Cualquiera que sea la decisión final de la justicia británica y española sobre el fondo del caso Pinochet, una cosa es cierta: Chile ya no será el mismo luego de estas jornadas londinenses. El mundo, América Latina en particular, tampoco.

El juez Garzón puso en un grave predicamento al gobierno chileno, cuya legalidad procede de las mismas fuentes que le dan inmunidad diplomática al viejo dictador poniendo en tensión los delicados equilibrios políticos que permitieron a la democracia chilena rehacerse tras los años de dictadura. La polarización resurgió tras la apariencia de normalidad lograda durante la transición. Los acontecimientos desatados por el arresto de Pinochet probaron la fragilidad de una situación --la de ser una ``democracia vigilada''-- que a muchos, en Chile mismo, les resulta cada vez más insostenible. Es una cruel paradoja que los líderes de la Concertación tengan que defender, en nombre de los principios jurídicos, al hombre que envió al exilio o a la prisión a varios de ellos, oponiéndose a una acción que en estricta justicia no hace otra cosa que defender su propia legitimidad.

Se arguye que los jueces españoles (y ahora media docena de ellos en toda Europa) no pueden juzgar delitos cometidos fuera de sus fronteras. Sobre el particular, la defensa de Pinochet sostiene, al igual que algunos magistrados ibéricos, que el principio de territorialidad no puede violarse por mucho que se aborrezca al dictador. El propio presidente Frei planteó el asunto como una cuestión de soberanía, que no es poca cosa en una época de alegre globalización. Sin embargo, el tema divide la opinión de los juristas en dos alas vigorosamente opuestas entre sí.

El arresto de Pinochet tiene, desde luego, una dimensión política y moral, pero también expresa los cambios de fondo que se han impuesto en el derecho internacional a partir del reconocimiento de la preeminencia de los derechos humanos. Este es, justamente, un aspecto que no puede ni debe olvidarse, a saber: la naturaleza de los crímenes que se imputan al dictador. No se pide detener y enjuiciar a Pinochet, como dice Garzón, por ``déspota o dictador'', sino porque sus acciones delictivas, entre ellas la tortura y la muerte de varias decenas de ciudadanos españoles, quedaron impunes en su propio país. La pregunta es si ese juez tiene o no jurisdicción --tomando en cuenta el derecho internacional-- para iniciar una causa contra Pinochet quien cometió delitos que se consideran de lesa humanidad, y que no prescriben. Ese es, en realidad, el fondo del asunto, la importancia universal del proceso al viejo dictador.

El juez afirma que su actuación se apega al derecho y cita in extenso las normas internacionales que amparan su proceder. Vale la pena recordarlas:

``a) La Declaración de Moscú de 1943, suscrita por el Reino Unido de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética sobre crímenes contra la Humanidad. b) El Estatuto del Tribunal de Nüremberg de 1945, suscrito por el Reino Unido. c) La resolución de 16 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobando los principios de los Estatutos y de la Sentencia de Nüremberg. d) El Convenio de las Naciones Unidas de 9 de diciembre de 1948 contra el genocidio. e) El Pacto de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966. f) La resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 1973 sobre persecución de crímenes contra la Humanidad. g) La Convención contra la tortura de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1984. h) La Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada de personas de 1992. i) El Convenio Europeo sobre Represión del Terrorismo de 27 de enero de 1977.''

En el Auto de Prisión presentado por Garzón, el juez concluye: ``Según tales disposiciones, aplicables en el Reino Unido, los crímenes de esta naturaleza son imprescriptibles, sus responsables no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener estatuto de refugiado ni asilo político, y todos los Estados del Mundo están obligados a perseguirles y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados''.

Estamos en la víspera del veredicto de la Audiencia Nacional que permitirá o no a Garzón seguir adelante, pero lo cierto es que independientemente de la resolución concreta de ese tribunal, el caso ha servido para despertar una positiva inquietud sobre el valor de las normas universales que condenan el genocidio y los derechos humanos. Y ésa ya es una gran victoria.