Finalmente, el Fobaproa ha vuelto, después de casi ocho meses de sombras y ausencias, al tumultuoso lugar que le conviene: el pleno de la Cámara de Diputados, y ha abandonado así los altos niveles en que se cocinaban las más bajas pasiones. Enterados de que el PRD y el PAN, coincidentes pero separados, solicitaron juicio político contra Guillermo Ortiz Martínez, quien fuera secretario de Hacienda durante los primeros tiempos del fondo, si bien el primero de los partidos mencionados agregó también a José Angel Gurría Treviño y a Miguel Mancera Aguayo, los muchachos del PRI, tan aptos para confundir el arte de gobernar con el arte de organizar la idolatría, como dijera el autor de Pigmalión, abandonaron estentóreamente el Palacio de San Lázaro.

Pues sí. Esos personajes incurrieron en actos u omisiones en perjuicio de intereses públicos fundamentales al hacer a un lado la facultad exclusiva del Congreso de concederles permisos previos para celebrar emprésitos sobre el crédito de la Nación y aplicarlos fuera de toda norma, según el monto y con las modalidades de un organismo tan desaseado como el Fobaproa. Esto se llama, a secas, inconstitucionalidad, o simple voluntad de resucitar un pasado tan recientemente remoto como la omnipotencia del Ejecutivo y la miseria de los otros poderes. Ahora, como era previsible, los inculpados y sus representates oficiales u oficiosos exigen que todo se ciña a derecho (of course), cosa por donde debieron haber empezado, mientras que otros hablan de argucias electorales o de maniobras distractoras. Al parecer, a nadie se le ocurre que se esté sólo tratando de tributar un mínimo homenaje a la justicia.

De acuerdo con las disposiciones constitucionales, la Cámara de Diputados ha servido para conocer las imputaciones, y actuará luego como jurado de acusación en cuanto se instauren los juicios políticos. En su momento, la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión. Eso sería proceder en derecho, si bien nadie garantiza cuál será el sentido del voto en tales instancias, porque en ambas, de acuerdo con una transición democrática que está dándose a trancas y barrancas puesto que no hay un organismo de conducción, siguen expresándose el autoritarismo presidencial y las peores tradiciones.

En el PAN, con la petición de juicio político a Ortiz, se ha dado un paso que algunos consideran sin retorno. Por mi parte, no estoy muy seguro: quien conoce el camino de ida, conoce también el de vuelta, y algo me hace pensar en Sinaloa y en Tlaxcala, que podrían consolidar el entumecimiento de la vida rutinaria de los panistas y la vuelta de a tanto el tanto.

Es evidente que más que la sucesión presidencial y la renovación de los poderes federales, lo que está en juego es ese oneroso almodrote llamado Fobaproa, en el que incidieron todos los vicios económicos, financieros y políticos de un grupo gobernante que debería ser ya derrocado o desterrado al menos a Dublín, donde parece que les sobran las atenciones, porque la otra opción, ligeramente más riesgosa, sería Londres. En estos días de enormes desastres naturales como el calor y el frío excesivos, las lluvias anegantes y los huracanes devastadores, sólo el Fobaproa parece también un asunto de dioses malhumorados; pero los juicios políticos nos convencerían a todos de que se trata de un asunto humano, humano entre los humanos.