Adelanta Barroso Chávez para enero su salida de Cruz Roja
Angeles Cruz Ť El presidente de la Cruz Roja Mexicana, José Barroso Chávez, anunció ayer que la asamblea nacional de la institución se adelantará unos meses para que en enero se renueve el Consejo de Directores. Puntualizó que, en tanto esto ocurre, permanecerá en su cargo y afirmó: ``No voy a renunciar porque no tengo nada que ocultar''.
Durante la mañana de ayer, y antes de que se realizara una conferencia de prensa, circuló la versión de que Barroso Chávez renunciaría al cargo a causa del conflicto suscitado hace más de un mes con motivo de la denuncia por supuesto desvío de recursos presentada por siete ex presidentes de comités.
Parecía que el rumor se confirmaría, luego de media hora de retraso en la reunión con la prensa. Sin embargo, Barroso Chávez llegó sonriente, saludó a todos los reporteros y señaló que la renovación anticipada del Consejo Nacional de Directores tiene como fin evitar nuevos problemas. ``No quiero -dijo- que se vaya a pensar que me quiero quedar más tiempo del debido, como ha ocurrido con otras gestiones''.
La actual directiva, compuesta por 27 personas, fue electa el 28 de mayo de 1997 y, de acuerdo con los estatutos de la Cruz Roja, los integrantes del Consejo durarán en sus funciones dos años, ``pero permanecerán en sus puestos hasta que sus sucesores sean designados y tomen posesión''. Barroso Chávez señaló que a partir del 1o. de enero de 1999, es posible realizar la asamblea nacional en el momento que lo decidan los miembros del Consejo de Directores o los asociados.
El objetivo de que la siguiente reunión de la máxima instancia de gobierno en la Cruz Roja Mexicana se realice en enero próximo, explicó su también presidente vitalicio, es fortalecer al Consejo de Directores y demostrar a la sociedad que la institución sigue siendo confiable.
De entrada, rechazó que esta propuesta tuviera alguna conexión con la denuncia y la auditoría de la Junta de Asistencia Privada (JAP). Recordó que si ahora él ocupa la presidencia es porque así se lo solicitó 95 por ciento de los consejeros, ``sólo se opusieron los ex presidentes Fernando Uribe Calderón y Alberto Franco Sarmiento''.
Molesto por primera vez desde que se dio a conocer el presunto mal manejo de los donativos recibidos por la benemérita institución para apoyar a los damnificados del huracán Paulina, en Oaxaca y Guerrero, Barroso Chávez descalificó al presidente de la JAP, Víctor García Lizama, ``quien no ha comprobado las anomalías señaladas y sin fundamento cree que aquí las cosas se manejan como él lo hace en la junta: como quiere y sin consultar a nadie''.
Reiteró que el manejo de los recursos en la Cruz Roja se ha realizado con absoluta transparencia y siempre con el acuerdo de los 27 integrantes del Consejo Nacional. Asimismo, afirmó que el donativo de 2 millones de pesos a la Fundación de Apoyo Social, que él mismo preside, están justificados porque a cambio la institución recibió alrededor de 45 millones de pesos en medicamentos para los damnificados por Paulina.
Insistió en que, en todo caso, Irma Fernández de Faustch, quien en ese periodo fungía como vicepresidenta del consejo y también renunció en septiembre pasado, tuvo la responsabilidad de firmar las pólizas y cheques que ahora se impugnan.
Al referirse a las nuevas irregularidades detectadas por la JAP durante su auditoría, dijo que corresponden a hechos ocurridos en la gestión de Fernando Uribe Calderón, por lo que rechazó cualquier posible involucramiento de su gestión.
Señaló que cuando él recibió la presidencia de la Cruz Roja, en 1997, no le fue entregada ninguna auditoría y por eso la realizada por el despacho Casas Alatriste abarcó desde 1996.
Uribe Calderón ocupó la presidencia nacional entre 1992 y 1997. En ese periodo, la señora Violeta Recoux viuda de Arnaud donó un edificio ubicado en Schiller 256, colonia Polanco.
A decir de la JAP, hubo irregularidades en el manejo del bien inmueble, ``pero si eso es cierto, nosotros no tenemos nada que ver y habría que preguntarle a Uribe Calderón'', señaló Barroso. Dijo desconocer si en ese entonces el Consejo de Directores tuvo conocimiento de esto y si autorizó la compra venta final.
Lo único cierto, agregó Barroso Chávez, es que con el actual conflicto el daño causado a la Cruz Roja Mexicana ``es enorme''. Era la institución más confiable a nivel internacional y a causa de la denuncia de desvío de recursos, los apoyos ya comprometidos para apoyar a los desplazados de Chiapas simplemente se retiraron.
Por eso, advirtió, ``no se vale decir yo creo que hay irregularidades, hay que asegurar con pruebas''.
En tanto, hoy se inicia la Convención Nacional de Cruz Roja, en la ciudad de Querétaro. Asistirán más de mil delegados de todo el país para analizar durante tres días los programas de cada uno de los más de 15 comités (socorristas, enfermeras, médicos, desastres, captación de fondos, entre otros).
A la ceremonia asistirá el gobernador Ignacio Loyola. Más tarde, tendrá lugar la sesión plenaria y ahí Barroso Chávez hablará de la denuncia de desvío de recursos y de la auditoría de la JAP. Funcionarios cercanos al presidente nacional estimaron que los delegados manifestarán su apoyo a Barroso.
Angeles Cruz Ť Cheques sin fondos, venta de unidades ``como chatarra'' y comisiones de sorteos no ingresadas a la Cruz Roja Mexicana son algunas de las anomalías que se encontraron en la administración de algunos de los ex presidentes de comités que el pasado 23 de septiembre renunciaron a sus cargos y denunciaron un supuesto desvío de recursos en la institución.
Según el documento interno elaborado en la benemérita institución, Salvador Padilla Cano, Irma Fernández de Fautsch y Rosa María Enríquez de Caraza, ex titulares de Cruz Roja del Distrito Federal, de la Dirección Nacional de Delegaciones y del Comité Nacional de Captación de Fondos, respectivamente, realizaron actividades ``sin consentimiento'' del Consejo Nacional de Directores. Enterada de esos hechos, la Junta de Asistencia Privada (JAP) ``se negó a ahondar en la investigación y su respuesta fue: `lo que queremos es concluir ya esto' '', comentaron funcionarios cercanos a la investigación señalada.
De hecho, dijeron, ``les urge cerrar aunque no tengan completa su auditoría, con lo cual convalidarían los malos manejos de los ex presidentes de comités''.
Una investigación realizada a partir de su salida arroja, por ejemplo, que Salvador Padilla Cano, quien se desempeñaba como presidente de la Cruz Roja del Distrito Federal, dispuso de 25 mil pesos en efectivo, al parecer para solventar gastos de urgencia. Sin embargo, a la fecha no ha informado del uso de dicha cantidad ni tampoco la ha regresado.
El 19 de agosto de 1997, siendo presidente del Comité Nacional de Desastres, Padilla obtuvo un préstamo por la cantidad de 6 mil pesos, cuyo pago quedó garantizado con un cheque personal. ``En virtud de que no fue cubierto el adeudo se depositó el cheque y el mismo 16 de octubre de 1997 fue devuelto por falta de fondos''.
La investigación también encontró diversas irregularidades en el manejo de la Dirección General de Delegaciones. Entre ellas: faltan seis unidades (cajas y tractocamiones) que fueron donados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en septiembre de 1995.
La misma dirección llevó a cabo la venta de cinco tractocamiones en calidad de chatarra. Es de resaltar -señala el dictamen- que no existe documentación alguna que acredite el estado en que se encontraban las unidades vendidas con el objeto de verificar la calidad de ``chatarra'' y tampoco hay comprobantes para valuar el precio de venta.
En tanto, la dirección de Irma Fernández de Fautsch tampoco ha entregado o informado del destino de 30 por ciento de la comisión correspondiente a la venta de boletos del sorteo Oro Raspadito de 1997.
De su lado, Rosa María Enríquez de Caraza también incurrió en anomalías por haber realizado algunas compras sin cuidar de obtener los mejores precios y mayores beneficios para la Cruz Roja Mexicana. La indagatoria menciona el caso de los 17 mil portalápices que se utilizarían para la colecta escolar.
Los tres ex presidentes recibieron notificación notarial para que acudan a entregar las oficinas que estuvieron bajo su responsabilidad hasta el pasado 23 de septiembre y más formalmente dejaron de ocupar luego de la sesión del Consejo Nacional de Directores, el pasado 21 de octubre. Se espera que en estos días respondan a los citatorios, ``para saber qué fue lo que pasó, porque si la JAP ya no quiere investigar, nosotros sí iremos hasta el fondo'', señalaron funcionarios de la Cruz Roja Mexicana.