La Junta de Asistencia Privada (JAP) dio a conocer ayer que, como resultado de las auditorías que realiza a la Cruz Roja Mexicana -organismo que preside José Barroso Chávez- encontró diversos indicios de irregularidades en el manejo financiero de la institución.

Por una parte, no existen documentos que justifiquen la transferencia de 2 millones de pesos a la Fundación de Apoyo Social (FAS), también dirigida por Barroso Chávez; por la otra, el resultado de la investigación pone en tela de juicio la afirmación del funcionario acerca de que esa fundación recibió ayuda en medicamentos y alimentos por 45 millones de pesos, proveniente de la organización estadunidense AmeriCare, toda vez que los registros correspondientes indican que las donaciones no valen sino 32 mil 500 dólares, es decir, menos de la centésima parte de la cifra que maneja el presidente de la Cruz Roja Mexicana.

Adicionalmente, los auditores de la junta han detectado el manejo anómalo de un edificio propiedad de la institución investigada.

Estos preocupantes indicios de que directivos de la Cruz Roja pueden haber malversado recursos entregados de buena fe por organismos no gubernamentales y extranjeros, y por la sociedad mexicana en su conjunto, deben llevar a una investigación exhaustiva y a las denuncias civiles y penales que correspondan, a fin de discernir los posibles ilícitos cometidos y, en su caso, sancionar conforme a derecho a los responsables.

Por lo demás, la Cruz Roja dista de ser la única institución de asistencia privada cuya directiva se encuentra bajo sospecha. En semanas recientes, la opinión pública se ha enterado de múltiples acusaciones de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos económicos en varios de esos organismos.

A los señalamientos sobre la Cruz Roja han de agregarse los formulados por la Junta de Asistencia Privada contra el Montepío Luz Saviñón y los que, como parte de las reacciones, se han hecho contra la propia junta, entidad encargada de supervisar el buen funcionamiento de las instituciones mencionadas.

Tales episodios han causado un daño considerable a la credibilidad de las instituciones de asistencia privada y, por consiguiente, de su capacidad operativa, en la medida en que su funcionamiento y su viabilidad dependen, en primer lugar, de la buena fe. Ejemplo claro de ello es la crisis económica por la que atraviesa la institución benemérita ante la significativa reducción de los donativos.

En esta circunstancia es claro que, independientemente de que Barroso Chávez sea inocente o culpable de las irregularidades financieras de que se le acusa, su impugnada presencia al frente de ese organismo constituye un obstáculo para lograr los objetivos de la Cruz Roja Mexicana.

En otro sentido, las informaciones referidas ponen sobre la mesa la necesidad de modificar sustancialmente el estatuto que actualmente rige a las instituciones de este tipo. En primer lugar, se requiere eliminar los mecanismos de control, vigilancia y fiscalización de las juntas de notables y colocarlos en manos de la sociedad en general, a fin de que sean realmente eficaces y funcionales.

Resulta inevitable concluir que el asistencialismo en su conjunto ha sido puesto en tela de juicio por los hechos reseñados.

Los organismos centrales de atención médica, social y educativa a la población deben seguir siendo entidades públicas, en tanto que los grupos asistenciales privados deben limitarse a tener un carácter estrictamente complementario.