Pendiente, resolver lo más crítico de los cambios a la ley cinematográfica
Raquel Peguero Entra en una fase crítica la discusión de las reformas a la Ley Federal de Cinematografía. En una primera lectura, realizada en la subcomisión redactora y de dictamen para dicha legislación, en la Cámara de Diputados, se lograron acuerdos en lo referente a 60 por ciento del proyecto. Sin embargo, la guerra todavía no está ganada porque falta abordar los tres puntos más discutidos: la creación de un Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el aumento paulatino del tiempo de pantalla para la producción nacional, y la prohibición del doblaje.
Aunque no hay información oficial, se sabe que el martes próximo habrá una reunión con la comisión de Hacienda de dicha legislatura, para revisar lo del Fidecine. El titular de la subcomisión de dictamen, Francisco Arroyo, declaró a Notimex (26/X/98) que la iniciativa estará lista en un plazo no mayor de 15 días, por lo que se considera que podrá entrar a discusión en el pleno de la cámara a mediados de noviembre.
Mientras eso sucede en San Lázaro, la campaña en contra de la ley sostenida desde hace meses por los empresarios de la industria, continúa creciendo. La guerra, retomada en septiembre pasado por los exhibidores, implementó hace dos semanas la distribución de volantes informativos, con encuesta anexa, que se entregan en las salas de Cinemex y que también pueden ubicarse por Internet, en la página donde esa exhibidora informa sobre su programación. Ahí se señala que de ser aprobada la ley, se ``te obliga a pagar un impuesto adicional al precio del boleto, para que seas tú quien financie'' el cine nacional; ``limita tus opciones en cartelera'' al obligar que de cada tres películas exhibidas, una sea mexicana, y ``discrimina a un sector importante al prohibir el doblaje (...) y va contra el trabajo del que dependen familias mexicanas''.
Luego solicitan se responda, con sí o no, a tres preguntas. Dos plantean si se está de acuerdo ``en que te cobren un impuesto de cinco por ciento adicional al precio del boleto para financiar películas mexicanas'', y que se ``obligue a que una de cada tres películas que se exhiban sea mexicana''. La tercera dice: ``Quiero tener la libertad de escoger si veo las películas con subtítulos o hablada en español''.
Batallas empresariales
En teoría, la próxima semana se entregarán los resultados de dicha encuesta a los legisladores en la que, según comentó anteanoche Alejandro Ramírez -al término de la transmisión de un programa sobre el tema en Canal 40- 65 por ciento de los que respondieron se manifestó en contra de pagar el sobreprecio y de que se proyecte una cinta mexicana por cada tres, mientras que 100 por ciento dijo que sí a la tercera propuesta.
Las batallas empresariales contra la ley se dan desde distintos frentes -recuérdese el Movimiento Pro Doblaje mexicano. Hace días, se dio otro salto con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la que hasta reanimó su convención, que desde hace cuatro años no realizaba. En Boca del Río, Veracruz, donde sólo se convocó a algunos medios de comunicación, quedó clara la división al interior de ese organismo, cuando los productores impugnaron las propuestas que defienden los exhibidores.
Ahí, Gilberto Gazcón reclamó al presidente de Organización Ramírez su discurso sobre la reactivación de la industria; ``fue bueno y estuvo tan bien defendido que pareciera que estamos ante un senador republicano de Estados Unidos'', dijo el productor cuya alocución fue registrada por Notimex (24/X/98). Esa agencia dio cuenta de lo dicho por Rubén Galindo quien, como presidente de la sección de producción dentro de la cámara, protestó ``enérgicamente por esa campaña, porque significa invitar a oponerse para salvar una parte de su cultura, de sus costumbres, de sus raíces que se ven reflejadas en el cine''.
Que la ley sea impugnada desde su hechura, no es cosa nueva, como tampoco que, cuando sea aprobada, comiencen a interponerse los juicios de amparo. Las distintas leyes de la materia aprobadas han estado ligadas a ambos supuestos. La primera, creada en 1949, nació en medio de una fuerte pugna entre José Revueltas, entonces secretario de la sección de autores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), y William Jenkins, a quien Revueltas había denunciado por sus maniobras para apoderarse de 80 por ciento de los cines del país. El resultado fue la salida del escritor duranguense del sindicato. Eso propició que dos años más tarde las exhibidoras ganaran un amparo contra el reglamento de la ley, que daba preferencia a las cintas nacionales. Así, en 1952 se vio la necesidad de reformar la legislación y se hicieron algunas modificaciones que incluyeron 50 por ciento del tiempo de pantalla para el cine mexicano. Hecho que motivó demandas de amparo por las exhibidoras.
La ley continuó intocada y hubo otro intento de reformas en 1982, durante el sexenio de López Portillo. El desaparecido director José Estrada abanderó la causa en que, decía, se debía frenar la voracidad de distribuidoras y exhibidoras, y proteger las producciones nacionales. Todo quedó en discursos y no fue sino hasta 1992, cuando se logró, en vísperas del Tratado de Libre Comercio, que se aprobara al vapor y sin el consenso de los sectores de la industria, una nueva legislación.
Desde su nacimiento, la ley fue impugnada e hicieron ver ``al presidente Salinas casi como ejecutivo de Warner Bros, o de la 20th Century Fox -escribió José Felipe Coria en la revista Este país (26/II/93)- porque creó un paquete de medidas que afectarán al cine mexicano, aunque no inmediatamente''. Las predicciones fueron correctas. Para marzo del 93, tres distribuidoras interpusieron amparo en contra de dos artículos, el 5o. en lo referente a la obligación de entregar una copia de cada película exhibida para la Cineteca Nacional, y el 8o., referente al doblaje. El hecho de que nunca se aprobara el reglamento a la ley, propició la persistencia de abusos, como el alza indiscriminada en los boletos; los intermedios -que en muchos cines continúan vigentes-, la disminución al tiempo de pantalla al cine nacional y el doblaje tanto en video como en salas.
Ataques contra la Comisión de Cultura
Si bien desde que fue aprobada la ley del 92 se habló de reformarla, para 1995 las voces crecieron. Se organizaron foros de discusión, hasta que en abril de 1996 se logró un dictamen para cambiar un punto que fue muy aplaudido: la salida de la Cineteca Nacional de la Secretaría de Gobernación y su transferencia a la de Educación Pública. Un mes después el PRI convocó a un foro para redactar un anteproyecto de ley en el que se trabajó todo el año e ingresó a la Cámara de Diputados en 1997. Aunque se prometió que sería discutido en el pleno de la LVI Legislatura, no fue calendarizado porque, dijeron los diputados, Canacine varió su postura inicial.
A final de ese año, con la nueva legislatura, la Comisión de Cultura que preside María Rojo retomó el proyecto. Convocó a un foro de discusión, se creó la comisión de redacción y las cosas fueron caminando hasta que, acordada por todos los partidos, se presentó al pleno el pasado abril. Los reclamos de los empresarios comenzaron por esas fechas y continúan. Los ataques se han centrado en la diputada perredista y aumentan con el tiempo.
Ahora, como desde el principio, la decisión sobre el destino de la ley no está en las manos de María Rojo, sino en la subcomisión de dictamen y luego en el pleno. La campaña, al parecer, ha hecho mella. Un vocero de Canacine, indicó muy seguro, que la iniciativa mantendrá lo referente al doblaje y que el Fidecine se concretará siempre y cuando éste sea público y no privado. Ello coincide con lo declarado por el diputado priísta Francisco Arroyo durante la convención de Canacine, a la que asistió como invitado especial. Sin embargo, ¿qué sucederá con el tiempo de pantalla?
Los sectores social y de la producción cinematográfica marginados en la ley del 92 y que han impulsado con fuerza la iniciativa, tampoco se han cruzado de brazos. Por ello, se efectuó el simposio Los que no somos Hollywood, hace menos de un mes, en apoyo al proyecto, y continuarán desplegando esfuerzos informativos del porqué de la iniciativa presentada, pues coinciden en preguntarse, ¿para qué sirve una ley que no prevé el estímulo ni la protección de su propia industria? La decisión final la emitirán los diputados.