La JAP investiga un inmueble de la Cruz Roja y al Montepío Luz Saviñón

Angeles Cruz Ť Presuntas irregularidades que podrían llegar a la remoción de Benjamín Trillo, presidente del Montepío Luz Saviñón, fueron detectadas por la Junta de Asistencia Privada (JAP), luego de una inspección que duró aproximadamente un mes, pero el problema radica en que Víctor García Lizama, presidente de la JAP, estuvo enterado de los hechos por los que ahora se pide explicación.

Otro detalle que ``se puede conectar'' con este conflicto, afirmó Antonio Roqueñí, vocal del Montepío, es que Benjamín Trillo también preside la Unión de Instituciones Asistenciales y Desarrollo Sociocultural, caracterizada por sus actividades en contra de los actos de autoridad ``y autoritarismo'' de la Junta.

El Montepío Luz Saviñón patrocinó la producción de una serie de videos de promoción de 300 Instituciones de Asistencia Privada (IAP), en los cuales se difunden sus objetivos, población beneficiaria y actividades. La divulgación de este material sirve, por ejemplo, para la obtención de donativos.

Cuando García Lizama fue informado sobre el proyecto, ``le pareció una excelente idea e incluso tuvo una participación muy activa en su desarrollo, pues envió personal y todo tipo de ayuda para que la edición de los videos saliera lo mejor posible'', comentó Roqueñí.

Señaló que, incluso, cuando se realizó la ceremonia de entrega del material, García Lizama estuvo presente, de lo cual quedó constancia en otro video; allí el presidente de la JAP expresó un mensaje ``muy laudatorio acerca de esta iniciativa''. La supuesta irregularidad radica en que la empresa que se encargó de la elaboración del producto es propiedad de Benjamín Trillo, y ``se alega que podría haber un conflicto de intereses'', ya que él es el presidente del Montepío.

Pero, dijo Roqueñí, ``esto no es nada raro en las IAP, porque los patronos no sólo prestan su tiempo, sino sus recursos, sus relaciones y sus propias empresas para que los servicios que necesitan puedan salir incluso más baratos''.

En el caso de referencia, la empresa de videos de Trillo recibió un pago equivalente al 50 por ciento de la cotización más baja en el mercado de la videograbación, lo cual significa que no hubo utilidades por la realización de este trabajo, cuya realización tomó varios meses.

Otra posible anomalía detectada en la inspección es que no se pidió la autorización de la Junta para realizar algunas actividades. ``Pero la Ley de Instituciones de Asistencia Privada es tan estrujante que yo creo que ninguna IAP cumple al 100 por ciento todo lo que se establece, porque se ahogarían muchas iniciativas'', comentó Roqueñí, también juez en el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis de México.

Como resultado del dictamen de inspección al Montepío Luz Saviñón, el consejo de vocales de la JAP citó a Trillo que comparezca ante este organismo y explique lo que corresponda. Una vez que esto ocurra, detalló Roqueñí, seguramente todo quedará aclarado.

Sin embargo, reconoce que la ley prevé como facultad de la JAP la remoción de los patronos ``que no aclaren los puntos que se les plantean''. Hasta ahora, dijo, Benjamín Trillo no ha recibido aviso alguno de remoción.

Al referirse a García Lizama, el vocal del referido Montepío consideró que ``tiene un estilo muy particular de gobierno, porque la ley le permite una enorme discrecionalidad, y eso lo hace a veces ser autoritario''.