Una de las grandes deudas contraídas con la sociedad mexicana, en el ámbito de la justicia social, es la vivienda.

Han transcurrido sexenios y gestiones públicas diversas, sin que se resuelva a fondo esta demanda ciudadana que genera ya alta tensión y álgidas movilizaciones populares.

Las estadísticas son abrumadoras y en sus cifras se vislumbra el rezago histórico.

Estos son algunos de los números del déficit nacional: Falta de cinco millones de viviendas que se han acumulado en los últimos años, además de una demanda anual del orden de un millón, que proyectada al año 2000 arroja la escalofriante carencia de un mínimo de siete millones de viviendas.

A estos datos habría que agregar tres millones aproximadamente de viviendas que requieren de una inversión significativa para aplicarse en su mejoramiento, especialmente en zonas de elevada concentración poblacional pues sabido es que varias unidades habitacionales se han deteriorado a tal grado en su infraestructura que inclusive son ya casos de alto riesgo, de inseguridad e incumplimiento de normas en el campo de la protección civil.

Tan sólo en el caso del Distrito Federal, el faltante representa medio millón de viviendas, que se traduce socialmente en marginación, desamparo e inequidad.

Frente a esta angustioso presente, las respuestas o programas institucionales se han ido distanciando cada vez más de la demanda y en algunos casos se han trastocado en paliativos de coyuntura, pues aunque la inversión crece los créditos disminuyen, debido al aumento del costo de los materiales de la construcción en la escalada inflacionaria, pero sobre todo al alto costo que significa la intermediación financiera.

Y por si algo faltara, a muchos de quienes con gran esfuerzo adquirieron una casa o un departamento y están en vía de pagarlas mediante créditos hipotecarios, ahora de hecho se les arrebata y destruye su patrimonio, con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia para que la Banca cobre intereses sobre intereses, prácticamente en los linderos de la usura.

Es evidente que en la vía de las soluciones, sólo una visión integral e incluyente de diversos factores como son entre otros el uso de suelo, urbanismo, empleo, salario, planes crediticios de interés social, subsidios, mecanismos autogestionarios y un nuevo marco jurídico, podrá ir subsanando carencias y reactivando este sector de altibajos impresionantes.

Y más aún, será necesario cambiar un modelo económico, financiero y crediticio que alejado de la realidad social, explota atrozmente el uso de suelo, y sólo para construir conjunto residenciales y desarrollos inmobiliarios elitistas, en donde tampoco figuran ya las clases medias que los gobiernos presumían como signo de estatus e indicador de la prosperidad mexicana.

Sólo queda avanzar en lo posible, modificando en el corto plazo los criterios y las políticas en materia de vivienda, en tanto transitamos hacia otro modelo que apunte a un Nuevo Proyecto de Nación, que de verdad aborde de fondo, con prisa y sentido social el problema que abarca conservadoramente a un tercio de los mexicanos, si en verdad queremos justicia y paz.