Llevan a Pinochet a un hospital siquiátrico
Afp, Dpa, Ap y Reuters, Madrid, 29 de octubre Ť La justicia española decidirá este viernes en torno a la competencia de extradición desde Inglaterra del ex dictador Augusto Pinochet, luego de una sesión pública de más de cinco horas en la Audiencia Nacional, en la que se contrapusieron los argumentos de los fiscales y los de la acusación.
En Londres, Pinochet fue trasladado a un exclusivo hospital siquiátrico en espera del veredicto de la Cámara de los Lores sobre su detención provisional, mientras que el gobierno francés externó que es intolerable que el ex dictador pueda escapar a la justicia, Suecia acotó que se le podría enjuiciar, e Italia afirmó que actuará conforme a la ley.
Durante la prolongada vista, el abogado español de la acusación, Joan Garcés, pidió al tribunal que haga justicia para que ``ayudemos a la humanidad'', en lo referente a las actuaciones legales emprendidas por el juez Baltasar Garzón en torno a sus acusaciones contra Pinochet de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
El abogado argentino Carlos Slepoy, también de la acusación, y quien fue ovacionado en la sala por unas 70 personas, entre periodistas, juristas y público, reclamó el derecho de ``perseguir y juzgar a los grandes asesinos de la humanidad, para que en el futuro la humanidad quede exenta del terrorismo genocida''.
Los once magistrados, integrantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se mantuvieron escuchando los argumentos de ambas partes, y serán ellos quienes habrán de decidir mañana en torno a la competencia de la justicia de España sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile (1973-1990) y en Argentina (1976-1983).
En efecto, el caso Pinochet propiamente dicho no fue el objeto de la sesión, sino los recursos de apelación presentados el 24 de mayo y el 6 de octubre de este año por los fiscales contra las investigaciones sobre los desaparecidos españoles durante las dictaduras chilena y argentina.
Los fiscales Pedro Rubira, a cargo del caso argentino, e Ignacio Peláez, del chileno, sostuvieron que sólo a la justicia de esos países compete enjuiciar tales hechos o, en su defecto, a un tribunal internacional. Negaron que se haya cometido genocidio, porque no se actuó contra un grupo étnico, racial, religioso e ideológico.
Rechazaron la acusación de terrorismo de Estado al señalar que no es aplicable a España, porque los responsables no pretendían subvertir el orden constitucional de ese país, y concluyeron que España no protege a sus ciudadanos fuera de sus fronteras, aunque admitieron la existencia de lagunas en la legislación española.
En contraposición, la acusación aseveró que entre las miles de víctimas de los países involucrados hubo españoles, que existieron campos de concentración y cifras ``de horror'', y que el genocidio es un delito de derecho internacional a ser perseguido por todos los Estados signatarios de los tratados y convenios en la materia.
Al justificar la competencia de la justicia de España para perseguir delitos de genocidio, tortura y terrorismo, la acusación comparó a los servicios secretos de Pinochet (Dina) con la Gestapo nazi, que fue declarada organización criminal durante el proceso de Nuremberg, y acotó que no se puede eximir de sanciones a ningún ex jefe de Estado.
Aunque algunas fuentes judiciales estimaron que la denuncia podría ser archivada, la defensa se mostró optimista de haber quebrado los argumentos de los fiscales. En todo caso, se destacó la perseve- rancia del juez Baltasar Garzón, así como el hecho de que ante un veredicto adverso contra la extradición de Pinochet, todavía se podrá apelar.
En tanto que la prensa española criticaba en duros términos la decisión de la Alta Corte británica de conceder inmunidad diplomática a Pinochet, el vicecanciller chileno Mariano Fernández llegó a Madrid para entrevistarse con el canciller Abel Matutes, y dijo confiar en que la justicia española decidirá en favor de su no competencia en este caso.
Si la prensa española habló de que Gran Bretaña podría convertirse en el paraíso de ex dictadores, y asentó que con tal decisión Hitler o Pol Pot no podrían ser procesados, los diarios ingleses lamentaron el regreso a casa de Pinochet, y algunos se mostraron aliviados de que el gobierno de Tony Blair pueda salir del ``atolladero''.
Al tiempo que Scotland Yard confirmaba en Londres el traslado de Augusto Pinochet a otra clínica --al parecer un hospital siquiátrico para personas ricas y fa- mosas-- mientras que se decide su suerte en la Cámara de los Lores, el canciller Robin Cook defendió el arresto del chileno, aduciendo que debe aplicarse el proceso legal establecido.
En Estados Unidos, The New York Times consideró que la justicia británica ``cometió un error'' al pretender que la tortura o el asesinato son funciones públicas, en tanto que gobiernos de países europeos como Francia, Suecia e Italia abogaron por que se cumplan las leyes contra la impunidad de un ex dictador ``insoportable''.
También juristas internacionales calificaron de ``sorprendente'' la decisión de la justicia británica, pues se dijo que los británicos se inventaron una nueva figura jurídica: la inmunidad de los ex jefes de Estado, pese a que sólo gozan de dicha pre- rrogativa quienes se encuentran ejerciendo su mandato, al mismo tiempo que se desconoció el derecho inglés vigente.