afp, Ap y Reuters, Madrid, 3 de noviembre Ť El juez Baltasar Garzón pidió hoy formalmente al gobierno de España solicitar urgentemente a Gran Bretaña la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, y rechazó que algún tipo de inmunidad lo proteja ante el delito de genocidio que cometió.

En Londres, más de una decena de víctimas del pinochetismo testimoniaron ante el Parlamento sobre las acciones represivas de la dictadura militar, en un esfuerzo por influir en la Cámara de los Lores para que revoque el fallo de libertad provisional emitido la semana pasada por el Tribunal Supremo británico.

Garzón, quien ordenó la detención de Pinochet en Londres desde el 16 de octubre, envió a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, su pedido de extradición en un texto de 367 páginas, que incluye la documentación requerida, testimonios de víctimas y su argumentación legal basada en el derecho internacional. además de formularle un nuevo cargo: la desaparición de 3 mil personas.

Corresponderá ahora al Consejo de Gabinete sesionar el viernes y decidir sobre la solicitud, pues dicha instancia es la que debe aprobarla y luego hacer la petición a Gran Bretaña. Al respecto, el portavoz del gobierno español Josep Piqué ratificó que el Ejecutivo cursará sin dilación el pedido de extradición del juez.

``El gobierno ya ha dicho que va a ser escrupulosamente respetuoso con las resoluciones judiciales'', apuntó Piqué. No obstante, analistas políticos estimaron que España enfrenta un dilema embarazoso, y que esperaría secretamente que el máximo tribunal británico actúe con rapidez, enviando de regreso a Chile al ex dictador.

Esa situación quedaría de manifiesto por el hecho de que la reunión semanal de gabinete está programada hasta el viernes, y se da por hecho que la Cámara de los Lores tomará su decisión definitiva e inapelable entre este miércoles o jueves, lo que sería ya demasiado tarde para materializar la extradición ante un fallo adverso.

La víspera, los jefes de gobierno de España y Gran Bretaña, José María Aznar y Tony Blair, sostuvieron una entrevista y ambos reiteraron que respetarán las decisiones judiciales de sus respectivos países. Aznar afirmó además que en el encuentro dedicaron ``menos de 30 segundos al asunto Pinochet''.

Argumentación del juez Garzón

El juez Garzón, quien en cualquier caso proseguirá sus pesquisas en torno a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las dictaduras chilena y argentina, asienta en su petición que la Convención Internacional sobre Genocidio de 1948 obliga a Gran Bretaña a ``no proteger'' al acusado, y dijo que carece de derecho alguno a inmunidad.

Hace énfasis, conforme a un abanico de razonamientos jurídicos, en que Pinochet no tiene derecho a tipo alguno de inmunidad por las siguientes razones:

--Se convirtió en jefe de Estado al derrocar por la fuerza a un gobierno democráticamente elegido;

--Los crímenes que se le imputan están previstos en el Derecho Internacional;

--Cuando fueron cometidos, dichos crímenes violaron la legislación criminal chilena, aunque luego fueran amnistiados;

--Tal amnistía chilena no protege a quien cometió actos de responsabilidad penal ante el Derecho Internacional, por ser actos que constituyen crímenes bajo dicho cuerpo jurídico;

En el mismo tenor, subraya que el fuero jamás debe ser entendido como privilegio, sino como garantía de determinadas funciones, y añade que España no acepta el cargo de senador vitalicio --que ostenta Pinochet-- marcado por una especie de ``espíritu antidemocrático'' al concederle carácter atemporal, no acorde con los criterios de sufragio imperante.

Expone otros argumentos para restar toda validez a la inmunidad otorgada a Pinochet, descartando tanto la de tipo diplomático como la soberana o cualesquiera otras, al destacar que carece de apoyo en la legislación internacional, y vinculante a España y Gran Bretaña.

Incluso, recuerda los casos de la reina María Estuardo de Escocia, cuya ``inmunidad soberana'' no le fue reconocida por la Cámara de los Lores en el siglo XVI, y tras 14 años de carcel fue ejecutada por decapitación, así como el referente al nazi Rudolf Hess, quien en 1944 fue detenido en suelo británico pese a gozar de inmunidad como ministro alemán, y fue entregado al Tribunal de Nuremberg y condenado a purgar cadena perpetua.

Por lo demás, el juez refiere atrocidades cometidas por Pinochet --acusado de genocidio, torturas y terrorismo de Estado-- desde su puesto de mando, primero como presidente de la junta militar que asumió tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, y luego al ser nombrado presidente de la república, en diciembre de 1974, en acciones de conspiración criminal contra opositores políticos en Chile y en el exterior, mediante la Operación Cóndor.

Piden a Londres revocar inmunidad

Un colectivo de 40 organizaciones humanitarias entregó a la embajada británica en Madrid un Manifiesto contra la Impunidad de Pinochet, para que lo transmita de urgencia al gobierno y las autoridades judiciales del Reino Unido.

En la capital británica, familiares de las víctimas expusieron sus testimonios sobre los crímenes de la dictadura tras el golpe militar, en un proceso no judicial, pero encaminado a otorgar argumentos a los cinco lores que deberán ratificar o revocar la sentencia del Tribunal Supremo, que el miércoles pasado otorgó inmunidad diplomática a Pinochet aduciendo que éste era jefe de Estado cuando se cometieron los crímenes de que se le acusa.

Entre otros familiares de víctimas estaban Isabel Allende, hija del ex presidente Salvador Allende; Juan Pablo Letelier, hijo del canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1976 por los servicios secretos del pinochetismo, y Sofía Prats, hija del ex comandante del ejército Carlos Prats, asesinado por los mismos esbirros en 1974 en Buenos Aires.

Allende dijo que su padre prefirió morir, pues antes le ofrecieron tres veces salir del Palacio de la Moneda, rendido y hecho prisionero, y recordó que Pinochet nunca se ha arrepentido, y que se requiere saber toda la verdad; en términos similares se manifestaron los demás, quienes también rechazaron la inmunidad para el ex militar.

Por su parte, la justicia francesa pidió formalmente a Gran Bretaña el arresto del ex dictador previo a su solicitud de extradición; Suiza dijo tener lista ya su demanda de extradición, pero espera que se le dé prioridad a España; en Alemania son siete las demandas, y surgía una tercera en Italia.

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Valparaíso, 3 de noviembre Ť El Senado chileno, dominado por la derecha gracias a los senadores designados, aprobó hoy una enérgica protesta contra Gran Bretaña y España por la ``ilegal y arbitraria'' detención en Londres de Augusto Pinochet.

El voto, marcadamente dividido, se dio en medio de una accidentada y maratónica sesión de ocho horas, en la que la policía intervino para desalojar de las galerías a partidarios y detractores del ex dictador. ``Asesinos, asesinos'', gritaban los críticos del pinochetismo, frente a simpatizantes de los militares que lanzaron ``vivas'' a su caudillo.

La oposición de derecha logró sacar adelante su iniciativa de apoyo a Pinochet por 24 votos de la mayoría integrada por los legisladores de los partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, más los nueve senadores designados e independientes proclives al octage- nario senador vitalicio.

En contra votaron los 23 senadores de los partidos que integran la gobernante Concertación Democrática. La coalición oficialista había presentado un proyecto alternativo en el que advertía que el caso Pinochet es consecuencia de ``la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura'' militar (1973-90).

El líder del Senado, el democristiano Andrés Zaldívar, llamó a no volver al pasado, polarizarse ni crear problemas de ingobernabilidad.

Los desórdenes en la tribuna surgieron cuando hacía uso de la palabra el senador derechista Sergio Fernández, ex ministro del régimen de Pinochet, a quien gritaron ``asesino, asesino''.

Las protestas de uno y otro bando continuaron en las calles, tanto en esta ciudad como en Las Condes, en Santiago, en favor del ex dictador.

En la moción aprobada se expresa al gobierno británico una protesta por el desconocimiento de la inmunidad de que, según afirmó, gozaba Pinochet en su calidad de senador y ex gobernante, y contra España porque sus tribunales ``atropellan la soberanía de Chile al pretender aplicarnos extraterritorialmente'' sus leyes y competencia jurisdiccional.

En tanto, surgían una serie de iniciativas encaminadas a averiguar el paradero de más de mil detenidos desaparecidos, a considerar la amnistía para los militares y a analizar un acuerdo nacional sobre los derechos humanos y hasta una reforma para que los legisladores puedan renunciar, en clara alusión al eventual alejamiento de Pinochet de la política.

Al tiempo que el aspirante presidencial socialista Ricardo Lagos señalaba que sólo la justicia sobre los casos de violación a los derechos humanos devolverá la confianza a los chilenos en la transición democrática, Carmen Hertz, una asesora de la cancillería, renunció por diferencias con el gobierno. Hertz es viuda del abogado socialista Carlos Berger, uno de los ejecutados en la Caravana de la Muerte de 72 personas, en octubre de 1973.

Por último, en Santiago se informó del desalojo de la legación diplomática de Francia ante una falsa alarma de bomba.