Sin licitación habrían suscrito dos contratos a favor de la empresa sueca

José Galán Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició acción penal en contra de 17 ex funcionarios de la dependencia, incluyendo al ex subprocurador Humberto Moheno Diez, y de dos funcionarios de la empresa Ericsson, debido a la suscripción de dos contratos sin licitación para la compra-venta de equipo de telecomunicaciones por 30 millones de dólares, mismo que resultó inoperante.

La dependencia se reservó, además, el derecho de actuar por las vías civil y mercantil para obtener de la firma sueca --que vendió equipos de radio inoperantes por la saturación de frecuencias en la banda de 800 megahertz-- la reparación del daño por los 30 millones de dólares, más los costos financieros que las operaciones realizadas el 30 de noviembre de 1995 y el 13 de diciembre de 1996 provocaron en su administración.

El subprocurador C de Procedimientos Penales, Víctor Antonio Carrancá Bourget; Hugo Leonardo Vera Reyes, director general de Investigación de Delitos contra el Honor, Responsabilidad Profesional y Relacionados con Servidores Públicos; Susana Manterola, portavoz de la dependencia, y Gerardo Checa, director de Información, anunciaron lo anterior y añadieron que las investigaciones sobre la responsabilidad de otros funcionarios públicos, aun de mayor nivel, no se han agotado.

Bajo los cargos de uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido del servicio público, previstos en los artículos 217 fracción uno, incisos b y d, 217 fracción dos, y 214 fracción tres del Código Penal para el DF, se ejerció acción penal contra los ex funcionarios René Alfonso Zoreda Zoreda, Ricardo Ramírez Ortiz, Gustavo Adolfo Estrada Farah, José Luis Cabrera Alarcón, Elías Eladio Zucoli Salas, Eugenio Bruno López Ortiz, Juana Jaúregui Reyes, Gonzalo Gavira Segreste, Octavio Aguilar Quintana, Oscar Vázquez Soberanes, José Socorro Velázquez, José Ramón González Chávez, Carlos Martínez Porte Petit, Pablo Emiliano Melo, Jaime Olivares Pedro y Arturo Aquino Maza.

Todos ellos, además, involucrados en el caso IBM, en el cual el daño económico ascendió a cerca de 30 millones de dólares. Moheno Díez, quien fungió como subprocurador en la administración de José Antonio González Fernández, enfrenta cargos únicamente por el caso Ericsson, al igual que dos ejecutivos de esa firma, Alejandro Soto Silva y César Jesús Islas Acosta, quienes como apoderados legales suscribieron los contratos con la PGJDF.

Estos últimos ya promovieron amparos contra actos de los 66 juzgados penales del DF, y aun en caso de arraigo, reveló el subprocurador Carrancá Bourget, quien agregó que se espera la comparecencia de todos los inculpados ante las autoridades a partir de esta fecha, en lo que será la segunda parte de este caso: los procesos penales y el desahogo de pruebas, en una historia que se inició hace dos años.

El 30 de noviembre de 1995, el entonces oficial mayor, Humberto Moheno Díez, a nombre de la PGJDF, celebró ``indebidamente'', a través del procedimiento de adjudicación directa con la empresa Sistemas Ericsson SA de CV, representada por César Jesús Islas Acosta, la adquisición y operación de un sistema de radiocomunicación troncalizado Edacs, con valor de 7 millones 48 mil 113 pesos, liquidados en su totalidad por la dependencia. Este contrato viola el artículo 134 constitucional y la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, que obligan a la licitación.

Por otra parte, en sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones de la PGJDF, celebrada el 13 de diciembre de 1996, se dictaminó y autorizó indebidamente el Programa de Modernización Tecnológica de la dependencia, así como el ejercicio de 36 millones de dólares tanto para Ericsson como para otros rubros, mediante el procedimiento de adjudicación directa.

``El 16 de diciembre de 1996, dentro de dicho programa la PGJDF, a través del entonces oficial mayor José Socorro Velázquez, celebró contrato con la empresa Redes y Sistemas Ericsson SA de CV, representada por Alejandro Soto Silva, para la compra de equipo de radiocomunicación troncalizada, el desarrollo de la infraestructura necesaria, localización de vehículos y ampliación de la red de radiocomunicación, entre otros'', informó Carrancá Bourget.

El importe de dicha operación ascendió a 26 millones 770 mil 577 dólares, que fueron cubiertos en su totalidad a la empresa Ericsson, en contra de los mismos artículos constitucionales y de la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, como sucedió con el contrato anterior al haber omitido la licitación pública.

Gabriela Romero Sánchez

Aclaró que en el caso de los trabajadores de base de la ALDF sí se buscará elevar sus percepciones porque éstas han perdido mucho de su poder adquisitivo, por lo que adelantó que este año se podría promover una compensación de cinco mil 500 pesos, pues ``tienen sueldos bajísimos''. Sin embargo, adelantó que para los diputados ``no creo que haya bonos; recibirán el aguinaldo conforme a la ley''.

De tal manera que la Asamblea Legislativa erogaría a fin de año, por concepto de compensaciones para sus 400 trabajadores de base, alrededor de 2 millones de pesos.

Batres indicó que está a discusión el presupuesto de 1999 para la Asamblea, aunque subrayó que éste se fijará tomando en cuentas las necesidades internas, el trabajo de las comisiones, y la relación y comunicación con los ciudadanos.

Externo que la partida que se apruebe para la Contaduría Mayor de Hacienda debe tener más o menos el mismo rango que el de la Asamblea Legislativa.