La sentencia contra Benigno Guzmán alienta la violencia en Guerrero: ONG
Maribel Gutiérrez, corresponsal, y Salvador Guerrero Chiprés Ť La defensa del dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Benigno Guzmán Martínez, informó ayer en Acapulco, Guerrero, que apelarán contra la sentencia de 13 años, 4 meses y 15 días de prisión a que fue condenado el viernes su defendido por los delitos de motín, sedición y daños.
La directora del Comité de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz, de Coyuca de Benítez, Hilda Navarrete, quien con la abogada Pilar Noriega llevan la defensa, manifestó que esta resolución del juez sexto penal, Adolfo van Meeter Roque, muestra la política gubernamental de reprimir a quienes lucharon por las demandas de los campesinos y por la justicia durante el gobierno de Rubén Figueroa, mientras que a los funcionarios involucrados en la matanza de Aguas Blancas se les protege y solapa.
Dijo que apenas ayer sábado Rubén Robles Catalán, ex secretario general del gobierno de Figueroa --que fue suspendido del cargo por recomendación de la CNDH a raíz de la matanza de 17 campesinos de la OCSS en Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995--, fue designado presidente del Consejo Directivo de Notarios de Guerrero.
Asimismo, recordó el caso de la ex agente del Ministerio Público en Coyuca de Benítez, Francisca Flores Rizo, quien estuvo presente en el lugar de la masacre --por ese motivo estuvo procesada--. Fue exonerada por el mismo juez Van Meeter --que condenó ayer a Benigno--, quien le dictó auto de libertad. Actualmente es encargada de derechos humanos de la Pastoral Social del Arzobispado de Acapulco.
Destacaron que además el gobernador Figueroa Alcocer, el procurador de Justicia Antonio Alcocer y el director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy, los principales involucrados en la masacre de Aguas Blancas, fueron exonerados por el fiscal que investigó el caso, pero el gobierno mexicano no ha cumplido una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dio a conocer en enero de este año y que plantea que debe reabrirse el caso para investigar la responsabilidad de ex funcionarios.
En la ciudad de México, mientras tanto, Adriana Carmona, coordinadora jurídica del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, consideró que la condena dictada contra Benigno Guzmán, dirigente de la Organización Campesina Sierra del Sur (OCSS) ``demuestra la aplicación de un tipo de supuesta justicia dirigida contra los luchadores sociales, en la que se ignoran las evidencias y el proceso técnico''.
Indicó que la pretensión del Ministerio Público Daniel García, de querer aumentar la condenada dictada y hacerla pasar de 13 a 40 años no contribuye a la justicia sino ``a promover la violencia y la venganza'' en el estado de Guerrero, donde irrumpió el Ejército Popular Revolucionario en Aguas Blancas en una ceremonia en que estaba presente Benigno Guzmán el 28 de junio de 1996.
La condena, agregó Carmona, demuestra la veracidad del informe de la CIDH, en el sentido de que existe ``falta de independencia entre los organismos del poder Judicial y el poder Ejecutivo''.
Benigno Guzmán fue detenido sin orden de aprehensión en la ciudad de México en enero de 1997, mientras huía de la persecusión desatada en su contra por Rubén Figueroa.
Anunció que el centro dirigido por el sacerdote Miguel Concha Malo ofrecerá una conferencia de prensa esta semana sobre el último reporte de violaciones a los derechos de los procesados, especialmente de aquellos que han sido torturados.
Manifestó preocupación por ``la facilidad'' con la cual puede condenarse a un campesino mientras no se persigue a responsables de matanzas o se mantiene un tipo de violencia violadora de los derechos de pobladores de comunidades presuntamente eperristas que han sido detenidos en los últimos dos años y medio.