El caso Muñoz Rocha confrontó a la justicia de EU con la PGR

Juan Manuel Venegas y David Aponte Ť La fuga y la posterior desaparición de Manuel Muñoz Rocha y sus eventuales nexos con el ``abogado'' del cártel del Golfo, Enrique Fuentes León, pusieron en evidencia la ``desconfianza'' que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tuvo en la Procuraduría General de la República (PGR) del panista Antonio Lozano Gracia, fundamentalmente en la indagatoria para seguir la pista del ex diputado priísta, uno de los presuntos asesinos intelectuales de José Francisco Ruiz Massieu.

El punto del conflicto que alcanzó tintes diplomáticos lo marcaron dos posiciones irreconciliables: los investigadores estadunidenses ubicaron en Texas al coautor intelectual del homicidio del secretario general del PRI, y pretendieron seguirle la pista. Lozano Gracia -respaldado por el entonces canciller José Angel Gurría- negó y desapareció el rastro de Muñoz Rocha en la ciudad texana.

Según documentos diplomáticos mexicanos ``secretos'' y ``confidenciales'' y reportes del Departamento de Justicia (todos en poder de La Jornada), el paso de Muñoz Rocha por San Antonio resquebrajó la relación de cooperación entre el Departamento de Justicia y la oficina de la PGR, y dio pauta a que las agencias antinarcóticos de Estados Unidos iniciaran toda una investigación de ex funcionarios del sexenio de Carlos Salinas de Gortari supuestamente vinculados con el narcotráfico.

La historia de las diferencias del gobierno de Estados Unidos con el procurador panista comenzaron por la ratificación y respaldo que Lozano dio a Jaime González Carrancá como agregado de la PGR en San Antonio.

El fiscal Glenn McTaggart, de la oficina del Departamento de Justicia en Texas, había dado cuenta desde 1993 de una cena en la que el enviado de la PGR (nombrado en junio de ese año) estuvo acompañado por ``empresarios de origen mexicano'' que estaban siendo investigados por la DEA a raíz de su presunta participación en operaciones de narcotráfico.

Entre esos ``hombres de negocios'' que ``amistosamente'' cenaron con González Carrancá, McTaggart identificó a Gustavo García, quien era investigado por ``delitos de narcotráfico''. Unos meses después, luego del asesinato de Ruiz Massieu y la ``aparición'' en San Antonio de Muñoz Rocha, el propio García se convirtió en uno de los promotores para ``gestionar'' que se anulara el testimonio de dos agentes especiales del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), relativo a que Muñoz Rocha acompañaba al abogado Enrique Fuentes León, al momento de su captura, el 19 de octubre de 1994.

En una carta que el funcionario estadunidense envió a la embajada de México en Washington el 18 de enero de 1995, describe una relación entre González Carrancá, Gustavo García y el abogado Fuentes León:

``Al poco tiempo de su llegada a San Antonio, el agregado de la PGR (González Carrancá) tuvo una cena en la residencia local de un próspero empresario mexicano, quien es amigo y socio de Enrique Fuentes León. Una fuente de información indicó que esta último pudo haber estado presente en esa cena. El anfitrión (Gustavo García) estaba bajo una investigación de la DEA por tráfico de cocaína en Florida y Venezuela. Asimismo, estaba bajo investigación por lavado de dinero en el curso de nuestros esfuerzos por extraditar a Fuentes León. Tiempo después de la reunión con el agregado (de la PGR), él mismo confirmó que había concurrido a esa cena, pero negó que Fuentes estuviera presente'', escribió McTaggart.

En otra parte de su misiva, confirma el nexo Fuentes-García: el día del arresto del abogado hubo una comunicación telefónica entre los dos personajes, misma que fue interceptada por agentes federales de Estados Unidos, quienes contaban con una orden judicial para mantener bajo la lupa a Fuentes León.

``Usted puede -dice McTaggart al entonces agregado de la PGR en Washington, Gustavo González Báez- recobrar un memorándum que le envié el 18 de abril de 1994 respecto de las dificultades que experimentamos para obtener información de su agregado en San Antonio (González Carrancá). Sin embargo, la situación se ha deteriorado más en los últimos meses debido al caso de extradición de Fuentes León y a nuestros esfuerzos por aprehender a Manuel Muñoz Rocha, quien ha sido acusado del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

``En esencia, el conducto del agregado Jaime González ha incrementado seriamente nuestros problemas de seguridad y la cooperación para conducir con él nuevos casos de aplicación de la ley en el distrito de Texas'', remató.

La fuga de San Antonio

El 19 de octubre de 1994, cinco agentes estadunidenses (tres de la policía de San Antonio y dos elementos especiales del SIN) detuvieron al abogado Enrique Fuentes León, a las afueras de sus oficinas del edificio 909 North East Loop 410.

Los agentes especiales Juan M. Martínez y Rodrigo Reyes testificaron, bajo juramento, que el detenido ``iba acompañado por su secretaria Estela Monroy; otra mujer, que más tarde fue identificada como María Teresa Gómez de Esquenazi, y un hombre de origen hispano...

``Durante el arresto de Enrique Fuentes León, el mencionado hombre de origen hispano se detuvo momentáneamente a pocos pies de la escena del arresto... Esa persona fue identificada más tarde por los agentes, en una foto distribuida por la oficina de la PGR, como Manuel Muñoz Rocha'', afirmaron.

No sólo ellos aseguraron haber visto a Muñoz Rocha. El sargento retirado del Ejército de Estados Unidos Adrián Tejeda, en ese entonces ``empleado auxiliar'' de la Agregaduría Regional de la PGR en San Antonio, informó al consulado que ``vio a Manuel Muñoz Rocha en octubre de 1994 en el hotel Sheraton Fiesta de esta ciudad. Afirmó estar ciento por ciento seguro de la identidad de esa persona, a quien siguió y perdió de vista en el cuarto piso del mencionado hotel'', relata una minuta del entonces cónsul Humberto Hernández Haddad enviada a la cancillería.

El propio representante consular interrogó al militar: ``En un parámetro del uno al cien, ¿cuál puede ser su margen de error sobre la persona que identificó como Muñoz Rocha?''. Tejeda respondió:

``¡Ninguno, señor! ¡Como militar fui entrenado para no tener márgenes de error en mi campo visual! ¡Si no hubiera sido él, no lo persigo!''.

De Muñoz Rocha no se ha vuelto a saber nada. La PGR sigue en su búsqueda, en tanto que su esposa, Marcia Cano, hace esfuerzos para que se le declare jurídicamente muerto.

Prisas de Lozano; desinterés de Gurría

Después de la declaración de los agentes del SIN, el fiscal McTaggart y el cónsul Hernández Haddad, cada uno por su lado, trataron de seguir la pista del ex diputado priísta. Sin embargo, como respuesta encontraron el enojo del procurador Antonio Lozano Gracia y del titular de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría.

Los abogados que Fuentes León contrató en Estados Unidos para encarar su juicio de extradición, Roy Barrera y Roy Barrera hijo (defensores del narcotraficante Juan Chapa Garza, vinculado a Justo Ceja), presentaron a William Franklin Gardner como la persona que acompañaba a Fuentes León en el momento de su detención, y pretendieron que los agentes del SIN dieran marcha atrás en su declaración de que habían visto a Muñoz Rocha.

Gardner, sin embargo, no pudo identificar a los agentes Martínez y Reyes, quienes por su parte se negaron a modificar su declaración, misma que ratificaron por segunda ocasión.

No obstante, los abogados todavía buscaron un último recurso: que el consulado de México en San Antonio diera ``fe notarial'' de que la persona que acompañaba a Fuentes León no era Muñoz Rocha, sino William Franklin Gardner. La representación diplomática negó esa posibilidad.

Y entonces Lozano Gracia tronó contra Hernández Haddad. En una carta que el procurador envió a José Angel Gurría el 18 de enero de 1995, señaló que era obligación de la representación diplómatica legalizar el documento presentado por la defensa de Fuentes León, independientemente de la declaración jurada de los elementos del SIN, ``que no compete a los agentes consulares corroborar''.

Unos días antes, cuando Fuentes León estaba a punto de ser entregado a las autoridades mexicanas (vía extradición) se produjo una nueva queja del Departamento de Justicia estadunidense contra la actuación de Lozano Gracia, quien insistió en que el cuestionado González Carrancá fuera el encargado de trasladar al abogado a territorio nacional.

El fiscal estadunidense no quería entregar al detenido a González Carrancá, por temor a que lo pusiera en libertad, y confió a Hernández Haddad que la intervención del enviado de Lozano ``podría provocar que el operativo de entrega fracase''. Así sucedió, Fuentes León fue liberado bajo fianza a los pocos días de llegar a México.

Pero no sólo eso. Un mes antes de que se concretara la extradición, González Carrancá y Juan Miguel Ponce Edmonson, en ese entonces agregado de la PGR en Los Angeles, intervinieron, y con la autorización de Lozano sostuvieron una entrevista con McTaggart, para pedirle que dejara a Fuentes León en Estados Unidos y se desistiera del juicio de extradición, además de cesar toda relación con el cónsul en San Antonio. De no hacer esto último -dijo Ponce Edmonson- se incurriría en el equivalente en México al delito de ``obstrucción de la justicia''.

McTaggart informó de todo esto la embajada de México en Washington, calificando la actitud de los enviados de Lozano de ``extraña y fuera de lugar''. Y acusó a González Carrancá de intentar ``bloquear el retorno de Fuentes León a México''.

Meses después intervino Gurría y puso fin a la disputa entre el Departamento de Justicia, el consulado de México y la agregaduría de la PGR. Poco antes de remover a Hernández Haddad, el canciller hizo una llamada a San Antonio: ``No queremos cónsules policías''.

La denuncia

El 30 de diciembre de 1996 -29 días después de que Lozano Gracia fuera sustituido por Jorge Madrazo Cuéllar en la PGR-, el ex cónsul Hernández Haddad presentó una denuncia de hechos ante la procuraduría por supuestas amenazas recibidas en el caso Muñoz Rocha-Fuentes León, y para ``describir conductas delictivas por parte de altos funcionarios públicos de la presente administración en agravio de la nación.

``De manera principal son identificables en el encubrimiento criminal que han venido realizando en el caso Muñoz Rocha los siguientes funcionarios: Antonio Lozano Gracia, ex procurador general de la República; José Angel Gurría Treviño, secretario de Relaciones Exteriores; Juan Rebolledo Gout, subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Bilaterales, y Jaime González Carrancá, representante de la PGR en Guatemala (el Departamento de Estado logró que en mayo de 1995 dejara la ciudad de San Antonio)''.

Asimismo, Hernández Haddad subrayó en su denuncia que después de recibir una ``amenaza de muerte'' de Gurría Treviño, trató de hacerle saber de esos detalles al presidente Ernesto Zedillo, a través de su hermano Rodolfo, quien ``el 11 de julio de 1995 me trajo esta respuesta: el Presidente no va a leer tus informes, ni ningún expediente, y tampoco va a dar una opinión sobre esos asuntos... sin embargo (agregaría el hermano del Presidente), te tengo un mensaje del general Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien te manda decir que te calles y que te quedes quieto pues te puede pasar algo... te van a dar un chingadazo en cualquier momento...'', según la queja presentada ante la PGR.