La decisión de negar la licencia para la construcción del basurero nuclear de Sierra Blanca, tomada por la Comisión para la Conservación de los Recursos Naturales del Estado de Texas (TCNRC), por sus siglas en inglés, es un gran triunfo de la sociedad mexicana. El amplio movimiento social que se opuso en México al confinamiento logró sortear dos importantes obstáculos: obligar a tres secretarios de Estado -Relaciones Exteriores (SRE), Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), y Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP)-- y al Presidente de la República a abandonar su defensa del confinamiento, y modificar una decisión del Congreso de Estados Unidos (EU).

Desde 1939, cuando comenzó a utilizarse la reacción en cadena, los distintos tipos de desechos generados por la industria nuclear militar y civil han sido emitidos rutinariamente a la atmósfera, dispersados intencionalmente en experimentos militares, vertidos directamente en los ríos y almacenados en depósitos submarinos o trincheras subterráneas.

Durante mucho tiempo, los residuos nucleares se consideraron como un secreto militar por ser un instrumento de espionaje para medir el volumen de los arsenales enemigos. Esto ha hecho imposible estimar con precisión su impacto ambiental.

La industria nuclear de EU ha manejado esos desechos de forma riesgosa y discriminatoria. En muchas ocasiones los depósitos se han construido en lugares habitados por minorías. Por ejemplo, una gran parte de los depósitos de desechos mineros se han ubicado en lugares habitados por pueblos indios. Según la Comisión Internacional de Físicos para Investigar los Efectos Sanitarios y Ambientales de la Producción de Armas Nucleares, las actividades contaminantes o peligrosas vinculadas a los desechos nucleares civiles y militares se han efectuado en sitios habitados por pobres o afectando a terceros, como ocurre con los depósitos de EU en el Pacífico Sur.

Aunque todos los confinamientos de desechos nucleares son instalaciones de alto riesgo, el de Sierra Blanca estaba plagado de irregularidades, distribuía de manera discriminatoria los riesgos de un accidente nuclear y era un acto de insolencia del gobierno estadunidense.

El movimiento social que objetó Sierra Blanca se desarrolló en ambos lados de la frontera. Pero a partir de septiembre, una vez que el Congreso de EU aprobó su construcción, la movilización en México se volvió decisiva. Sin embargo, los opositores tuvieron que luchar a contra corriente, porque el Ejecutivo mexicano asumió la defensa del basurero.

La SEMIP y la SRE mantuvieron una actitud errática y, a veces, de franca defensa del confinamiento, con el argumento de que éste era ``técnicamente seguro''. Aún el 16 de octubre la Comisión intersecretarial anunció la creación de un grupo científico de alto nivel que estudiaría el caso. El 20 de octubre Luis Téllez, titular de la SEMIP, afirmó que ``el confinamiento no tiene un problema técnico''. Sin embargo, debido a la intensa movilización de las comunidades locales de la frontera, diputados y senadores, expertos, comunicadores sociales y organizaciones ambientalistas, Téllez se vio forzado a admitir la necesidad de reubicarlo. El miércoles 21, apenas un día antes de que concluyera una lucha de 20 años, el presidente Ernesto Zedillo dijo que estaba preocupado por el asunto.

Finalmente, el 22 de octubre los tres dictaminadores de la TCRNC negaron la licencia al proyecto, porque contenía importantes fallas técnicas.

Como señala el historiador Wiebe E. Bijker en su libro Shaping Technology/Building Society: ``Los artefactos materializan transacciones y compromisos... encarnan acuerdos, experiencias, mañas, prejuicios profesionales, posibilidades y limitaciones, sociales, políticas, psicológicas y económicas''. Por tanto, expresan la correlación de fuerzas entre distintos grupos sociales que defienden sus intereses e intentan imponer su visión del mundo haciendo prevalecer una determinada tecnología.

El movimiento social que se opuso al confinamiento obtuvo un triunfo tecnopolítico de muy alto nivel. Detectó y denunció a tiempo las fallas y sus implicaciones discriminatorias y clasistas.

Su victoria mostró el potencial de la movilización social transnacional. Además, evidenció que la acción social puede evitar que la zona fronteriza y las comunidades mexicanas en EU sean, en términos políticos, vulnerables. El triunfo mexicano en Sierra Blanca constituye un precedente en la lucha que libran diversos grupos sociales contra las prácticas discriminatorias y clasistas.

La cancelación del basurero es resultado de la cooperación binacional de diversos sectores sociales; pertenece a la cultura de la victoria y será patrimonio de los movimientos sociales del futuro. También muestra que la mundialización puede dirigirse desde arriba, como hubiera ocurrido si se aprobaba el depósito, o desde abajo, como ocurrió en este caso. Es la demostración de que es posible negociar mejor los problemas bilaterales, como son los derechos de los trabajadores inmigrantes o la deuda externa, y revela la estrecha relación entre el avance de la democracia en México y la construcción de relaciones más justas y mutuamente benéficas.

-Durante mucho tiempo se dijo que sólo 12% de los 8 millones de toneladas de desechos peligrosos que cada año genera la industria recibía un tratamiento adecuado. Ultimamente se afirmó que la proporción ha aumentado. ¿Hay forma de definir con exactitud el porcentaje?

-Por un lado -respondía la entonces flamante directora de Residuos, Materiales y Riesgo del Instituto Nacional de Ecología- están los datos de las empresas que manifiestan su generación de desechos. Por otro, los datos de los transportistas de desechos peligrosos... Después tenemos a las empresas de servicios, que reportan cuántos residuos reciben. Lo que no hemos tenido es el análisis de esa información. Hasta ahora, los datos nos llegaban en papel, poníamos un sello de recibido y el documento iba a parar a un cajón. De repente nos dimos cuenta que teníamos diez mil manifiestos y no sabíamos qué decían. De ahí que hemos emprendido un trabajo intenso de captura y de análisis.

Ahora queremos ser muy cautelosos y no dar cifras. Comenzamos a reunirnos con los delegados para mostrarles la información. En cuanto la vieron dijeron que eso no correspondía con la realidad.

-¿De cuántas industrias se conoce el destino de sus desechos tóxicos?

-Existían en nuestro registro alrededor de 4 mil, pero en dos meses ya llegamos a 6 mil 500. Prevemos que la cifra subirá al doble. En cuanto al volumen, 8 millones de toneladas al año, era cierto, ¡pero con el subregistro! Cuando recopilemos todos los datos seguramente tendremos unos 12 millones de toneladas anuales. Y eso nada más de quienes nos reportan. Habrá que revisar inconsistencias. Por ejemplo, no es creíble que en Yucatán estén registradas 659 empresas generadoras y en Nuevo León sólo 227.

Cristina Cortinas lanza una rápida mirada a sus reportes por entidad y se pregunta:

-¿No es dramático esto? Aguascalientes: 98 empresas que producen 140 mil toneladas de desperdicios. ¿Y qué tienen de infraestructura? Una empresa de recolección y transporte y otra de reciclaje. Punto. ¿Qué hacen con lo que no llega a estas dos compañías? Ahora que hay tanta susceptibilidad por la violación de la soberanía, porque mandamos residuos de un estado a otro, ¿pues qué quieren, si no hay infraestructura? Presentar así los datos incentivará la inversión. Esto sirve incluso a la ciudadanía, para entender que es normal que se compartan las estructuras entre entidades, que no es imposición, sino que todos nos estamos apoyando con un enfoque regional. Lo injusto sería llevar residuos del sur hasta el norte.

-Algunos gobiernos consideran vulnerada su autoridad para tomar decisiones de competencia local.

-Hay un gran cambio. He ido a las entidades federativas a explicarles nuestra política para minimizar la generación de desechos, promover el reuso y el reciclado, el tratamiento y por último el confinamiento. Es un programa nacional, pero los invitamos a que lo aterricen al ámbito estatal y nos digan qué tecnologías están dispuestos a aceptar en su territorio para orientar a las empresas que quieran invertir. Es un cambio impresionante, porque la gente no está acostumbrada a que se le consulte, se le den cifras y se les regrese la responsabilidad. Que no digan que el gobierno es el único responsable. Si ellos se benefician de las actividades que generan residuos justo es que también se responsabilicen de su manejo.

-¿Qué volumen de desechos peligrosos se importan para reciclaje o reuso?

-Lo más que importamos son las escorias metálicas que contienen zinc. Se calcula que son 90 mil toneladas al año, de las cuales 35% regresa como material secundario. También llantas de camiones para recubrirlas y exportarlas. Básicamente es eso. La gente está muy preocupada de que nos convirtamos en el basurero de otros países, pero la verdad es que nada se puede importar sin nuestra autorización. Si consideramos que no tenemos la infraestructura o no nos conviene reciclar aquí, no lo autorizamos.

-¿Hay forma de saber dónde van a parar las 44 toneladas diarias que las maquiladoras no regresan a Estados Unidos?

-Sabemos que 85% de la industria maquiladora cumple con regresar sus residuos. Algunas maquiladoras nos han comentado que importan solventes y les resulta costosísimo regresar los tambos vacíos. Estamos revisando la normatividad para ver cómo podemos ayudarles.

-Datos del propio INE refieren que 60% de las maquiladoras no están regresando sus desechos.

-Volvemos al problema de las cifras... Antes se emitía una guía ecológica para el retorno de los desechos; era un trámite engorroso, había desfasamiento en tiempos, imprecisión en los datos. Ahora convenimos sustituir la guía por un aviso de retorno. Así, las empresas rápidamente pueden hacer su envío y nos dicen la cifra que están movilizando.

-¿Qué tanto afectó a la política oficial el conflicto en el confinamiento de Hermosillo?

-Nos afectó, pero buscamos acuerdos para desentrampar este asunto... No podemos tener más casos como Guadalcázar (San Luis Potosí), porque el mensaje que estamos mandando es que nuestro país no respeta las decisiones legales, lo cual va a desincentivar la inversión y se mantendrá el vacío actual.