Era obsoleto el equipo adquirido por la dependencia aun antes de desempacarlo

José Galán &##164; Los sistemas y equipos de radiocomunicación vendidos sin licitación en 1995 y 1996 por la firma sueca de telecomunicaciones Ericsson a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) eran inservibles incluso antes de desempacarlos, porque en la banda de 800 megahertz no había frecuencias disponibles para su operación. Para la PGJDF, esto lo sabía de antemano la empresa.

Cuando la Procuraduría comenzó las investigaciones del funcionamiento de los equipos, a partir de los reportes internos de policías, peritos y funcionarios, el 20 de febrero pasado --aun antes de que se iniciara el caso IBM--, el área técnica detectó que, efectivamente, los equipos funcionaban mal. El 25 de febrero de ese mismo mes, se abrió la averiguación previa A/HPSP/37/98-02 y posteriormente la A/HPSP/117/98-04.

Luego de exhaustivos análisis técnicos que involucraron a expertos de otras dependencias, la PGJDF fincó en esas pruebas su sospecha de que la firma sueca estaría involucrada en un posible fraude por cerca de 30 millones de dólares --monto aún mayor que en el caso de la IBM--, en el marco de dos contratos suscritos para la venta de equipo de radiocomunicación, localización geográfica, ``mapeo'', computadoras, programas y grabadoras de radiocomunicación.

El 30 de noviembre de 1995 Ericsson suscribió con la PGJDF un contrato por 7 millones 48 mil 113 pesos --2 millones 300 mil dólares de entonces-- para la adquisición e instalación de un sistema ``de radiocomunicación troncalizado tipo Edacs y equipos conexos''.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 1996, ambas partes suscribieron un nuevo contrato para la adquisición de equipo de radiocomunicaciones, que incluía computadoras y sistemas de localización geográfica para cada una de las aproximadamente mil 300 patrullas de la corporación, así como sistemas de grabación de radiocomunicaciones y servicios conexos, todo por un monto superior a los 29 millones de dólares.

A pesar de que el importe de esos contratos había sido cubierto totalmente por la dependencia en tiempo y forma, los actuales funcionarios descubrieron que Ericsson no cumplió ni con los términos ni con las obligaciones contraídos en las transacciones aparentemente legales.

Los exámenes técnicos revelaron que, en el caso del contrato signado en 1995, los equipos no operaban como se había prometido, ya que los sistemas fueron ``instrumentados parcialmente sin haberse completado, al descubrirse fallas y omisiones de gravedad''. Por ejemplo, no se especificaron claramente las características y alcances de todo el equipo amparado en el contrato; no se entregaron todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos, como programas de cómputo para el acceso a las bases de datos desde las unidades móviles. Además, el programa de capacitación para el personal técnico y usuario no cumplió de conformidad con las declaraciones II contenidas en el anexo C de dicho documento.

Respecto del contrato suscrito el 16 de diciembre de 1996, el diagnóstico resultó más grave. La PGJDF adquirió por más de 29 millones de dólares un equipo de cobertura menor a la que se tenía entonces con la marca Motorola; se compró uno automático de grabación que, casi dos años después, no funciona debido al incumplimiento de la empresa en cuanto a su configuración y puesta en marcha, y un sistema llamado de roaming automático, que tampoco sirve debido a que, según el diagnóstico técnico interno, ``no han concluido las programaciones y pruebas definitivas de las repetidoras, en términos de configuración, siendo esto requisito indispensable para que pueda operar''.

Es más, se añade en el diagnóstico, ``aún cuando se concluyera la configuración de las repetidoras, el sistema de roaming no podrá ser utilizado adecuadamente debido a problemas derivados del inadecuado dimensionamiento de la electrónica necesaria, lo que implicaría la compra de más de esos equipos''.

Por si fuera poco, ``el equipo vendido a la dependencia no está homologado con las normas mexicanas, de acuerdo con los dictámenes emitidos por las autoridades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones'', se añade en el documento. ``Aunado a esto, la empresa proveedora no ha entregado todo el equipo adquirido por la institución ni ha concluido, desde hace dos años, los servicios de instalación y funcionalidad del sistema en su conjunto''.

Cuando los funcionarios de la PGJDF descubrieron que la adjudicación de los contratos no se sometió a los procesos de licitación que marca la ley, interpuso una demanda penal ante el Ministerio Público, que ha provocado, luego de más de dos meses de averiguaciones judiciales, el ejercicio de la acción penal en contra de 17 ex funcionarios de la dependencia y tres ejecutivos de Ericsson, a quienes se les atribuye la responsabilidad no sólo de otorgar los contratos sin licitación, sino también de permitir que los impuestos de los ciudadanos fueran invertidos en equipos que no funcionaron.

Llama Batres a aplazar discusión sobre dietas

Antes de cualquier discusión sobre el incremento a los salarios de los diputados locales, deben tener presente que hay que sacar adelante el periodo, ``con muchos frutos legislativos y políticos'', advirtió el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Martí Batres.