A George Bush, entonces director de la CIA, se le atribuye ``el aval'' de ese y otros crímenes

Stella Calloni, corresponsal /II, Buenos Aires, 1o. de noviembre Ť El asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976, fue lo que hizo saltar a la luz pública la siniestra Operación Cóndor, que había cobrado también las vidas del ex presidente del Parlamento de Uruguay Héctor Gutiérrez Ruiz y del ex ministro y ex legislador Zelmar Michelini, así como de Rosario del Carmen Barredo de Schoeder y de William Vitlav Blanco, su esposo, también emigrado de Uruguay. Sus cadáveres, con señales de tortura, fueron hallados en una camioneta, en un barrio de esta capital, el 22 de mayo de 1976, y nuevamente se intentó atribuir el crimen a la izquierda.

A fines de ese mismo trágico mayo, el general Juan José María Torres, ex presidente de Bolivia, fue secuestrado aquí y su cadáver apareció en San Andrés de Giles, localidad cercana a Buenos Aires.

Estaba en plena acción el Cóndor con la dictadura argentina ya instalada. Las siniestras redes fueron revelándose con el paso del tiempo, mediante investigaciones periodísticas y pese al silencio de los ideólogos y cómplices. Cuando Letelier fue asesinado en Washington, era jefe de la CIA George Bush, años después mandatario estadunidense y a quien diversos análisis periodísticos acusaron de obstaculizar dicha investigacion, al tiempo que daba su ``visto bueno'' a otros crímenes como el de la voladura del avión de Cubana de Aviación, que costó la vida a 73 personas.

También se atribuye a Bush el reclutamiento de mercenarios para enviar a Angola. En este caso, los periódicos Sunday Telegraph y The Washington Post dieron cuenta de que la CIA había gastado unos 20 millones de dólares en esta operación, destinada a actuar contra el Movimiento Popular de Liberación de Angola.

En el caso Letelier, Bush había sido informado por el embajador estadunidense en Paraguay, George Landau, de sus sospechas por haber sido casi obligado a firmar pasaportes paraguayos falsos para el militar chileno Armando Fernández Lario y el estadunidense Michael Townley, quienes viajaron a Washington en el entramado del crimen de Letelier.

El propio dictador Alfredo Stroessner autorizó estos pasaportes a solicitud del subdirector de la CIA, Vernon Walters, cuya relación con hombres de Stroessner surge claramente de cartas e informes en los Archivos paraguayos, especialmente los que involucran a Conrado Pappalardo, funcionario del entorno íntimo del dictador paraguayo.

Ya en 1996, el general chileno Manuel Contreras advertía sobre la implicación de Bush en estos movimientos criminales. Cuando se le juzgó y le fue comunicada su condena, mencionó al ex presidente estadunidense como el responsable del asesinato de Letelier. Incluso denunció ser victima de una intriga de la CIA. Disgustado por su implicación, Contreras involucró a la policía política venezolana (Disip) que, según dijo, ``trabajaba directa- mente para la CIA. Ellos cometieron varios atentados juntos y planearon otros'', dijo el ex jefe de la Dina chilena.

Precisamente, la Disip fue acusada de facilitar la fuga del cubano Luis Posadas Carriles, quien además de ser autor del atentado de Barbados, actuó en acciones terroristas de la contra nicaragüense en Centroamérica.

La conexión panameña

Tirar del hilo hace que la madeja parezca infinita, y como en un juego maldito, cada trama que se mueve dejar ver otra y otra. Cuando en abril de 1995 Contreras sintió que iba a ser difícil rehuir a la justicia y amenazaba con presentar un dossier con todos sus secretos que inculpaban a Washington, buscó refugio en una finca en Valdivia, al sur de Chile. El cerco periodístico llevó a investigar a los dueños del lugar, y el resultado fue sorprendente: la empresa propietaria debía al fisco chileno unos 50 mil dólares obtenidos como préstamos de la propia dictadura.

La finca había sido traspasada dolosamente bajo hipoteca a la Chola Corporation, compañía panameña creada por Contreras y un abogado, nada menos que el ex presidente panameño Guillermo Endara, quien juró su cargo en una base de Estados Unidos mientras que tropas de ese país invadían Panamá, el 20 de diciembre de 1989.

Hay otros datos clave de operaciones conjuntas, como la llamada Operación Colombo, que consistió en el exterminio de 119 prisioneros chilenos a los que se hizo figurar entrando a territorio argentino. Según la indagación de la periodista chilena Mónica González, documentos de la Dina revelan fuertes lazos con los argentinos. En oficio despachado desde la Dina en 1975 se informaba de la ``incorporación'' de otro grupo, el Operativo Arens, cuyo jefe era llamado ``el carnicero'', especialista en ``quemados y ahogados''.

Contreras y el militar chileno Eduardo Iturriaga Newman fueron condenados a 18 y 20 años de cárcel en Italia, en torno al asesinato de Prats. En Estados Unidos, Townley dijo que la bomba que mató a Prats fue construida con ``ayuda argentina''. Asimismo, se mencionó que Iturriaga Newman mantenía contactos con grupos terroristas cubanos de Miami y con la gente del comando italiano Delle Chiae.

Tirando más del hilo, también se habla de los vínculos de Iturriaga con el grupo argentino Milicias liderado por Martin Ciga Correa, quien actuó en la guerra sucia centroamericana bajo el nombre de Jorge Santamaría hasta la guerra de las Malvinas (1982), cuando se sintió ``traicionado'' por Washington.

En 1977 Iturriaga, inculpado también en la Operación Colombo, viajó a Estados Unidos como guardaespaldas de Pinochet bajo la identidad de Diego Castro Castañeda.

La juez argentina Maria Servini de Cubría --quien ordenó la detención del agente chileno Enrique Arancibia Clavel una vez reabierto el juicio por el asesinato de Prats-- considera que el principal obstáculo para llegar al fondo de ese caso Prats es la imposibilidad de interrogar a Townley, bajo protección estadunidense y cuya estrategia es hablar de los latinoamericanos y callar la accion de su país en todo esto. Townley está implicado además en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Santiago de Chile, en julio de 1976.