El dictamen del Senado sobre un proyecto cuya finalidad es proteger a los emigrantes mexicanos que buscan trabajar en Estados Unidos se está retrasando sólo porque la nueva coordinadora de la fracción del PRI no ve la necesidad de discutirlo urgentemente. Sin embargo, el momento prelectoral en Estados Unidos impone llevar el problema de nuestros emigrantes ante la opinión pública de ese país, que es la que puede eventualmente flexibilizar una política migratoria que obliga a nuestros connacionales a soportar grandes sacrificios monetarios y a poner incluso en peligro su existencia misma para poder ganarse la vida en un país extraño. En efecto, si el Congreso mexicano se pronunciase con firmeza y oportunidad podría interpelar a los diversos partidos de Estados Unidos y a los legisladores de las entidades fronterizas, los cuales deberían exponerse ante sus electores pero también ante la opinión pública internacional. Por el contrario, dejar que la campaña prelectoral estadunidense ignore un problema humanitario y económico tan vital y urgente (o, pero aún, que lo encare desde un punto de vista xenófobo) ayuda potentemente a los sectores más conservadores e incluso racistas tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Una victoria electoral de esos intereses y de ese último partido agravaría aún más las dificultades que enfrentan nuestros conciudadanos que emigran y, por supuesto, reduciría los tan importantes envíos de divisas que ellos realizan a sus familias y que son fundamentales para muchas regiones mexicanas y para nuestra economía en general.

El problema de los emigrantes no es de ningún modo postergable o secundario. Por el contrario, es urgente desde el punto de vista humano (en los dos últimos años han muerto cientos de mexicanos de frío, hambre y sed o asesinados a tiros al intentar pasar la frontera) pero también lo es desde el punto de vista social. Quienes emigran son casi siempre los más jóvenes, capaces, vigorosos, emprendedores de grupos sociales enteros que organizan incluso la migración como estrategia de supervivencia, para obtener, mediante los familiares que se tienen que ir, otros ingresos no rurales que permitan a quienes se quedan permanecer en el campo. Por lo tanto, si nuestros emigrantes no fuesen protegidos frente a una política inmigratoria estadunidense cada vez más agresiva, el golpe para nuestro alicaído sector rural sería fuertísimo y agravaría aún más el candente problema de la concentración y de la marginalidad urbanas.

Aunque los pronunciamientos políticos de nuestras instituciones por lo general no inciden mucho en la política de los legisladores del vecino país, no hay que olvidar sin embargo que el problema de la migración tiene resonancia internacional y, además, que los cambios demográficos en las entidades del sur de Estados Unidos permiten lograr eco (y aliados) en una opinión pública creciente que se preocupa por México y rechaza el racismo. Por eso es urgente e impostergable que un pronunciamiento solemne del Congreso respalde y defienda a quienes se ven obligados a cruzar las fronteras y apoye a los sectores progresistas y amigos de México en Estados Unidos.