Las máximas autoridades judiciales españolas han fallado contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y declarado que procede la extradición por su responsabilidad en el asesinato de ciudadanos españoles residentes en Chile, pedida por el juez español Baltasar Garzón, quien también investiga a los ex dictadores argentinos. La justicia francesa y la suiza también estudian la posibilidad de juzgar a Pinochet, el cual, aunque ha sido liberado bajo fianza por los jueces británicos y no está ya encarcelado, debe de todos modos residir obligatoriamente en un hospital inglés para enfermos mentales hasta tanto se decida en cuál cárcel europea podría acabar o si podrá volver a Chile cargado de oprobio y con el recuerdo amargo de la prisión.

Sea cual fuere el resultado de la disputa entre los jueces españoles (respaldados jurídicamente por los de otros países) y los ingleses, el precedente jurídico que ha sentado la Audiencia española es de gran trascendencia.

Los argumentos de la defensa del ex dictador son insostenibles: no puede ser considerado un ex primer mandatario quien ha desconocido a las autoridades legítimas de su país y pisoteado y cambiado su Constitución por la violencia, poniéndose así fuera de la ley y, por lo tanto, de las protecciones legales. Tampoco puede Pinochet ampararse en el derecho internacional, dada su condición de autor intelectual de múltiples asesinatos en Estados Unidos, Argentina, Italia y otras naciones, y responsable, en la suya, de la tortura y la muerte de ciudadanos extranjeros.

Al hecho positivo de que el militar chileno enfrente una persecución internacional y las perspectivas de sentencias condenatorias en varios países se suma la jurisprudencia española, la cual abre el camino para tipificar en escala internacional la figura de los dictadores genocidas y establecer una legislación mundial al respecto. El fallo de los jueces españoles quitará el sueño a los tiranos de otros países que escaparon a la justicia local o consiguieron imponer, bajo la presión castrense, leyes de Olvido, Punto Final o amnistía, las cuales les permitían, hasta ahora, circular impunemente por las calles.

Todos ellos tienen ahora sobre sus cabezas la espada de Damocles de los posibles fallos de las instancias penales italianas, francesas, suizas, belgas, españolas, inglesas, alemanas o suecas, que buscarán sancionar los asesinatos de hombres, mujeres y niños de esas y otras nacionalidades. Aunque tardíamente, ha comenzado la época del rendimiento de cuentas, no ante la opinión pública mundial, que jamás perdonó u olvidó, sino ante los tribunales democráticos de cualquier parte del planeta, para los cuales los crímenes políticos masivos de los dictadores resultan ya insoportables. Por sobre la hipócrita defensa de la soberanía de los tribunales nacionales reorganizados y maniobrados por los mismos dictadores, se impone hoy una concepción mundial de la justicia para la cual resulte inadmisible la violación reiterada de los derechos humanos y que establezca reglas disuasivas para el futuro.

Sea Pinochet encarcelado o no, el fallo de la Audiencia de España es un aporte a la construcción de un mundo más justo y menos violento.