En noviembre se tienen que enfrentar, finalmente, las fuertes presiones económicas y políticas que provienen de la crisis financiera. Si es que habrá un Presupuesto Federal que sirva para conducir la economía mexicana por un camino que no sea otra vez el de la austeridad, algo en serio deberán hacer los técnicos de Hacienda y los políticos del Congreso.

La verdad no es mucho lo que puede esperarse a estas alturas. Los ciudadanos nos preparamos para lo peor, un año más de restricciones y de expectativas disminuidas y, por favor, no nos pidan esos técnicos y esos políticos que nos acostumbremos puesto que no hay de otra. Ese es el verdadero discurso globalizador y es una pésima oferta política, que pone en evidencia el pasmo de los políticos de derechas e izquierdas aquí y en todo el mundo.

La crisis bancaria de 1995 tiene unos costos inmensos para esta economía, o mejor dicho y para evitar más eufemismos, significa que los recursos financieros, por cierto muy escasos, tienen que destinarse a administrar el Fobaproa y por ello habrá menos para otras cosas, como la inversión, por ejemplo, o el mismo gasto social, eso que solía llamarse bienestar de la población. Así es el asunto de la partida doble, se aplique a la macro o a la microeconomía; así es el problema del debe y el haber o como se ve hoy: del debe haber, pero no hay. El Fobaproa representa --¿o es que ya se ha olvidado?-- un quebranto financiero del orden de 55 mil millones de dólares, eso es mientras no se siga devaluando el peso frente al dólar, que ha sido, por cierto, una forma sutil y efectiva de reducir ya una parte de esa enorme deuda, claro con mayor inflación y carestía.

Los largos debates en el Congreso y con el gobierno no han llevado a una propuesta financiera eficaz ni políticamente convincente para administrar la crisis bancaria. El gobierno ha llevado todo esto al terreno técnico del mercado para enfrentar un asunto que evidencia no sólo los graves errores cometidos durante largos años en la conducción de la economía, sino las grandes fallas institucionales en cuanto a la reglamentación y supervisión de un muy acelerado proceso de liberalización, apertura y privatización de los negocios financieros y, también, de una debilidad jurídica que creó un ambiente permisivo para el saqueo y la transa. Cada vez que el gobierno tiene que repetir que actúa en el marco de la ley, se debilita más la estructura político-jurídica de esta sociedad.

La postura oficial para administrar la crisis bancaria ha sido clara y terca desde que se envió la ley del Fobaproa al Congreso en marzo pasado. El PAN envía, como ya es costumbre, señales de humo que nunca dejan clara su postura hasta que generalmente votan con el gobierno; ya pasó con el debate sobre el presupuesto de 1998 y está por ocurrir, otra vez, con el Fobaproa. La acusación que hace su dirigencia al PRD de no querer aceptar propuestas en beneficio de la nación, es una forma de chantaje que, aunque sabemos que es una práctica política, no tiene eco en este momento. Pero el PRD, a pesar de la posición que ha mantenido, no ha sido capaz de ofrecer una alternativa clara que distribuya de modo más equitativo el costo de la intervención en los bancos y, con ello, convoque a un respaldo social contundente. El pragmatismo del gobierno, que llama a resolver el caso como cualquier otro de los problemas que este equipo ha tenido que resolver en los últimos 17 años de crisis, no tiene enfrente un pragmatismo de la oposición que haga claras las opciones políticas existentes. La sociedad, en su mayor parte, contempla desde ringside la lucha sin ejercer una presión social que marque el rumbo.

Pero es noviembre y en tres semanas como máximo deberá presentarse a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto, y no nos va a gustar nada. Con menores ingresos petroleros y tributarios, con una mayor deuda pública y mayores intereses por pagar, en un entorno de mayor inflación y menor crecimiento, la política fiscal será muy restrictiva y con ello las expectativas del próximo año. Desde 1982 este equipo de gobierno que ahora manda y que entonces ocupaba posiciones menores, y que ha tenido nuevas contrataciones y adeptos, ha ofrecido una reforma del Estado profunda. Uno de los componentes principales de dicha reforma era el saneamiento de las finanzas públicas. Para ello ha habido privatizaciones, reasignaciones presupuestales, reducción de subsidios, políticas de precios de los bienes y servicios públicos, apertura comercial y financiera, Tratado de Libre Comercio, autonomía del banco central, etcétera. Pero después de todo, el panorma casi al final del tercer sexenio de este modelo y de este equipo de gerencia estatal, lo que se está fraguando es una crisis fiscal del Estado. Cuando se cierre el círculo nos costará mucho más echar a andar este carro.