Avanza la privatización de la industria petroquímica

Elizabeth Velasco C./ I Ť Como parte de la estrategia para hacer más atractiva la privatización de la industria petroquímica primaria, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha adelgazado sus ``pasivos'' laborales con una ``selectiva'' liquidación y jubilación de personal que representa la pérdida de 70 por ciento de las plazas y el despido de más de 4 mil trabajadores en los últimos tres años, sostiene el dirigente del Movimiento Petrolero Nacional, Hebraicaz Vázquez Gutiérrez.

Antes de que concluya 1998, igual suerte correrían 5 mil trabajadores -de una plantilla de 18 mil- del complejo petroquímico Morelos, en caso de que la Secretaría de Energía consume la concesión a empresas extranjeras y mexicanas que garanticen una inversión mínima de 750 millones de dólares en el primero de 13 centros, destaca Rafael Decelis y Contreras, miembro del Consejo Político de la Sociedad Mexicana de Ingenieros y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Lo paradójico es que todavía ``no se privatiza ninguno de los 13 complejos de esa industria'' y su razón social ya ha cambiado.

``Los contratos colectivos de trabajo de las 61 plantas ya aparecen como Sociedad Anónima de Capital Variable'', advierte Miguel Angel Machorro, coordinador nacional del Movimiento Petrolero.

El plazo para la presentación de ofertas con miras a la adquisición del complejo Morelos venció el 28 de octubre. Se invitó a participar en la licitación a empresas transnacionales, ya que la cantidad requerida para adquirir 49 por ciento de las acciones impide el concurso de empresas mexicanas, a menos que se asocien con alguna extranjera, sostiene Decelis.

El también integrante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística señala que la licitación de la petroquímica primaria es ``totalmente ilegal'' y está ``plagada de irregularidades''.

``En agosto las autoridades de Pemex, avaladas por las de Energía, emitieron un acuerdo interno que da por hecho la desincorporación de la petroquímica, la cual se pretende vender con base en el artículo 128 de la Constitución mexicana''.

El artículo 27 de la Carta Magna reserva para la nación la exploración, explotación, transformación y transportación de los hidrocarburos.

No obstante, las autoridades del ramo, encabezadas por Luis Téllez, ya preparan la ``integración de los paquetes'' para la venta de las plantas y los complejos, afirman Vázquez Gutiérrez y Machorro Nieves.

Las irregularidades detectadas en el caso del complejo Morelos son ``graves''. Entre otras, afirma Decelis, ``no existen pasivos ecológicos; los terrenos donde se asienta pertenecen al ejido Pajaritos y fueron entregados a Pemex para uso exclusivo de la nación''.

Los complejos petroquímicos reportan al país ingresos por más de 20 mil millones de dólares anuales, según datos de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados.

Desmantelamiento y represión

Desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado se ha abonado el terreno para la ``restructuración'' de la petroquímica. En 1983 se inició el ``abandono, desmantelamiento y desfinanciamiento'' en las áreas de refinación, gas y petroquímica primaria, sostienen las fuentes consultadas.

En materia laboral, desde enero de 1989 se restó fuerza al sindicato petrolero con el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia. Después Pemex acordó con el actual líder, el senador Carlos Romero Deschamps, dejar a la paraestatal en libertad para manejar y contratar personal a partir de 1996. ``Tenemos un sindicato blanco que en el discurso se manifiesta en contra de la privatización de la petroquímica, pero que en los hechos se hace a un lado en la liquidación del personal'', aseguran Vázquez y Machorro.

Con procedimientos similares a los aplicados en la desincorporación de otras paraestatales, de 1983 a la fecha el gobierno ha aprobado ``la concesión y desmantelamiento de la petroquímica básica en forma lenta, pero consistente. Primero fueron los servicios de mantenimiento, limpieza y vigilancia; después la contratación de técnicos y profesionistas por honorarios'' Actualmente, ``sin licitación de por medio, la empresa Cominsa cubre los puestos de trabajo de Pemex. De 230 equipos de perforación, Pemex vendió 200 como chatarra a los contratistas, que ahora trabajan con ese mismo equipo'', aseguran.

Al mismo tiempo, se ha multiplicado el personal administrativo. ``Cuando Pemex crecía, hace 20 años, tenía diez veces menos personal administrativo que ahora (ocho gerentes) y se descubría petróleo, se ampliaba la refinación y, desde luego, la petroquímica.

``Ahora tiene 200 gerentes que no sabemos qué hacen, y la pérdida de operación de nuestras plantas de refinación asciende a 4 mil 271 millones de pesos, y de las petroquímicas a mil 47 millones de pesos, según el último informe de la paraestatal. Y aunque las reservas petroleras ahora son 69 por ciento más bajas que las de 1983 (cerca de 50 mil millones de barriles), Pemex Exploración y Producción tienen una utilidad de 137 mil 964 millones de pesos''.

Esta sobreexplotación del recursos, sostienen, es una muestra de que se pretende convertir a Pemex en monoexportador de petróleo crudo y dejar el resto de las áreas en manos de empresas extranjeras.

De acuerdo con los dirigentes, a los trabajadores que se oponen a la privatización, además de liquidarlos o jubilarlos, ``les aplican la cláusula de exclusión; son cesados por incapacidad permanente, aunque se encuentren física y mentalmente sanos para seguir laborando, o son reprimidos e incluso encarcelados cuando insisten en denunciar las irregularidades''.

Machorro Nieves relata su caso: ``Primero me acusaron de despojo a una cooperativa de consumo que ya no existía y que perteneció a la sección 47. Tras demostrar que los cargos que me imputaban eran falsos, me jubilaron, a pesar de que no cumplía con los requisitos señalados en el contrato''.

Lo mismo le ocurrió a Hebraicaz Gutiérrez. ``En la época de Díaz Serrano me acusaron de simulacro de ametrallamiento. Estuve preso seis meses y tres días. Salí absuelto porque gané la demanda a Pemex y al propio sindicato. En 1990 regreso a Pemex, y tres años después me vuelven a jubilar --ya lo habían intentado-- por denunciar en un foro los primeros pasos del gobierno para la venta de la petroquímica básica''.

``Los contratos colectivos de trabajo de las 61 plantas ya aparecen como Sociedad Anónima de Capital Variable'', advierte Miguel Angel Machorro, coordinador nacional del Movimiento Petrolero.

El plazo para la presentación de ofertas con miras a la adquisición del complejo de Morelos terminó el 28 de octubre pasado. Se invitó a participar en la licitación a empresas transnacionales, ya que la cantidad requerida para adquirir el 49 por ciento de las acciones, impide el concurso de empresas mexicanas, a menos que se asocien con alguna extranjera, sostiene Decelis,

El también integrante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, advierte que el proceso de licitación de la petroquímica primaria es ``totalmente ilegal'' y está plagado de ``irregularidades''.

``En agosto pasado las autoridades de Pemex, avaladas por las de Energía, emitieron un acuerdo interno que da por hecho la desincorporación de la petroquímica, la cual se pretende vender al mejor postor con base en el artículo 128 de la Constitución mexicana''.

En materia de petróleo, el artículo 27 de la Carta Magna reserva para la nación

-constituida por todos los mexicanos- la exploración, explotación, transformación y transportación de los hidrocarburos.

No obstante, las autoridades del ramo energético, encabezados por Luis Téllez, ya preparan la ``integración de los paquetes'' para la venta de las plantas y complejos, afirman Vázquez Gutiérrez y Machorro Nieves.

Las irregularidades detectadas en el caso del complejo Morelos son ``graves''. Entre otras, advierte Decelis, que ``no existen pasivos ecológicos; los terrenos donde se asienta pertenecen al Ejido Pajaritos y fueron entregados a Pemex para uso exclusivo de la nación''.

Las autoridades del ramo energético, aseguran Vázquez y Machorro, ``siguen con su política de depredar al pueblo de México y preparan la integración de paquetes para la venta de los complejos petroquímicos'' que reportan al país ingresos por más de 20 mil millones de dólares anuales, según datos de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados.

DESMANTELAMIENTO Y ``REPRESIîN''

Para la ``reestructuración'' de la petroquímica, el terreno se ha abonado desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. En 1983 inicia el ``abandono, desmantelamiento y desfinanciamiento'' acumulativo en las áreas de refinación, gas y petroquímica primaria, sostienen las fuentes consultadas.

En materia laboral, se restó toda fuerza al sindicato desde enero del 1989, con el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, líder de los petroleros. Después, Pemex acordó con el líder del sindicato de los petroleros, senador Carlos Romero Deschamps, dejar a la paraestatal en libertad para manejar y contratar personal a partir de 1996. Tenemos un sindicato ``blanco que en el discurso se manifiesta en contra de la privatización de la petroquímica, pero que en los hechos se hace a un lado en la liquidación del personal'', detallan Vázquez y Machorro.

Con procedimientos similares a los usados en la desincorporación de otras paraestatales, de 1983 a la fecha el gobierno ha aprobado ``la concesión y desmantelamiento de la petroquímica básica en forma lenta, pero consistente''. ``Primero fueron los servicios de mantenimiento, limpieza, vigilancia. Después la contratación de técnicos y profesionistas por honorarios''. Actualmente, ``sin licitación de por medio, la empresa Cominsa cubre los puestos de trabajo de Pemex''. Inclusive, ``De 230 equipos de perforación, Pemex vendió 200 como chatarra a los contratistas que ahora le trabajan con ese mismo equipo'', aseguran.

Paradójicamente, se ha multiplicado el personal administrativo. ``Cuando Pemex crecía, hace 20 años, tenía 10 veces menos personal administrativo que ahora

-ocho gerentes-, y se descubría petróleo, se ampliaba refinación y, desde luego, la petroquímica.

``Ahora tiene 200 gerentes, que no sabemos qué hacen, y la pérdida de operación de nuestras plantas de refinación asciende a 4 mil 271 millones de pesos; de las petroquímicas, a mil 47 millones de pesos, según el último informe de la paraestatal. Y aunque las reservas petroleras ahora son 69 por ciento más bajas que las de 1983 -cerca de 50 mil millones de barriles, actualmente-, Pemex Exploración y Producción tienen una utilidad de 137 mil 964 millones de pesos''.

Esta sobreexplotación del recursos, da una idea de que se pretende convertir a Pemex en monoexportador de petróleo crudo, y el resto dejarlo en manos de empresas extranjeras.

De acuerdo con los líderes del movimiento petrolero, amén de ser liquidados o jubilados, a los trabajadores que se oponen al proceso privatizador ``les aplican la cláusula de exclusión; son cesados por incapacidad permanente, aunque se encuentren física y mentalmente sanos para seguir laborando, reprimidos y hasta encarcelados cuando insisten en denunciar las irregularidades''.

El coordinador nacional del Movimiento Petrolero, Machorro Nieves relata su caso: ``Primero me acusaron de despojo a una cooperativa de consumo que ya no existía y que perteneció a la sección 47. Tras demostrar que los cargos que me imputaban eran falsos, me jubilaron a pesar de que no cumplía con los requisitos señalados en el contrato: una antigüedad de 35 años o 65 años''.

Lo mismo le ocurrió a Hebraicaz Gutiérrez. ``En la época de Díaz Serrano, me acusaron de simulacro de ametrallamiento. Estuve preso seis meses y 3 días. Salí absuelto porque gane la demanda a Pemex y al propio sindicato. En 1990 regreso a Pemex, y tres años después me vuelven a jubilar -ya antes lo habían intentado- por denunciar en un foro los primeros pasos del gobierno para la venta de la petroquímica básica''.

El 22 de octubre pasado, unos días antes de que concluyera el plazo para la licitación del complejo de Morelos, diputados federales perredistas, trabajadores petroleros, técnicos y profesionistas, madres con sus hijos en brazos, campesinos e indígenas de la sierra de Soteapan y Pajapan de Veracruz, realizaron en ese estado una marcha multitudinaria contra la venta de la petroquímica.

Miles de personas portaban una bandera mexicana de papel de china y carteles con leyendas ``Muerte a los vende patrias'', ``No a la venta de la soberanía'', según se consignó en algunos diarios locales.

Acompañados por Sergio Benito Osorio, presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara baja; Laura Itzel Castillo, diputada federral del PRD, y otros legisladores, los trabajadores y dirigentes nacionales del movimiento petrolero advirtieron que esa movilización será la primera de muchas otras manifestaciones y acciones que tomarán a lo largo de la República Mexicana.