Después de los grandes esfuerzos para lograr que en México haya elecciones limpias, existen todavía signos preocupantes sobre el estado que guarda la democracia en México. En contra de la versión oficial, que señala que ya estamos en una fase de ``normalidad'' democrática y que, finalmente, se han superado los viejos esquemas de fraude, hay otra cara de la moneda que se genera por las viejas prácticas y vicios todavía vigentes, y que, simplemente, se han acomodado a las nuevas circunstancias. Se trata de focos rojos que es necesario analizar.

No se pueden negar los avances en materia electoral: la autonomía de los organismos, las condiciones de mayor equidad en la competencia, la lucha por la alternancia, los gobiernos divididos, la mayor apertura de los medios de comunicación a la sociedad, el creciente pluralismo y las batallas para expandir la tolerancia. Pero, al mismo tiempo, han surgido nuevos problemas y se han acomodado viejas prácticas que hay que reconocer para desactivar.

Dentro de éstas se encuentran las campañas internas que hace el priísmo en los estados para seleccionar a sus candidatos. Como una pieza que sustituye las anteriores decisiones presidenciales, se ha creado una zona que ha sido ocupada por los intereses más duros del priísmo y que operan los gobernadores de línea dura que mueven, gastan, manipulan, para sacar adelante a sus sucesores. Las costosas precampañas del PRI no son vigiladas ni tampoco existe obligación de rendir cuentas a nadie.

Los organismos electorales de los estados no tienen los instrumentos legales y administrativos para sancionar, y en el Instituto Federal Electoral (IFE) tampoco hay mecanismos suficientemente efectivos para enfrentar el problema. Así que ahora los organismos pueden ser muy autónomos, pero son ineficientes para controlar el gasto de los partidos.

Algunos ejemplos muestran el tamaño del problema: en las elecciones de Chihuahua se fijó un tope de 15 millones de pesos y, según cálculos que circulaban en la opinión pública, se mencionaba que el PRI había gastado 100 millones de pesos; el reciente caso de Tamaulipas es otra muestra. Lo que pasó en Tabasco con los gastos millonarios de la campaña de Madrazo, en 1994, no es una excepción, sino una tendencia creciente. Si a este esquema se suman otros mecanismos de compra de voto y coacción, que hoy son más sofisticados, se tiene un panorama bastante preocupante.

Otro ejemplo: en estados gobernados por la oposición, como en Jalisco, hubo una diseminada, pero muy efectiva compra de votos rurales por cantidades que variaban entre 50 y 200 pesos. Si esto se ha hecho en los estados para ganar una elección local, podemos imaginarnos el tamaño de la embestida del PRI frente a las elecciones del año 2000.

No tenemos que profundizar mucho para medir los grados de democratización y consolidación que tiene -supuestamente- nuestro tránsito a la democracia. Nos podemos quedar con el primero de los criterios, elecciones libres, para ver que aún no se logra superar la compra y coacción del voto; además de los grandes huecos en la regulación de los recursos que gastan los partidos, ya sea en campañas o en las fases previas para elegir candidatos. Estos son dos de los grandes retos del IFE para el 2000.

La realidad es que todavía la oposición se enfrenta a un poderoso aparato partidista dispuesto a hacer cualquier cosa para conservar el poder.

En los próximos días veremos cómo el PRI probablemente gana las gubernaturas que cierran el año, en tanto la oposición se hace pedazos en sus divisiones, y muestra al país la incapacidad que tiene para lograr acuerdos básicos sobre los problemas graves del país. De la misma forma, quizá veremos pronto cómo el PRI logra mecanismos de unidad para elegir a su candidato a la presidencia, mientras el PAN se conserva ``puro'' y cerrado en sus mecanismos, y el PRD entra en una desgastante batalla interna. El camino al 2000 está lleno de focos rojos. Seguiremos con el tema...