Hijo de peones liberados de un rancho ganadero de Ocosingo, Juan Sánchez no olvida los colores del miedo: el azul y el negro de los policías, el verde olivo de los militares, el tono acuoso de la angustia de los indefensos ante las armas. Hace seis meses más de mil elementos, entre soldados del Ejército mexicano y policías, llegaron a imponer ``el Estado de derecho'' a Taniperla. Desde entonces, los indígenas zapatistas viven con miedo.

Juan, el joven tzetzal, tiene una explicación: ``Le quieren meter miedo a la gente para que dejen su comunidad, quieren que se vaya del pueblo o que deje de luchar''.

Y para que la gente se vaya o se calle, sigue Juan, el gobierno ha fortalecido al Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), un grupo paramilitar creado a imagen y semejanza de sus antecesores en el norte de Chiapas.

``El gobierno quiere que haya enfrentamiento entre pobres. Quiere que nos matemos y lavarse las manos. La gente no quiere enfrentamiento, se calma su coraje y ve cómo no pelear con sus hermanos campesinos''.

La militarización ha hecho estragos en la población que osó instalar un gobierno municipal rebelde en Taniperla, comunidad tzeltal ubicada en la cañada Agua Azul, a unos 70 kilómetros al este de la ciudad de Ocosingo.

Este es un breve recuento de los daños.

En los cuarenta esta región comenzó a ser poblada por inmigrantes indígenas que buscaban un pedazo de tierra. En los cincuenta y sesenta surgieron los primeros pueblos en la montaña: El Censo, Taniperla, Perla de Acapulco, Zapotal, San Caralampio, San José, Calvario. Los recién llegados venían de la vida dura de las fincas ganaderas. Actualmente, unos 15 mil indígenas habitan la región, donde viven de cultivar maíz, café y de actividades ganaderas.

Aquí el MIRA ha establecido su primera zona de control en las cañadas con la ayuda del gobierno, la policía y el Ejército Mexicano.

Tras la ofensiva de 1995, el Ejército instaló un campamento, que retiró meses después. En ese tiempo, auspiciados por los militares, surgieron los primeros grupos paramilitares en el norte, que luego han proliferado también en los Altos y en las Cañadas.

El río Perla nace cerca de aquí y corre por la Selva Lacandona para unirse al cauce del Jataté, en una cañada cuyos linderos tocan las montañas que suben a los Montes Azules. Hoy es un paisaje lastimado, como la gente que lo habita, por la intensa sequía y los incendios que acabaron con cientos de hectáreas de bosques, cafetales y milpas. La hambruna es un fantasma cada vez más cercano. Y por si algo faltara, los indígenas viven en el terror creado por soldados, policías y paramilitares que controlan el pueblo.

Las autoridades ``restauraron el Estado de derecho'' con la ocupación militar. La población vive un virtual estado de sitio. Las fuerzas del orden patrullan las calles, vigilan los cafetales y milpas, interrogan y hostigan a la gente. Los indígenas tienen miedo y prefieren permanecer en sus casas.

En un documento reciente, 712 indígenas del ejido exigen ``a la Seguridad Pública y al Ejército Mexicano que se retiren de inmediato de nuestra comunidad, porque ya no aguantamos más la violencia''.

``Por el miedo casi nadie platica en la calle; se platica a escondidas, en voz baja, dentro de las casas, en silencio, a escondidas'', dice Juan Sánchez.

El 3 de octubre, 12 soldados entraron por la calle principal de la comunidad, corriendo con sus armas y gritando: ``Este campo es de nosotros''. Decenas de ojos los observaban desde las ventanas.

la escuelA QUE YA NO LO ES

A pesar del intento oficial de destruirlo, el municipio autónomo Ricardo Flores Magón funciona todavía gracias a la protección de la gente y la geografía del lugar.

La ocupación militar trastocó la vida cotidiana de Taniperla. La palabra de los ancianos, antes la verdadera autoridad de la comunidad, ya no es escuchada. ``Los priístas, apoyados por el Ejército, ya no escuchan a los ancianos y sólo aceptan lo que les ordena el gobierno'', afirma Juan.

La batuta ahora la tienen los soldados, quienes incluso se alojaron en la escuela de la comunidad. Los niños toman clases en una casa prestada, donde no hay sillas, mesas, materiales escolares ni pizarrón.

``Los soldados han cavado y construido trincheras en los terrenos de la escuela'', denuncian los habitantes.

Todos los días, agregan, ``los militares hacen dizque labor social, aunque su única labor es ir armados en la comunidad para intimidar. La `labor social' de los soldados consiste en robar lo poco que tienen los campesinos: su maíz, su fruta, sus aves de corral''.

Cuatro veces al día, los policías y los soldados armados patrullan las calles. Por ejemplo, el 19 de agosto 12 policías llegaron con un perro y rodearon la casa de Francisco Hernández Cruz, simpatizante del municipio zapatista, apuntaron a su familia con sus armas para intimidarla. Es la tercera vez que esto sucede. Los policías armados volvieron el 7 de octubre para dejar un citatorio a Francisco Hernández.

La prostitución es otro elemento nuevo que trajo la ocupación. Las ``pintaditas'' se pasean por el pueblo, se abrazan a los soldados en las esquinas y tienen sus improvisadas casitas para sus íntimos encuentros con ellos.

``En Taniperla ahora hay prostíbulo y van las prostitutas al campamento militar. Anteriormente no había prostitutas, la gente no las conocía. Hace poco llegaron a poner mal ejemplo a la comunidad''.

En julio, el policía Juan Alvarez Gómez obligó a una menor de edad, hija de Pedro Mazariego Pérez, a acostarse con él a cambio de dinero. Existen varios casos de hostigamiento sexual y amenazas a jovencitas por los soldados, denuncian los ejidatarios.

Manuel, el perseguido

Hasta la vida económica pretenden controlar los militares. El 23 de agosto el campesino Víctor Aguilar llegó a vender maíz a la comunidad. Los policías lo detuvieron violentamente sin orden de aprehensión. El indígena permaneció detenido 12 horas en la cárcel que tienen los priístas.

La justicia también la aplican soldados y policías. Lo mismo fabrican culpables que intimidan a familias opositoras. El primero de septiembre Manuel Hernández Hernández -simpatizante zapatista- denunció ante el comisariado de bienes ejidales, Alejandro López Gómez, que una compañía constructora había destruido su terreno. En lugar de atenderlo, la autoridad priísta llamó a la policía. Llegaron 30 policías y dispararon dos veces al aire para asustar al quejoso.

Los soldados tumbaron árboles del ejido para construir puentes y cuarteles. Tal es el caso del predio de Miguel Sánchez. Hace cuatro años, en febrero de 1995, el Ejército ocupó ese lugar con el argumento que ya había sido comprado por el gobierno, pero el propietario no ha recibido un solo peso.

El 5 de octubre los priístas, junto con la policía, cortaron 58 matas de café de Martín Sánchez Gómez y de Cristóbal Gómez. Los daños ascienden a más de dos mil pesos.

Algunos indígenas no pueden frecuentar a sus familiares. El 3 de octubre Manuel Sánchez Gómez, quien desde la llegada del Ejército y la policía no había regresado al pueblo, intentó visitar a su familia, pero tuvo que huir pues los policías fueron a buscarlo para detenerlo. Las autoridades priístas, encabezadas por el comisariato ejidal, Alejandro López Gómez, pidieron a los policías que lo buscaran. Desde entonces los paramilitares patrullan los cafetales buscando a Manuel.

``Al principio cundió el desánimo -recuerda Juan-, pero tomamos fuerza otra vez. Las autoridades autónomas nos animan para continuar. Mucha gente tenía miedo, pero como se vio que el gobierno no pudo destruir el municipio autónomo, entonces se tomó fuerza otra vez. A cada golpe que hay la gente toma fuerza; fortalece su mente y su corazón.

``Cuando empezaron a llegar las caravanas de sociedad civil, entonces la gente comenzó a animarse, se sintió a acompañada. Luego llegaron la caravana de pastores por la paz, los observadores italianos y la Red de Derechos humanos''.

El corazón

``un poco limpio''

Las personas más afectadas por la tensión han sido los viejos del pueblo. ``Hay gentes grandes y enfermas que no pueden hacer nada, no aguantan la presión ni la provocación. Tienen reumas, no pueden caminar, se quedan mirando nomás. Algunos se quitan la tristeza cuando lloran, su corazón se queda un poco limpio cuando lloran''.

Muchos en Taniperla tienen pesadillas. Otros padecen dolores de cabeza ``de tanta tensión pensando cómo vamos a salir de esta situación, cómo vamos a unir más fuerza'', dice Juan.

Y agrega: ``Esta es la guerra psicológica que hace la Seguridad Pública y el gobierno. El gobierno no sólo usa sus armas para matarnos y enfermarnos, también hace la guerra de baja intensidad''.

El miedo y el hambre están siempre acompañados de las enfermedades. Juan habla de infecciones en los ojos de los niños, de fiebre, gastritis y úlceras por falta de alimento.

La clínica parece cuartel militar, aunque ``es del gobierno y dicen que es gratuita, pero no la surten de medicamentos. Los militares están en la clínica, más bien parece hospital militar'', se queja Juan Sánchez.

El mundo termina de cerrarse para los indios, porque las cosechas se venden muy baratas ``y todo lo que compramos es muy caro''. Por eso, dice Juan, hay gente que se une a los paramilitares por dinero: ``Venden a su hermano por dinero o por un kilo de arroz''.

Con todo, las ganas de batallar no se han ido. Los indígenas encarcelados tras la ocupación han regresado y Juan cuenta que se encargan de animar a las mujeres: ``Sí tenemos miedo, pero cómo vamos a ganar si no lo dominamos'', les dicen.