Pinochet quedó libre bajo fianza; Garzón, facultado para enjuiciarlo

Dpa, Afp, Ap y Reuters, Madrid, 30 de octubre Ť La Audiencia Nacional resolvió hoy que la justicia española es competente para investigar y juzgar los crímenes de las dictaduras chilena (1973-90) y argentina (1976-1983), y autorizó al juez Baltasar Garzón a actuar judicialmente contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Pero al mismo tiempo, en Londres la justicia británica decidió liberar bajo fianza y de manera restringida a Pinochet, por lo que su situación no cambia porque no podrá abandonar Gran Bretaña mientras siga pendiente la apelación, cuyo veredicto podría darse la próxima semana por parte de la Cámara de los Lores.

El fallo de la Sala Penal de la Audiencia Nacional española, integrada por 11 magistrados, fue adoptado en forma unánime tras una sesión a puerta cerrada de cinco horas, en lo que se interpretó como una decisión trascendental e hito histórico judicial ya que desde ahora los genocidas serán perseguidos en todas partes.

La decisión de la justicia en Madrid da luz verde al juez Garzón para continuar con su trámite de pedido urgente de extradición desde Inglaterra del ex general chileno para someterlo a juicio en España, así como para perseguir y procesar a otros ex dictadores y militares latinoamericanos por ``delitos contra la humanidad''.

Familiares de las víctimas tanto de Chile como de Argentina rompieron en llanto de alegría y gritaron ``viva la justicia'' cuando fue dado a conocer el fallo por parte del magistrado ponente Carlos Cezón, al señalar que fueron rechazados todos los autos judiciales presentados por la fiscalía en contra de la jurisdicción española.

Jurisdicción y argumentos

En consecuencia, en el fallo se asentó que se confirma ``la atribución de jurisdicción de España'' para investigar y castigar los hechos objeto de tal procedimiento, cuyos delitos se refieren a los de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, esencialmente con base en denuncias de españoles desaparecidos en los dos países sudamericanos.

Los magistrados acogieron plenamente los argumentos de la acusación, referentes sobre todo a lo siguiente:

--España tiene plena competencia para perseguir, castigar y extraditar a culpables de delitos contra la humanidad.

--El objeto de los genocidas era, en estos casos, el ``pueblo chileno'' y ``el pueblo argentino'', sin importarles el móvil para exterminar a un determinado grupo humano.

--El genocidio es un ``delito de derecho internacional que debe ser perseguido por todos los estados del mundo'' que han suscrito tratados y convenios internacionales al respecto, como lo han hecho España, Chile y Argentina.

--El terrorismo se persigue como un ``crimen internacional'', y a los grupos militares que asesinaron y torturaron en Chile y Argentina se les ``debe considerar como bandas terroristas armadas''.

--Respecto del delito de tortura, se hace énfasis en que las leyes españolas ``establecen claramente su jurisdicción'' para castigarlo, sobre todo cuando se trata de víctimas españolas.

En el sumario, donde se destaca el auto de prisión del 16 de octubre pasado contra Pinochet, se parte de los hechos ocurridos en Chile desde septiembre de 1973 y en Argentina desde 1976, en relación a ``una serie de acontecimientos y actividades delictivas cometidas bajo el manto de la más feroz represión ideológica contra los ciudadanos y residentes de estos países...''

Con base en el Informe Rettig, se destaca el desarrollo de tales acciones desde las estructuras del poder, y añade que en el ámbito internacional se constata una coordinación que recibe el nombre de Operación Cóndor en el que intervinieron distintos países, entre ellos Argentina y Chile, con objeto de coordinar las acciones represivas.

``...Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón jefe de las fuerzas armadas y del Estado chileno, desarrolla actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares de Argentina entre los años 1976-1983 --periodo al que se extiende la investigación de esta causa-- impartiendo órdenes para la eliminación física de personas, torturas y secuestro y desaparición de otras de Chile y de diferentes nacionalidades y en distintos países a través de las actuaciones de los servicios secretos (Dina) y dentro del precitado Plan Cóndor'', asienta uno de los estractos del documento.

Subraya que entre los casos concretos que conforman la imputación contra Augusto Pinochet, sin perjuicio de su ampliación, la cifra asciende a 94 españoles o descendientes de éstos, y se relatan cada uno de los casos con los nombres de las personas asesinadas o desaparecidas, con nombres y apellidos, y con algunos datos personales o políticos más y en torno a cómo ocurrieron las desapariciones, e incluso los operativos de detención, secuestro y traslado de uno a otro país.

El expediente está lleno de fechas de cada uno de los casos, acerca de las actuaciones de los servicios de seguridad chileno o argentino, además de que se mencionan los campos de concentración argentinos como El Olimpo, Campo de Mayo y la Escuela Mecánica de la Armada, y Villa Grimaldi en Santiago de Chile.

Asimismo, en los razonamientos jurídicos se establecen los delitos cometidos y tipificados en artículos del Código Penal y su plena vigencia en el momento de ocurrir los hechos delictivos, así como su apoyo en por lo menos nueve normas que tienen carácter internacional.

Concluye que conforme con tales disposiciones, aplicables en el Reino Unido, los crímenes de esta naturaleza son imprescriptibles y los responsables no disfrutan de inmunidad diplomática, ni pueden obtener estatuto de refugiados ni asilo político, y que todos los estados del mundo están obligados a perseguirles y a colaborar en la persecución de de tales crímenes hagan otros estados.

España, respetuoso del fallo

Si bien el gobierno español, ante el fallo de la Audiencia Nacional, se declaró respetuoso de él y listo para llevar a cabo los trámites para la extradición de Pinochet como le corresponde por conducto de la cancillería, en realidad el juez Baltazar Garzón aún tiene un obstáculo enfrente: el fallo último e inapelable que deberá emitir posiblemente la próxima semana la Cámara de los Lores en Gran Bretaña sobre la detención del acusado, que ahora está suspendida.

Pero, por lo pronto, ante la decisión de los magistrados, los fiscales que se oponían a que España tenía jurisdicción en los casos de Argentina y Chile, hicieron saber que su obligación es sumarse en apoyo al juez Garzón pues en adelante todas sus pesquisas contarán con el respaldo de la fiscalía.

El presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, viajará por su parte el próximo lunes a Inglaterra para reunirse con el primer ministro británico, Tony Blair, para tratar temas económicos y europeos, pero para nadie escapa que ambos gobernantes tratarán necesariamente el caso Pinochet y las consecuencias del fallo en general en España.

En tanto que el candidato presidencial socialista español, Josep Borrell, exigía la destitución del fiscal Eduardo Fungairino porque no fue capaz de entender los desmanes de las dictaduras, la mayoría de los partidos políticos --con excepción del gobernante Partido Popular-- expresaron su satisfacción por el fallo de los magistrados.

Mientras los abogados de la acusación señalaban que en adelante se abre una alternativa jurídica histórica como producto de la independencia de la justicia y del dolor de las víctimas del genocidio, el vicecanciller chileno, Mariano Fernández, pidió respeto a ``la soberanía de los países y a las decisiones de política interna'', aunque señaló que el caso Pinochet no habrá de suponer un deterioro en las relaciones entre su país y España.

En Londres se informó que la libertad condicional otorgada a Augusto Pinochet, tras su traslado de la London Clinic a un exclusivo hospital siquiátrico, podría significar una ``transición técnica'' hacia su liberación definitiva, según expertos legales; sin embargo, por ahora se le mantiene bajo vigilancia mientras se decide su suerte.

El abogado británico Geoffrey Robertson comentó que las leyes aplicadas en el caso Pinochet son obsoletas, mientras que en otros países la legislación es distinta, como en Estados Unidos.

Indicó que la corte británica está dando validez a un concepto abandonado a principios de siglo, que contempla la idea absurda de que un jefe de Estado es el Estado mismo y por tanto no se le puede enjuiciar.

Afp, Reuters y Ap, Buenos Aires, 30 de octubre Ť De ahora en adelante ``los militares (acusados de delitos de lesa humanidad) van estar presos en sus propios países'', afirmó hoy el ex fiscal Julio Strassera, quien formuló la acusación en el juicio contra los comandantes de la ex dictadura militar argentina (1976-1986), cuya guerra sucia desapareció a miles de personas.

Strassera recibió ``con muchísima alegría'' el fallo de la Audiencia Nacional española que se declaró competente para juzgar no sólo a la dictadura de Augusto Pinochet sino también a la argentina.

La decisión ocurrida en Madrid causó alegría entre miembros de grupos de derechos humanos de Argentina, Uruguay y Paraguay, y también anuncios de investigaciones sobre crímenes del dictador chileno por parte de las fiscalías francesa e italiana.

Los fiscales franceses comenzaron este viernes una investigación judicial en torno a denuncias presentadas por tres familias francesas que acusan de desaparición de sus familiares en Chile a Pinochet; los fiscales investigan cargos de ``secuestro y tortura'', informaron fuentes judiciales.

La ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigoi, indicó el pasado jueves que ``si un pedido de extradición (de Pinochet) era presentado por un magistrado (ella) lo transmitiría de inmediato''.

En Roma, el ministro de Justicia dispuso la investigación de una demanda presentada en Italia contra el militar chileno, el primer paso de un pedido oficial de extradición, demanda que fue presentada por Vicente Bergara, quien lo acusa de secuestro, tortura y homicidio de su hermano.

Dos alemanes, secuestrados y detenidos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, también están preparando en Munich una demanda contra Pinochet.

El juez español Baltasar Garzón acusa a Pinochet de delitos de genocidio, terrorismo y torturas en relación con las cerca de 4 mil personas desaparecidas durante sus 16 años y medio de dictadura, entre ellas 94 españoles o descendientes de éstos.

Pero en picota no sólo está la dictadura chilena, también las ejercidas en los años 70 en Argentina, Paraguay y Uruguay: una de las líneas de investigación que sigue Garzón es la llamada Operación Cóndor, a través de la cual los regímenes dictatoriales de esos países detectaban, detenían, intercambiaban y desaparecían a sus opositores.

Tras el retorno a la democracia en Chile, Pinochet se convirtió en senador vitalicio y los represores de la dictadura argentina fueron amnistiados por leyes o por un indulto del presidente Carlos Menem en 1990.

Los desaparecidos en Argentina entre 1976 y 1983 suman cerca de 10 mil, según cifras oficiales, pero asciende a 30 mil de acuerdo con organismos humanitarios.

El fallo de la Audiencia Nacional causó alegría entre las Madres de la Plaza de Mayo, porque ahora, dijo su presidenta Hebe de Bonafini, ``en todos los países se podrán juzgar los delitos de lesa humanidad'' y ``muchos represores argentinos van a tener que ir a declarar a España'', y confió en que Jorge Rafael Videla o Emilio Massera corran la misma suerte que Pinochet.

Para el fiscal Strassera, la decisión del poder judicial español fue la correcta, ``está de acuerdo con el derecho internacional, porque lo que hizo la justicia inglesa es escandaloso, ya que ningún ex jefe de Estado jamás tuvo inmunidad''.

Para el ex fiscal de los represores argentinos, ``Pinochet, que se declaró a sí mismo jefe de Estado, fue un usurpador'', y recordó que desde el juicio de Nuremberg contra los jerarcas nazis ``existe la posibilidad de enjuiciar a un jefe de Estado, como ocurrió con el caso del almirante Donitz, quien remplazó a Adolfo Hitler porque éste se había suicidado''.

Los dictadores ``cometieron delitos fuera del límite del Estado y contra el derecho de gentes, que son la tortura, la desaparición forzada de personas y los asesinatos masivos... Después de este fallo los militares van a tener que estar presos en sus propios países, salvo que se encuentren con una justicia como la inglesa, que ha estado hasta diría timorata y los jueces saben que no han fallado de acuerdo a derecho''.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado paraguayo, Luis Alberto Mauro, la decisión del Poder Judicial español ``alienta'' a Paraguay a estrechar filas sobre el ex dictador Alfredo Stroessner, a quien se le atribuye la responsabilidad en unos 500 asesinatos y desapariciones de opositores durante sus 35 años de régimen militar.

La central sindical uruguaya PIT-CNT, familiares y víctimas uruguayas de las dictaduras argentina, chilena y uruguaya aplaudieron la decisión española.

``Esto abre la investigación de la Operación Cóndor, que coordinó la represión en los países del Cono Sur bajo dictadura militar, un rompimiento de fronteras y estados que en ese periodo permitió las peores masacres'', dijo Sara Méndez, uruguaya detenida en Buenos Aires en 1976.

Enrique Gutiérrez Aicardi, corresponsal, y agencias, Santiago, 30 de octubre Ť El gobierno de Chile planteó este viernes la posibilidad de llevar a un tribunal internacional su diferendo con España en torno a la decisión de la justicia de ese país de procesar a Augusto Pinochet, mientras el presidente Eduardo Frei se reunía con las fuerzas armadas.

Frente al fallo unánime de la Audiencia Nacional en España de proceder contra el ex dictador, que se encuentra detenido provisionalmente en Gran Bretaña, la izquierda reaccionó con alegría y la derecha afirmó que ésta era una situación de ``ruptura, de atentado a la transición más grave de los últimos 10 años''.

Frei se reunió con los jefes de las fuerzas armadas para analizar las consecuencias de las últimas decisiones judiciales en España y en Inglaterra, de la cual no hubo versiones aunque se supo que fue tensa.

En este último país se le otorgó a Pinochet la libertad condicional bajo fianza, lo que significa que todavía no está libre del todo, sino que sigue a la espera de un fallo definitivo pendiente.

Los reportes indicaron que la reunión del presidente con las fuerzas armadas era ``rutinaria'', pero Frei se negó a opinar sobre los últimos sucesos.

En cambio, en el ejército la reacción fue de malestar con el fallo español, al considerar que se trataba de ``un hecho insólito e inaceptable'' para la institución armada.

El ejército se quejó de que ``no tiene en consideración la dignidad del ex comandante en jefe, ex presidente de la república y senador en ejercicio, con el agravante de que (Pinochet) se encuentra en una situación indefensa al permanecer en un país extranjero''.

Asimismo, insistió en que se recurrirá a todos los medios para superar esto.

El canciller José Miguel Insulza, socialista reformado, reiteró que Chile no ha reconocido la jurisdicción de los tribunales españoles para procesar a Pinochet por los abusos a los derechos humanos cometidos bajo su régimen militar.

Por ello, dijo, se ha planteado un tema de jurisdicción entre estados soberanos y hay que ver la forma cómo se va a resolver.

Aunque Insulza dijo que el fallo del Poder Judicial español era ``esperable'', confió en que el ex dictador pueda recuperar la libertad en Londres en los próximos días luego del pago de una fianza.

Pero se mostró preocupado porque el fallo de los magistrados españoles se cierne además sobre otros 40 antiguos mandos del régimen de facto y militares.

La ministra chilena de Justicia, Soledad Alvear, rechazó también la jurisdicción de la justicia de España que se le reconoció al juez Baltasar Garzón para procesar al ex gobernante de facto.

Sostuvo que los delitos cometidos en Chile deben ser juzgados por los tribunales chilenos, y que ahora hay procesos pendientes en este país.

La esposa del ex dictador, Lucía Hiriart de Pinochet, reconoció que su esposo perdió la sonrisa y pidió ``misericordia'' y una salida humanitaria para cumplir sus deseos de volver a Chile.

También en la derecha política las reacciones fueron de profundo malestar: Alberto Cardemil, diputado de ese sector, fue quien habló de una situación de ``ruptura'' y de ``grave atentado a la transición''.

Además, los partidos de la derecha dijeron que se trataba de una ``intromisión grave y perniciosa''.

Pero la fundación de empresarios, líderes derechistas y ex militares que lleva el nombre del ex dictador guardó silencio tras el fallo adverso de la Audiencia Nacional.

En contrapartida, las fuerzas de izquierda salieron a las calles a celebrar y la policía arremetió de inmediato contra ellos con gases lacrimógenos y chorros de agua.

No obstante, la Asociación de Familiares de Desaparecidos Detenidos hizo saber que no podía creer aún el fallo que se acababa de dar en Madrid.

En algunas fuerzas de la coalición gobernante también hubo satisfacción y el Partido Comunista pidió al gobierno que se haga parte de las querellas interpuestas en los tribunales chilenos contra Pinochet.

A la par, los partidos de centro e izquierda llamaron a crear un frente nacional de defensa de los derechos humanos.

El precandidato presidencial socialista, Ricardo Lagos, llamó a crear una ``mayoría moral'' para establecer la verdad de lo ocurrido durante la pasada dictadura y luchar porque se haga justicia ya que las cicatrices no han cerrado.

A su vez, Isabel Allende, hija del presidente socialista Salvador Allende --derrocado el 11 de septiembre de 1973 por Pinochet--, declaró que el fallo español es una derrota para las teorías sustentadas por el gobierno chileno, que rechazaba la jurisdicción del país europeo.

Los crímenes contra la humanidad simplemente se tienen que juzgar en uno u otro país, dijo.