En Chile, el Partido Socialista criticó la ``actitud sediciosa'' de la derecha

Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 29 de octubre Ť El gobierno chileno reconoció que, tras el arresto de Augusto Pinochet en Londres, la derecha política ha intentado secuestrar la democracia en las dos últimas semanas, al ejercer fuertes presiones sobre la gobernante Concertación Democrática.

Tras un consejo de gabinete con el presidente Eduardo Frei, el secretario general de Gobierno Jorge Arrate reafirmó la unidad de criterio del gobierno y de la Concertación respecto al caso del ex gobernante de facto, al señalar que no ha habido ``ninguna trizadura grave'', y que se analiza la actitud adoptada por la derecha.

Apuntó que con su actitud, la derecha ``ha intentado secuestrar la democracia durante 15 días'', con declaraciones que están al borde de un comportamiento sedicioso, poniendo por delante sus intereses particulares de sector político, además de intentar por todos los medios introducir cuñas y obstáculos a la Concertación.

Arrate manifestó que ante la detención de Pinochet, el gobierno no tiene derecho a exigir nada, sino sólo a cumplir con un deber de servicio público, y no por la defensa de una persona. Agregó que así, frente a la derecha, la Concertación ha respondido con la garantía de la democracia, la tranquilidad y el progreso del país.

El gobierno hizo pública su postura luego de que la víspera el liderazgo del Partido Socialista expresó a los ministros socialistas Arrate, al canciller, José Miguel Insulza, y a Jaime Tohá, de Obras Públicas, su profunda preocupación ante la actitud ``sediciosa'' de la derecha y ``la pasividad'' del gobierno.

El senador socialista Ricardo Núñez criticó al gobierno por no ser más enérgico ante la derecha, al recordar que la democracia ha sido una conquista de todos los chilenos, incluso de algunos de la oposición, pero que ciertos derechistas, vistiendo una careta democrática, hoy llaman a una movilización nacional, en una fase de inestabilidad inaceptable.

Los voceros del ultrapinochetismo y altos funcionarios de la antigua dictadura, senadores Sergio Fernández y Jovino Novoa, exigieron al gobierno chileno pedir la inmediata liberación del ex militar y no sentarse a esperar el fallo de la justicia británica, y llamaron de ``aprovechamiento político'' la acción de la izquierda oficialista. Más aún: afirmaron que no permitirán que se le haga al ex dictador un ``juicio político popular'', pues rechazaron toda posibilidad de derogar la ley de amnistía de 1978 --emitida por el propio Pinochet y que ha servido para proteger a los militares-- e incluso negaron que estén alterando la paz social del país.

La derecha, que no ceja en su arremetida contra el candidato presidencial socialista Ricardo Lagos, afirmó también que en estos días de detención de Pinochet han podido comprobar, una vez más, que los socialistas chilenos son los mismos del pasado, porque no han entendido nada y siguen siendo soberbios, según afirmó Pa- blo Lon gueira.

Si bien el gobierno chileno negó que peligren los británicos y españoles que visitan el país, al afirmar que para ellos hay garantías de seguridad, lo cierto es que persiste un clima enrarecido, pues la policía tuvo que atender hoy dos falsas alarmas de bomba, una en una escuela y otra en la embajada británica.

Al tiempo que la Fundación Augusto Pinochet se declaraba en estado de ``alerta y movilización'' hasta que se concrete la liberación de su líder, la policía reprimió con gases lacrimógenos y carros lanzaagua a cientos de estudiantes que efectuaron una manifestación de repudio al fallo inglés en favor de la liberación del ex gobernante de facto.

Mientras, por tercera vez en el año, y con gran celeridad, la Corte Suprema chilena rechazó un exhorto del juez español Manuel García Castellón requiriendo información sobre los juicios en contra de Pinochet. Por su parte, el juez Juan Guzmán Tapia afirmó que ``va a haber justicia'' en Chile, pero que no se puede desconocer la ley de amnistía.

En tanto que un vasto sector de la ciudad de Concepción quedó sin electricidad por un presunto sabotaje, el alcalde derechista Cristian Labbé fue multado con 20 mil dólares por suspender el retiro de la basura de la embajada de España; Labbe comentó que el castigo era cosa menor frente a su alegría por el fallo británico.

La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos dijo que su esperanza son los tribunales internacionales, mientras que Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, abogó en Buenos Aires por que todos los jefes de Estado protesten contra el fallo inglés favorable a Pinochet.