En las ``generosas'' discusiones de los sectores para la eventual reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT), su espíritu abierto a los cambios laborales ha permitido llegar a la definición de tres temas de discusión. Son importantes, sin duda.

El primero, la necesidad de mejorar los salarios. El segundo, resolver el problema del desempleo. El tercero, amparado en un nombre misterioso: ``seguridad jurídica'', parece que se refiere solamente a cambios procesales.

Hay, sin embargo, una pequeña cuestión. Y es que los dos primeros temas, tan difícilmente concertados (ya llevan meses de frecuentes encuentros y parece que lo único que han acordado es discutirlos) no tienen nada que ver con la LFT. Se trata, simple y sencillamente, de temas económicos.

La realidad es que la regulación del salario en la ley es excelente. Tanto el concepto: la contraprestación por el trabajo, como sus características, particularmente el salario integral, y por supuesto que también las normas protectoras y los privilegios del salario, pueden subsistir como están salvo que se quiera hacer mínimos ajustes. Pero esa regulación no mejora el salario de ninguna manera. La mejoría depende de decisiones estatales disfrazadas de tripartitas: el trabajo de las famosas comisiones y por esos rumbos los deseos de hacerlo crecer no se ven. Sin olvidar que los culpables de su pobreza actual son, precisamente, los mismos personajes que supuestamente discuten las reformas a la ley.

En cuanto al empleo, a partir del muy romántico pero prácticamente inútil, en la realidad, principio de la estabilidad y de las responsabilidades derivadas de los despidos injustificados, no parece que se pueda propiciar mucho. Quizá ampliando las posibilidades de contratos temporales, fórmula que estuvo de moda unos cuantos años, pero que ahora, ante la frecuencia de accidentes de los eventuales, su falta de productividad y la indiferencia frente a la capacitación, amén de que no suelen ponerse la camiseta de la empresa, hace que se orienten las reformas por otros lados, vervigracia, el abaratamiento de los despidos pero manteniendo estabilidades. Y no se trata tampoco de un tema laboral, sino económico.

La preocupación por la seguridad, evidentemente una expresión eufemística que intenta disimular la pretensión empresarial de regresar al procedimiento anterior a la reforma procesal de 1980, olvidándose de cargas de prueba incómodas para el empleador y dejándole al trabajador prácticamente la prueba de todo: despidos y sus causas, antigüedad, horas extras, importe de los salarios, etcétera, responde a la intención de aplastar las pretensiones de los trabajadores.

Se trata, nada menos, que de una vieja exigencia empresarial, presentada en su última propuesta y sustentada, además, en algún documento de mis colegas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en la que son mayoría los patronales. Sería nefasto que se hiciera alguna reforma de la única reforma social de los últimos años.

El balance de las conversaciones es, por supuesto, negativo. Pero entretiene a comisiones, subcomisiones, titulares, suplentes y asesores que integran la familia corporativa y que ahora juegan a la reforma sin la menor pretensión de reformar. Dicen las malas lenguas que mi querido amigo el licenciado Juan Moisés Calleja, de la CTM, maneja como mago la creación de todos esos tan ineficaces organillos (sin música). Y el tiempo pasa y pasa.

La actitud de la Secretaría del Trabajo me parece justa. La explicó el pasado miércoles, en una mesa redonda provocada y dirigida por Carmen Aristégui y Javier Solórzano, a la que asistimos también el ya casi ingeniero en electrónica Francisco Hernández Juárez (¡felicidades, Francisco!) y este escribidor. Y es que la reforma no la inventó José Antonio González Fernández, sino que desde mucho antes de hacerse cargo de la STPS ya andaba circulando como tema repetido. Se trató, dijo el secretario, de dar cauce a una exigencia antigua. Que si no sale será problema de los sectores y no de la autoridad. La secretaría sólo le dio marco a la discusión.

Y hablando de temas horrorosos: me dolió la muerte de Silverio Alvarado, a manos de unos despreciables asesinos. Fue fundador de la CROC y un dirigente sindical auténtico y, tal vez por eso, ajeno a responsabilidades mayores. Creo que hemos perdido a un hombre particularmente valioso. Lo malo es que en ese terreno quedan muy pocos.