Existiría una ``actitud de boicot'' a la acción de los 16 delegados, de acuerdo con informe oficial

Ricardo Olayo Ť Al menos públicamente, la relación del gobierno capitalino con el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) es de ``respeto mutuo y colaboración'', aunque un análisis interno, aprobado por los 16 delegados políticos y la Secretaría General de Gobierno indica que, en algunos casos, ``se ha llegado a sentir, por parte de los trabajadores, una actitud de boicot y obstaculización al trabajo delegacional''.

Con el sindicato se han presentado problemas como el de la corrupción, que obliga a reforzar los mecanismos de supervisión, entre ellos ``acciones sorpresa'' a cargo de subdelegados o subdirectores, con visitas al lugar de trabajo para verificar el estado de determinada obra o gestión.

``La eficacia de estos recorridos o cualquier tipo de acción en este sentido dependerá de la energía con que se actúe en cada caso. Por ello, será necesario revisar con el sindicato la posibilidad de aplicar despidos selectivos en los casos de corrupción más graves, de tal forma que funcionen como ejemplos disuasivos'', indica el texto que fue resultado de una reunión de trabajo de funcionarios de la Secretaría de Gobierno, delegados y subdelegados, y cuya redacción se encomendó a cuatro delegados políticos.

Aprobado a finales de agosto, el documento expone dos estrategias en su trato con el sindicato que afilia a alrededor de 200 mil trabajadores. Primero, acciones paralelas, ``como la recuperación de los espacios de la estructura administrativa en poder del sindicato y una constante negociación con la representación sindical orientada a obtener una mayor flexibilidad en las tareas que realizan los trabajadores''.

La segunda parte de la estrategia son acciones conjuntas con la dirigencia ``que podrían comenzar con un estudio del reglamento, en el que se detecten los aspectos que de alguna forma impidan una administración eficaz y, en su caso, sugerir reformas que no contravengan los legítimos derechos de los trabajadores''.

Para el caso del comercio ambulante, ``la Secretaría General de Gobierno negociará explícitamente con el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal la remoción de los inspectores hasta hoy contratados. El objetivo de dicha negociación será que los delegados cuenten con un cuerpo de inspectores libres de los compromisos y la corrupción prevalecientes en los actuales''.

El texto analizó diferentes aspectos de coordinación interdelegacional, entre ellos la lucha contra la corrupción, renglón en el que se identifica a la corrupción en pequeña escala como la que más afecta. ``Las formas que adquiere van desde el intercambio de determinado servicio público por dinero hasta la aprobación de trámites que no satisfacen los requisitos legales, pasando por la venta de materiales y herramientas por parte de los trabajadores''.

Luego, sostiene que ``varias delegaciones han presentado problemas en sus relaciones con el sindicato'', por la falta de colaboración en algunas tareas, lo que merece atención para evitar que sea mermada la capacidad de respuesta ante la demanda ciudadana.

Un mes después de la aprobación del documento, redactado por los delegados Ricardo Pascoe, Diana Bernal, Graciela Rojas y Jesús Zambrano, de Benito Juárez, Iztacalco, Tláhuac y Gustavo A. Madero, respectivamente, se presentó el informe de labores del jefe de gobierno, Cuauthémoc Cárdenas.

En el informe de gobierno, se indica que ``la relación con el sindicato es de respeto mutuo y de colaboración. El gobierno no tiene ninguna injerencia en la vida sindical, a la vez que mantiene una comunicación continua con los y las representantes de los trabajadores''.

Detalla que en el primer semestre del año hubo dos ciclos de reuniones entre la oficialía mayor y la representación de todas las secciones sindicales en las que se plantearon diversas demandas, y ahí ``se establecieron múltiples compromisos orientados a mejorar las condiciones de trabajo''.

Para este año, está considerado, según el informe de Cárdenas, compactar los horarios del personal administrativo, normar las prestaciones sociales y servicios médicos, así como un convenio único de coordinación con el ISSSTE, para la operación de prestaciones ordinarias y extraordinarias.