José Córdoba, peligro para ``la seguridad nacional'', alertaron a la SRE en 1995

David Aponte y Juan Manuel Venegas Ť A principios de 1995, diversas comunicaciones diplomáticas con carácter de ``urgente'' transmitidas desde San Antonio, Texas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), alertaron al entonces canciller José Angel Gurría del peligro que para ``la seguridad nacional de México y sus instituciones'' representaban José Córdoba Montoya y sus allegados, por presuntos nexos con el narcotráfico.

El contenido de los textos oficiales en poder de La Jornada -firmados por el ex cónsul general de México en San Antonio, Humberto Hernández Haddad- recomendaba a la oficina encargada de la política exterior mantener alejados de cualquier información relativa a investigaciones antinarcóticos a ``funcionarios o personas relacionadas'' con el ex jefe de la Oficina de la Presidencia y principal asesor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Los mismos documentos consignan que otra persona ``peligrosa'' era Justo Ceja Martínez, ex secretario particular de Salinas de Gortari. Ceja Martínez actualmente es prófugo de la justicia mexicana, buscado por enriquecimiento ilícito y por su presunta participación en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. La DEA y la Procuraduría federal de Suiza lo ubican también entre los ex funcionarios mexicanos que habrían dado protección a los capos de la droga.

Según la comunicación enviada el 30 de mayo de 1995 a las 10:33 horas a la oficina de Gurría Treviño, existe una ``relación voluntaria o involuntaria entre José Córdoba Montoya, Marcela Bodenstedt, Enrique Fuentes León (identificado por la DEA como abogado del cártel del Golfo), el ex diputado Manuel Muñoz Rocha y Juan García Abrego''.

Vía notice (correo electrónico utilizado por la SRE para sus comunicaciones internas con todas las representaciones de México en el exterior), la misiva hace énfasis en los indicios que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene ``desde 1992'' respecto a los vínculos del comandante Fernando de la Sota Rodalléguez con el cártel de Juárez, el mismo personaje que apareció el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en el equipo de seguridad del asesinado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.

Las imputaciones contra Córdoba Montoya y Ceja Martínez por sus supuestos nexos con los cárteles mexicanos del narcotráfico no sólo están contenidas en las comunicaciones diplomáticas a Tlatelolco, también aparecen en la averiguación previa 4068/DO/97; en cartas al ex embajador Jesús Silva Herzog, y en ``telegramas urgentes'' dirigidos a Carlos Salomón Cámara, en ese tiempo director de Comunicación Social de la Presidencia, para que los hiciera llegar al presidente Ernesto Zedillo.

El despacho de las complicidades.

Los reportes de Hernández Haddad esbozan una red de complicidades entre funcionarios, ex funcionarios, empresarios, abogados y narcotraficantes. Alguna parte de la información transmitida a México es atribuida a la agencia antinarcóticos de Estados Unidos y al fiscal federal Glenn McTaggart, del Departamento de Justicia para el distrito oeste de Texas.

Y muestran la ``desconfianza'' de las autoridades federales de investigación estadunidenses hacia sus contrapartes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de algunos empresarios mexicanos con negocios en Estados Unidos.

Los documentos en poder de La Jornada entrelazan a los personajes en historias que los funcionarios estadunidenses apenas informaron al gobierno de México y de las cuales tienen voluminosos expedientes abiertos, fundamentalmente de los nexos del abogado Enrique Fuentes León con los círculos del poder salinista y la mafia asentada en Texas, pero cuyas raíces están en nuestro país.

Decenas de cartas, minutas de trabajo, denuncias, memorandos ``secretos'' y ``confidenciales,'' y declaraciones bajo juramento ante jueces de Estados Unidos forman el grueso expediente al que este diario tuvo acceso y que la PGR no ha dado cauce ni conocimiento a la opinión pública.

En la oficina del Departamento de Justicia en Texas existió pleno conocimiento de la relación que mantuvo Córdoba Montoya con Marcela Bodenstedt, ex locutora de televisión y ex agente de la Policía Judicial Federal, identificada como enlace del cártel del Golfo con funcionarios mexicanos.

De acuerdo con el mensaje que Hernández Haddad envió a Gurría Treviño aquella mañana de mayo del 95, las intercepciones telefónicas entre el ex jefe de la Oficina de la Presidencia y la rubia mujer ``confirmaron la relación voluntaria o involuntaria entre José Córdoba Montoya, Marcela Bodenstedt, Enrique Fuentes León, Manuel Muñoz Rocha y Juan García Abrego'', ex jefe del cártel del Golfo, actualmente preso en Houston.

No existe duda, según el informe consular, de que ``el bufete jurídico de Fuentes León (identificado por la DEA como abogado del cártel del Golfo) era el punto de contacto'' de Córdoba Montoya con los allegados de García Abrego.

Fuentes León ya estaba en la mira de los estadunidenses. En ese año, cuando México lo reclamaba por presunto soborno a un magistrado del estado de Guerrero (trataba de modificar una condena en contra el empresario Alejandro Braun Díaz, violador de una menor de edad), la DEA ya lo había reportado a la PGR por su relación con García Abrego.

Paralelamente, dos agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) que detuvieron al abogado mexicano el 19 de octubre de 1994 en San Antonio, Texas, identificaron entre sus acompañantes al ex diputado Manuel Muñoz Rocha, coautor intelectual del homicidio contra José Francisco Ruiz Massieu.

Los dos agentes especiales del SIN, Rodrigo Reyes y Juan M. Martínez, juraron ante una Corte federal en Texas que Muñoz Rocha, quien sigue siendo el eslabón perdido en los arrestos del caso Ruiz Massieu, acompañaba a Fuentes León al momento de la detención del abogado.

A partir de este hecho, los estadunidenses iniciaron una indagatoria sobre las actividades de Fuentes León y sus relaciones con el poder en México. Esa investigación fue conocida por Hernández Haddad y alertó, en su momento, a Gurría y al entonces procurador panista Antonio Lozano Gracia:

``Los agentes federales que realizaron la aprehensión de Fuentes León y reconocieron a Muñoz Rocha han realizado en dos ocasiones declaraciones bajo juramento y se sostienen en sus afirmaciones. De igual forma, otros vecinos de San Antonio aseguran haber visto a Muñoz Rocha en diferentes lugares, entre otros un empleado de la agregaduría de la PGR en San Antonio (el sargento Adrián Tejeda, militar retirado del Ejército de Estados Unidos), quien nos informó haberlo visto en un hotel (el Sheraton Fiesta).

``Por otra parte, la DEA ha hecho saber que Enrique Fuentes León representó a Juan García Abrego en un litigio en Matamoros, Tamaulipas, y que sus actividades profesionales como abogado han sido desde entonces objeto de una indagación.

``Del mismo modo, desde 1992 el Departamento de Justicia, a través de su oficina en San Antonio, ha establecido reservas sobre el connacional Fernando de la Sota Rodalléguez, quien vino entonces a esta ciudad como comisionado de la PGR para investigar al cártel de Juárez. La información que tiene el Departamento de Justicia sobre De la Sota debe ser objeto de una seria investigación''.

De la Sota... otra vez...

Esta comunicación del consulado a Tlatelolco, y luego turnada a la PGR, se dio a poco más de un año del asesinato cometido contra Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, lugar donde reapareció públicamente De la Sota como dirigente de la formación diamante que Mario Aburto Martínez salvó para disparar a la cabeza del aspirante presidencial.

Los abogados de Aburto en Los Angeles, California, diputados y senadores, y la prensa en general pidieron que se investigara a De la Sota. La PGR jamás lo hizo, a pesar de que contaba con los informes consulares que daban cuenta de la investigación que en Estados Unidos estaba abierta contra el misterioso personaje, sospechoso de mantener nexos con el narcotráfico.

En 1992 los federales estadunidenses ya le habían tendido un cuatro a De la Sota para reafirmar sus sospechas de los tratos que el comandante mexicano mantenía con el cártel de Juárez. Con la fachada de un operativo encubierto contra la organización de Amado Carrillo Fuentes, el Departamento de Justicia solicitó al entonces procurador de la República, Ignacio Morales Lechuga, que enviara a De la Sota a Texas para colaborar en la acción antinarcóticos.

Morales Lechuga respondió satisfactoriamente y De la Sota viajó a San Antonio. Ahí fue informado de los detalles del operativo, mismos que transmitió (según la investigación estadunidense) a la gente del cártel de Juárez. El Departamento de Justicia confirmó sus sospechas y oficialmente expresó su queja a la PGR. Morales Lechuga cesó a De la Sota, pero nunca investigó las sospechas, a tal grado que alguien (todavía no queda claro quién) lo empleó en la vigilancia personal de Luis Donaldo Colosio.

La conexión peligrosa

Las comunicaciones enviadas, tanto a Tlatelolco como a la embajada de México en Washington, dan cuenta también de posibles nexos de Justo Ceja Martínez con el narcotraficante estadunidense Juan Chapa Garza, quien se fugó de una cárcel texana el 19 de abril de 1989 para residir en Saltillo, Coahuila, en donde adquirió la empresa Aztlán e hizo negocios con prominentes empresarios norteños, según las investigaciones de la PGR y de la DEA.

A petición del Departamento de Justicia, Chapa Garza fue capturado de nueva cuenta con fines de extradición el 29 de octubre de 1994, en el estado de Baja California. Entonces, dicen los reportes consulares, la investigación contra Chapa Garza arrojó un dato revelador: recibió protección en México de Ceja Martínez.

``Por todo lo anterior -sostienen los documentos referidos- resulta indispensable que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe al fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla sobre la existencia de estos testimonios, a fin de que proceda a incorporarlos a la investigación a su cargo. Mientras ello ocurre, resulta de la mayor importancia evitar que estos informes puedan ser manejados por funcionarios o personas relacionadas con José Córdoba Montoya, las cuales, de manera voluntaria o involuntaria, pudieran estar vinculadas a hechos que representan un grave peligro para la seguridad nacional de México y sus instituciones''.

Otra minuta de trabajo, firmada por Hernández Haddad el 3 de abril de 1995 en San Antonio (agregada a la averiguación 4068/DO/97) advierte sobre la importancia de ``tener un especial cuidado'' en el manejo de estos reportes con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo Gout, ``dados sus estrechos vínculos con José Córdoba Montoya y Carlos Salinas de Gortari''.

Ni José Angel Gurría ni Antonio Lozano Gracia atendieron las llamadas de alerta del consulado en San Antonio y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.